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Las tasas de culminación de educación son “insatisfactorias”, “no está claro” quién define la política educativa, la representación docente en los órganos de gestión supone un “alto riesgo”, el gasto público en enseñanza sigue estando “considerablemente por debajo” de otros países de la región, la preparación del presupuesto “no es estratégica”, la ejecución del gasto “no se evalúa”, la contratación de docentes es “ineficiente” y el modelo de inspección “no fomenta el desarrollo educativo”. Esas fueron algunas de las duras conclusiones de un informe sobre el sistema de enseñanza uruguayo encargado por el gobierno.
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“Revisión de recursos educativos: Uruguay”, es el título de la investigación elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y presentada el martes 22 en el Hotel Ibis. La investigación fue contratada en el 2013 a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), en acuerdo con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El objetivo era que el gobierno tuviera un conocimiento más amplio sobre cómo se distribuyen los recursos de la educación y cómo influyen en los aprendizajes.
“Un informe país”, lo definió Alex Mazzei, presidenta del Ineed, durante la presentación del martes. “Este informe es una invitación a la discusión”, vaticinó minutos después Mariano Palamidessi, director ejecutivo de ese organismo.
Tal vez la descripción de Palamidessi tenía como sustento lo sucedido el día anterior, cuando el Ineed presentó el informe internamente a diversas autoridades educativas. De la reunión, realizada a la tarde en el Latu, participaron entre otros los integrantes de la comisión directiva del organismo, encabezada por Mazzei; un grupo de investigadores, liderados por Palamidessi; la subsecretaria Edith Moraes en representación del MEC, y Wilson Netto, Laura Motta y Robert Silva en representación del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.
Según explicaron a Búsqueda fuentes del Ineed y de la ANEP, por momentos el clima fue tenso, ya que Netto, presidente del Codicen, “no se mostró conforme” con el proceso de presentación del informe, generándose una discusión por el hecho de que se lanzara públicamente al día siguiente “sin antes analizarlo con más profundidad internamente”.
Consultada por Búsqueda, Mazzei calificó esa versión como “dimes y diretes”, aunque afirmó que la reunión existió: “Indudablemente, se habló de todos los temas y hablaron todos los participantes. Fue un debate muy interesante, muy rico, donde todo el mundo podía decir lo que quería”.
Ese tipo de presentaciones internas de los informes educativos son comunes entre ambos organismos de enseñanza: en julio de 2013, Mazzei y Netto firmaron un convenio de cooperación donde se establece que “el Ineed se compromete a dar a conocer sus investigaciones al Codicen y a sus Consejos con anterioridad a la divulgación pública”.
Falta de liderazgo.
Netto no estuvo presente durante el lanzamiento público de la investigación de la OCDE ya que a esa misma hora de la mañana del martes visitó la Escuela N° 13 para entregar al cantante Rubén Rada la Moña de Honor, un reconocimiento que Primaria otorga desde 2012 a distintas personalidades por su compromiso con la educación pública. “Aprovecho para disculparme en nombre del presidente del Codicen que hoy tenía una actividad muy importante a nivel presidencial”, se excusó Mazzei.
El informe, de más de 250 páginas, identificó una gran cantidad de problemas que el gobierno debe solucionar para mejorar el uso de los recursos en la enseñanza. Uno de los primeros habla de repensar la gobernanza de la educación, ya que “no está claro quién es responsable de definir la política educativa” por la ambigüedad de roles que hay entre el Codicen y sus consejos desconcentrados (Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación). “Existe falta de liderazgo y competencia entre los Consejos por los recursos”, indica el documento.
Sobre ese mismo punto objeta que haya representantes docentes en la gobernanza del Codicen, Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación, pues tienen intereses corporativos que inciden en el desarrollo de la política educativa. “Dado el alto riesgo que implica este enfoque”, la OCDE recomienda su suspensión.
El financiamiento público a la educación también es criticado no solamente porque “sigue estando considerablemente por debajo del gasto equivalente en otros países de Latinoamérica”, sino porque la preparación del presupuesto no es estratégica: “Los documentos presupuestarios en general no incluyen objetivos educativos, medidas, metas y resultados claramente definidos”.
Reclama entonces mejorar tanto el diseño del presupuesto como el monitoreo de los recursos públicos, subrayando que actualmente “la ejecución del gasto público en educación no se evalúa contra los resultados educativos” y “se carece de análisis de costo-beneficio de las diferentes políticas y programas educativos”.
En cuanto a los aprendizajes, el documento sostiene que una de las principales preocupaciones es la “significativa proporción” de alumnos con bajo rendimiento en educación media, donde “las tasas de culminación siguen siendo insatisfactorias” y las tasas de repetición muy elevadas en comparación con la región. Propone para remediarlo, entre otras acciones, aumentar el profesionalismo de los docentes, pues actualmente “la contratación y la distribución de educadores son muy ineficientes”, y “no existe un planteo claro y conciso ni un perfil de qué se espera que sepan y puedan hacer los docentes”.
Por último, la OCDE sugiere que la evaluación de los centros educativos sea vista como una de las claves para avanzar, para lo cual debe modificarse el modelo de inspección, ya que no fomenta el desarrollo educativo: “Los inspectores tienden a concentrarse más en el control y las evaluaciones se realizan a nivel individual, en lugar de cubrir el centro”.
