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En un contexto de fuerte crecimiento económico, como el que registró Uruguay en los últimos 15 años, muchos de los proyectos logísticos e industriales del país se instalaron de forma desordenada en Montevideo, lo que afectó en particular a la periferia de la ciudad y a zonas rurales que no estaban habilitadas para ello. Las múltiples violaciones a la normativa departamental generaron conflictos entre los vecinos, debido a problemas en el tránsito a causa de la circulación de camiones, fraccionamientos ilegales de terrenos, rellenos irregulares y ocupaciones clandestinas de predios.
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Con el fin de combatir esta situación, la Intendencia de Montevideo (IMM) trabaja en tres líneas de acción, según explicó a Búsqueda el director de Planificación de la comuna, Ramón Méndez. Por un lado, prevén desarrollar ámbitos específicos para que se instalen este tipo de iniciativas, al definir dos grandes zonas dentro de Montevideo que contarán con la infraestructura necesaria para los emprendimientos comerciales. Una será en el Rincón del Cerro, y la otra se localizará en la intersección de camino Melilla y Ruta 5. Ambas zonas fueron definidas por la IMM como “áreas transformables a suelo no habitacional”, por lo que tendrán una caminería y servicios adecuados, así como grandes superficies impermeabilizadas para playa de maniobras.
Por otro lado, se prevé mejorar la velocidad y la calidad de las respuestas a las solicitudes para instalar emprendimientos, de forma de esclarecer dónde y bajo qué condiciones es posible desarrollar una iniciativa. Además, con el fin de controlar el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, el gobierno departamental resolvió crear una Policía Territorial.
Según afirmó Méndez, este nuevo cuerpo inspectivo, creado por resolución el lunes 12, tendrá la potestad de intervenir cuando detecte infracciones al ordenamiento del territorio. “Cuando se produce algún tipo de violación a la normativa —por ejemplo, la instalación de una fábrica en terreno rural— ellos tienen la capacidad de intervenir de manera sancionatoria, ya sea con la aplicación de multas o clausuras”, sostuvo.
Dentro de sus competencias estará imponer la suspensión inmediata de alteraciones irregulares en el espacio público, alertar acerca de modificaciones ilegales en suelo privado y promover las acciones punitivas correspondientes. Además, deberá hacer un seguimiento y alertar ante eventuales desvíos.
Para el jerarca, la propuesta hará que la “población se sienta mucho más protegida” y generará condiciones más previsibles y claras, tanto para el desarrollo económico como para la convivencia en la ciudad. Saber dónde y de qué manera se pueden llevar adelante los emprendimientos, construcciones de viviendas o negocios industriales, es esencial, afirmó Méndez.
La instrumentación de esta herramienta responde a un compromiso de gestión adoptado con la Junta Departamental de Montevideo, en el que se establecía como objetivo poner en funcionamiento la Policía Territorial en 2018.
Una tarea caótica.
Hasta el momento la tarea de vigilancia se hacía de una manera “bastante precaria y era una debilidad que tenía la administración”, opinó el director. Es por eso que las autoridades esperan que el trabajo resulte mucho más eficiente y, al estar centralizado en una sola oficina, se agilicen los procesos para detectar y controlar las irregularidades. “Hoy en día se hace una denuncia, pero no está claro con qué protocolo se trata, quién debe actuar, qué inspección tiene que ir al lugar, entonces eso desalienta a la población”, puntualizó Méndez.
Esta situación no se produce tanto en las zonas donde hay ciudad consolidada, sino que se da sobre todo en el ámbito suburbano y rural, áreas donde la Policía Territorial se concentrará y podrá brindar una capacidad de respuesta “que hasta ahora no se tenía”.
El nuevo cuerpo de inspectores estará conformado en un principio por cuatro personas —abogados, arquitectos y agrimensores— que ya desempeñaban funciones en la IMM, y aunque la idea es que el número crezca, por ahora no se le destinará un presupuesto específico. Los profesionales trabajarán junto a otros organismos de la comuna, como Montevideo Rural y los municipios, quienes “contribuirán a informar y a hacer una preinspeccion”. La tarea también será coordinada con el área de Inspección General, aunque los enfoques serán sustancialmente distintos.
En estos primeros meses de implementación, el equipo deberá generar protocolos para su actuación, y evaluará si la franja de sanciones es la adecuada. Igualmente, el objetivo no será cobrar una multa, sino que las violaciones al ordenamiento den marcha atrás. “Es algo que sucede naturalmente en los países de mayor desarrollo relativo, aunque particularmente en Europa es algo que tiene larga data”, dijo Méndez.
Tecnología especializada.
Además de recorrer las calles de la ciudad y responder a denuncias de los diferentes organismos y vecinos, la intendencia tiene previsto poner en funcionamiento otro tipo de tecnología que colabore en la detección de irregularidades. Según explicó Méndez, una vez al mes se podrá comparar imágenes satelitales con programas automáticos que realizan controles píxel a píxel. Así será posible determinar, sin necesidad de intervención en el territorio, si efectivamente hubo alguna transformación, así como saber si las modificaciones cuentan con los permisos correspondientes. A partir de ahí, el equipo analizará los resultados y evaluará si es necesario presentarse en el lugar.
