La Justicia, Vázquez y el zorro

El 1º de febrero el discurso de asunción del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, apuntó a la médula de los objetivos del Poder Judicial y a las dificultades para concretarlos. Remarcó la importancia del “Plan Estratégico del Poder Judicial”: reformas, eficiencia, tecnología, defensa de los derechos humanos y consolidación institucional. Es lo esencial de un plan previsto hasta 2024, con el valor de no haber sido elaborado en la soledad del poder. Lo definieron jueces y funcionarios del Poder Judicial, pero también gremios de profesionales y empresarios. Son quienes mejor entienden las necesidades del sistema, la importancia de la seguridad jurídica y el derecho de la sociedad a gozarlos en su plenitud.

No es menor. El gobernante olvida —salvo cuando le pegan en la matadura y se desgañita y llora—, que más tarde o más temprano todos estaremos frente a un juez, para divorcios, conflictos salariales, contenciosos con el Estado, demandas por daños, pensiones alimenticias, conflictos de menores y adolescentes o juicios penales. Sin recursos los tiempos y la calidad se resienten.

La semana anterior a su asunción, en una entrevista con Búsqueda, Pérez Manrique reseñó la actual situación y en forma elocuente advirtió: el gobierno condena al Poder Judicial a pasar “hambre”. Con el estómago vacío es difícil responder al requerimiento ciudadano.

Esa barrera económica impide aplicar el nuevo Código Aduanero que moderniza la normativa, traslada las competencias de las receptorías de Aduanas a los jueces, y dispone la inclusión de las zonas francas. Un instrumento que da certezas jurídicas y además facilita la inserción comercial internacional del país. Lo votaron todos los partidos. Sin embargo, como el gobierno dice que no hay rubros, “no podrá ser aplicado”, dijo el ministro.

Con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) ocurre algo similar. El reclamo desarrollado durante años por especialistas y académicos para que se votara, se convierte en la nada. Cuando se votó pasó a ser una garantía para los derechos humanos. Impulsado por el presidente Tabaré Vázquez en su primer gobierno, establece un sistema transparente, oral y público. Ahora el mismo presidente propone su prórroga hasta 2017. La transparencia quedó en agua de borrajas. Se mantiene el resto, pero con los actuales recursos, ni aun con muletas podrá caminar. ¿Usted escuchó manifestaciones o reclamos de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos por esa barrabasada? A que no. Y mientras no hay plata para esto, primero la de Pluna y ahora la de Ancap se fueron por el resumidero.

¡Por falta de dinero que el gobierno debió prever no se puede aplicar un Código! ¿Qué vendrá después?

Al concluir, Pérez Manrique remarcó lo obvio, aunque ignorado: la independencia del Poder Judicial es esencial al Estado de derecho y a la forma republicana de gobierno. “Su buen funcionamiento contribuye a la paz social y el acceso a la justicia es por tanto un derecho fundamental. Es menester hacer posible el ejercicio de esta llave o clave de acceso a la efectividad de los derechos humanos amenazados o vulnerados de los ciudadanos”.

Retacear recursos para algo esencial al Estado de derecho, a la forma republicana de gobierno y a las necesidades del ciudadano, es una monstruosidad. O, en todo caso, ignorancia.

Con ese contexto la ausencia del presidente Vázquez en la ceremonia de asunción de Pérez Manrique fue un símbolo. Se excusó mediante una nota que envió el 24 de enero, en la que argumentó que tenía “compromisos asumidos con anterioridad”. Aludía a la reunión del Consejo de Ministros de ese mismo día en Artigas. Todos sabemos que los presidentes de la Corte asumen el primer día de febrero, agenda inalterada desde 1907. La Corte le cursó la invitación a Vázquez a fines de 2015 y la fecha del Consejo de Ministros se fijó el 20 de enero pasado. No hay vuelta que darle, la excusa por su ausencia es falsa.

En consecuencia, Vázquez se afilió a la filosofía de su antecesor, José Mujica: priorizó lo político a lo jurídico y le da la espalda económica y protocolar a un poder del Estado.