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    La Justicia y los militares

    Sr. Director:

    Sr. Presidente del República Oriental del Uruguay: He de volver a un tema recurrente, que no por serlo, hará que deje de batallar por él. Me refiero al inicuo contexto jurídico-político que exhibe hoy la Justicia de nuestro país, que bajo el amañado relato de la “lesa humanidad” y la “imprescriptibilidad”, hoy continúa juzgando y privando de libertad a viejos policías y soldados que durante el último conflicto armado que padeciera la República, combatieron exitosamente a la guerrilla marxista-leninista.

    Sabrá usted, señor presidente, que en el universo militar la disciplina y la confianza en los mandos, constituyen una condición axiomática para que las instituciones armadas cumplan exitosamente sus misiones. El soldado sabe que la tutela de su eventual seguridad jurídica, así como la defensa de sus intereses, el desvelo por su bienestar y la satisfacción de sus necesidades (sean personales o institucionales) es responsabilidad exclusiva de sus “mandos”. Por tanto, el soldado confía en su comandante en jefe, en su ministro de Defensa y en su presidente. Es por ello que el soldado no reclama y menos exige. Tampoco anhela más galardón que llevar una vida digna; recibir el oportuno reconocimiento de sus jerarquías; y ser respetado y considerado por sus conciudadanos. Es tan simple, como a veces difícil de entender: su vocación es servir a la patria... Las FFAA son una organización humana por naturaleza y protectora por excelencia, en las que históricamente su mando superior ha hecho gala de reiterados gestos magnánimos... La Guerra Grande que por años enfrentara a las divisas blanca y colorada, y causara gran tristeza al jefe de los Orientales, quien al respecto le preguntaría a su hijo, el Tte. Cnel. José Mª Artigas, en ocasión de una visita que este le realizara antes de morir: “¿Será posible que no puedan entenderse unos con otros, los orientales…? ¿Cómo es que se entienden con extranjeros, cada uno de ellos, y no entre hermanos…?”. Los orientales recapacitaron y primando el sentimiento de unidad nacional sobre el de división política, con el célebre pronunciamiento “ni vencidos ni vencedores”, se firmó la “Paz de Octubre”. El “Pacto de Abril” y la “Paz de Aceguá”, pusieron fin a las revoluciones saravistas, en las que nuevamente se enfrentaran los hermanos. En ambas, los presidentes Tomás Gomensoro y José Batlle y Ordóñez, respectivamente, decretaron una amnistía general para los sublevados, recogieron sus armas, y hasta hubo alguna retribución pecuniaria a cambio de ellas.

    La historia señala que con el propósito de ponerles fin a las amargas discordias que generan las “guerras civiles”, y a la vez fortalecer la institucionalidad afectada, se impone el mensaje: “ni venganza, ni rencor…”. El último y más reciente conflicto armado que enfrentara a los orientales, se desarrolló entre inicios de la década del 60 y mediados de la del 70, cuando en un Uruguay políticamente frágil y socialmente convulso, irrumpe el Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaros”, y junto a otros grupos “compañeros de ruta” (PCU, OPR-33, PVP), en una suerte de ensayo revolucionario intentaron hacerse del poder por la vía armada. Dichos movimientos inicialmente fueron enfrentados por la policía, hasta que el 9 de setiembre de 1971 el Poder Ejecutivo dicta el decreto 566/71, por el que se le ordena a las FFAA “tomar a su cargo la conducción de las operaciones antisubversivas”. Como consecuencia de la evolución de los acontecimientos y el agravamiento de la situación, el 15 de abril de 1972 se decreta el “Estado de Guerra Interno”. A los pocos días es promulgada la “Ley de Seguridad del Estado y Orden Público”, la que viene a suspender las garantías individuales de los involucrados en actos subversivos, a la vez que le confiere facultades excepcionales a la Justicia Militar, para juzgar a los sediciosos que atentaran contra la Seguridad del Estado. A partir de allí se entabló una fuerte ofensiva contra los insurrectos y, con la desarticulación de su organización militar, la misión encomendada en aquel particular contexto, fue cumplida exitosamente. Pero el daño al Estado, y a la sociedad toda, estaba hecho y persistiría… Se trató de una “guerra irregular”, señor presidente. Una guerra en la que el enemigo del Estado –no solo de las FFAA– no siguió las normas jurídicas que regulan las formas en que, según la Convención de Ginebra, se libran los conflictos armados. Fue un conflicto con fronteras difusas, en el que el enemigo no estaba identificado, y los blancos de sus acciones: sabotajes, secuestros y asesinatos, no siempre eran militares (Acosta y Lara, Molaguero, Pascacio Baez, Burgueño, y otros…). Pasados los años, y por medio de la Ley Nº 15.737, del 8 de marzo de 1985, se decretó la amnistía general para los delitos cometidos por los sediciosos, mientras que otra ley disponía una pensión compensatoria vitalicia para quienes habían estado detenidos, exiliados o vivieron en la clandestinidad. Al año, se votó la Ley Nº 15.848, por la cual caducaba la pretensión punitiva del Estado, a militares y policías que actuando en cumplimiento del deber o en ocasión de acciones ordenadas por los mandos, hubieran cometido algún delito.

    Al igual que en los conflictos armados enunciados anteriormente, el espíritu de ambas leyes apuntaba a la “pacificación nacional”, condición indispensable para alcanzar el estado de ánimo que nos permitiese mirar adelante, desarrollarnos cultural y económicamente y vivir en paz…

    Pero el discurso ideológico-político de los herederos de aquellos que otrora atentaron contra la seguridad del Estado y fueron derrotados “militarmente”, permanecería intacto…

    Abandonaron el “guevarismo” para alinearse con el “gramscismo” y cambiaron los fusiles por un paciente pero constante adoctrinamiento político, sociológico, antropológico y lingüístico… Hoy conducen una, cada vez menos discreta, “guerra psicopolítica” que se socava: la educación, la cultura, la familia y la institucionalidad democrática, para finalmente hacerse del gobierno y luego de cooptadas las FFAA, del poder. Estando demás decir que todo lo que pueda llegar a oponerse a sus intereses, mal o bien es considerado un enemigo...

    Es así que en los años 1989 y 2009, sectores políticos marxistas y movimientos sociales afines, pretendieron derogar la llamada ley de caducidad, a lo que en las dos oportunidades, la ciudadanía se expresó contundentemente en contra. Pero en los hechos la ley fue anulada; y con la anuencia de operadores judiciales identificados con la izquierda, así como de argumentos legales emanados de organismos supranacionales (ideológicamente afines) y de bochornosos ardides jurídicos cimentados en la mentira flagrante y contumaz, desde el año 2005 a la fecha alrededor de 30 militares, cinco policías y cuatro civiles marcharon a la cárcel. ¿El motivo?, los policías y militares haber dado cumplimiento a una orden del PE, que los llevó a empeñarse en una guerra que no buscaron. Y los civiles, haber ocupado cargos de gobierno y tomado decisiones que las situaciones de crisis, inexcusablemente imponen. En este tiempo, siete de ellos (orillando los 80 años) han fallecido en prisión, y tres han sido liberados tras habérselos declarado inocentes, no sin antes haber estado tres años en prisión cada uno. En síntesis, incomprensiblemente y contra toda lógica, vemos que el rencor y el espíritu de venganza de unos pocos continúa predominando sobre el sentir de las mayorías... La formación humanista y el espíritu altruista de los militares los hace cultores de símbolos y diestros en el manejo de las señas. Y usted sabe, porque lo habrá advertido a lo largo de sus años de ejercicio de la política, que la mirada adelante, la mano estirada y el diálogo franco, siempre ha pautado nuestra voluntad de acordar los ánimos desunidos…

    Por todo lo expuesto, hoy me dirijo: al mandatario que hace gala de una excelsa aptitud para el mando; al comandante supremo de las FFAA, al doctor en leyes, pero por sobre todo al hombre, al que su probada sensibilidad no ha de restarle coraje para, de una vez por todas, hacer que el espíritu nacional se sobreponga a este maquiavélico y perverso marco político-jurídico que, alimentado por el odio y la sed de venganza, continúa acorralando y privando de libertad a viejos camaradas.

    Es con este propósito, señor presidente, que vengo a solicitarle tenga a bien considerar las medidas constitucionales, legales u otras que estén a su alcance, a fin de poner un punto final a la dolorosa situación que atraviesan los soldados (y sus familias) que combatieron y también sufrieron los horrores de aquella maldita guerra. La anhelada “reconciliación de los orientales” no admite demora.

    Cnel. Luis Eduardo Maciel Baraibar