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Sr. Director: motivan estas líneas la falta de un pronunciamiento contundente y público de la Jutep en un caso específico de nepotismo estatal. En el correr del año la Jutep se ha expedido, con claridad y contundencia, en diversos casos de nepotismo en dependencias públicas. Sin embargo, paradójicamente, en el asunto que más gravitación institucional tiene nada ha dicho hasta ahora —o al menos no se ha hecho público— ni se conoce dictamen al respecto por parte de la sociedad civil.
Me refiero, concretamente, a las contrataciones de hijas por parte de algunos ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esos jerarcas, como administradores que también lo son, deben velar celosamente por la correcta utilización de los fondos públicos asignados. Es un imperativo ético que quienes imparten justicia administrativa sepan comprender y acatar principios básicos de la ética pública, como son los principios de probidad y de preeminencia del interés público.
Como ciudadanos ¿debemos contentarnos con jueces que anteponen su interés personal en conseguir el carguito para sus hijas? ¿No es hora de exigir que estos jerarcas actúen a la altura que, mínimamente, la institucionalidad del país les requiere?
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo está encargado de velar por la legalidad de la actuación de la Administración, por lo que debe empezar “por casa” por cumplir con el artículo 35 del Decreto 30-2003.
Es una falta de respeto, incluso, hacia el colectivo de abogados, porque es poco serio que los hijos sean “casualmente” los únicos profesionales capacitados que pueden brindar esa tarea de asesoría.
Además, hay que preguntarse: ¿qué experiencia, especialización, aptitudes tienen sus hijas para cumplir esa función? Cuando se destapó a través de medios de prensa esta irregularidad, no hubo un solo involucrado que diera una razón para tratar de justificar, sin éxito, lo injustificable. Pero, en cualquier caso, si se emplearan las aptitudes como fundamento bueno sería conocer la formación profesional de sus hijas asesoras en las variadas materias que llegan a conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Nunca nada se aclaró y, con ello, se escamotea información pública que tiene obligación el organismo de transparentar. Ante tal omisión, podría perfectamente acudirse a los mecanismos de la Ley 18.831 de acceso a la información pública, para que expresen a los ciudadanos que tenemos el derecho a saber y conocer sobre: la versación académica, especialidad, posgrados, experiencia profesional en las áreas vinculadas al organismo, sueldos nominales y líquidos que se cobran en esos cargos de asesoría, etc.
La opacidad con la que las autoridades, a raíz de este episodio de nepotismo, han manejado el tema, dan la clara pauta de una actitud clientelista y lo más alejada del Estado de derecho, a través del uso indebido de prerrogativas para la contratación de personal.
El mensaje a la ciudadanía es lamentable: los méritos y la igualdad de oportunidades para los profesionales en acceder a esos cargos ceden ante la elección de familiares a cualquier costo y, el más importante, el servicio que les dan a los justiciables.
La Jutep en su rol activo que ha tenido —y es saludable que lo siga teniendo— debería enviar un mensaje público y claro en contra de las prácticas en dicho organismo. Y el TCA debería admitir la grosera irregularidad y rescindir esas contrataciones.
