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Desde el año 2012 dos empresarios sostienen ante quien los escuche que la planta de etanol que Ancap construyó en Paysandú a través de su sociedad anónima Alur tiene una sobrefacturación “monstruosa”. El año pasado fueron denunciados ante la Justicia penal por la empresa petrolera estatal y por el actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, pero los jueces decidieron en ambos casos archivar las denuncias por la falta de “real malicia” de quienes afirmaron que el dinero fue usado para la campaña electoral del Frente Amplio.
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En 2010 Alur decidió construir una planta de etanol para producir 70 millones de litros por año. Hizo un llamado para el suministro llave en mano de la planta y se presentaron varias empresas internacionales. La española Abengoa fue la adjudicataria final. En medio del proceso, Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa intentaron sumarse a la puja con un proyecto que manejaba cifras inferiores a las de los oferentes, pero su propuesta no fue incorporada al proceso de selección.
Pérez Morgan —un uruguayo radicado en Brasil— y Correa concurrieron en el 2012 a una comisión de la Cámara de Senadores, donde se refirieron al tema y dijeron que en el procedimiento hubo una “sobrefacturación monstruosa”. Luego insistieron en varios medios de prensa con que los números no cierran. Según sus cálculos, la planta cuesta U$S 40 millones, a lo que se debe sumar elementos “periféricos”. Las ofertas presentadas durante el proceso rondaban los U$S 80 millones. Pero la planta costó, según números proporcionados por Alur en 2014, U$S 147 millones.
A mediados del 2014 los empresarios fueron denunciados ante la Justicia penal. Por un lado Ancap y Alur los acusaron de “difamación“ y por otro Sendic, que fuera presidente de la petrolera, los demandó por “calumnia”. En octubre el juez Pedro Salazar archivó la primera de las denuncias porque entendió que los empresarios actuaron sin “real malicia”, es decir, sin intención de agraviar o mentir a sabiendas.
Días después, Pérez Morgan afirmó que “hay claros indicios de que el dinero de la campaña (electoral) viene de acá ”, en referencia a la adjudicación de la planta de etanol.
“Asuntos de interés público”.
El 24 de junio se realizó la última audiencia por la denuncia de Sendic. Allí se intentó sin éxito una conciliación que ambas partes negaron.
Cuando se les preguntó a las partes si tenían algo que manifestar, Sendic dijo que Pérez Morgan y Correa tuvieron intención de “mancillar” su “honor”.
“Cada vez que han tenido la posibilidad de expresarse públicamente han deslizado a la prensa que el dinero de la planta fue destinado a financiar la campaña electoral o que esta situación es igual a la que ocurre en Brasil con Petrobras. (…) Una y otra vez, con la clara intención de perjudicar nuestra imagen pública, preguntándose varias veces de dónde sale la plata para las elecciones y afirmando que solo ese dinero y ese intercambio de valores podía haber instalado a Sendic en la fórmula del Frente Amplio. Por eso no tenemos ninguna duda que esto empezó siendo un cuestionamiento a un proceso licitatorio y terminó siendo una campaña en contra de una persona. Por lo tanto, me siento agraviado, calumniado, difamado”, dijo el vicepresidente.
Pero el juez Carlos García decidió archivar el caso, igual que había ocurrido con la denuncia de Ancap y Alur y por el mismo motivo: la falta de real malicia.
En su dictamen, al que accedió Búsqueda, la fiscal del caso sostuvo que no existió de parte de los denunciados una “potencialidad ofensiva” suficiente para condenarlos. “No se emplean términos gratuitamente agraviantes ni existe despreocupación o temeridad en los dichos. Por otra parte, se trata de asuntos de interés público, en los que se encuentran vinculados funcionarios públicos y, dada tal calidad, la regla de apreciación adquiere especiales características”, opinó.
Alfredo Correa dijo a Búsqueda que siguen cuestionando el proceso. “Seguimos considerando que hubo una sobrefacturación grande y un daño grande para el erario público. La planta va a ser totalmente deficitaria según el flujo de fondos que nosotros tenemos. Va a ser imposible amortizar la planta con la producción”.
“Tenemos todos los elementos para demostrar que se pagó tres veces más que lo que vale la planta. Ahora nosotros estamos liberados de cualquier secreto presumarial y daremos a conocer todos los documentos que obran en nuestro poder y que prueban la sobrefacturación”, agregó.
Los empresarios recibieron en el juzgado documentos sobre las ofertas luego de que Alur fuera obligada por la Justicia a presentarlos (Búsqueda Nº 1.774).
Piden investigar.
El Partido Nacional presentará en las próximas horas en el Parlamento un pedido para formar una comisión investigadora por la situación de Ancap.
El senador Álvaro Delgado dijo a Búsqueda que están terminando de preparar la solicitud, que “apunta al déficit de Ancap, que en tres años aumentó U$S 600 millones”.
El pedido incluye cuestionamientos a la gestión y sobregastos que los blancos no comprenden. Entre ellos, Delgado destacó que hubo “honorarios y contrataciones por $ 2.000 millones en 2014, que supone un aumento del 33% con respecto al 2013”. Además cuestionan “rubros que llaman la atención” y sostienen que muchos de esos cuestionamientos “fueron advertidos” por los directores nacionalistas del ente.
