La batalla por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tensionó hasta el límite la asamblea general de la OEA que se celebró entre el domingo 3 y el martes 5 en Cochabamba, Bolivia, y dejó en evidencia la crisis que vive esta institución debido a las hostilidades retóricas contra sus órganos y Estados Unidos (EEUU) de parte de los países del Alba liderados por el presidente venezolano, Hugo Chávez.
En medio de advertencias explícitas sobre el riesgo de “muerte” de la OEA lanzadas por el presidente anfitrión, Evo Morales, y su par ecuatoriano, Rafael Correa, la asamblea decidió a última hora del martes pasar al Consejo Permanente de la OEA la potestad de formular, en diálogo con todas las partes interesadas, propuestas para cambiar la CIDH que serán consideradas por una nueva asamblea general extraordinaria “en el plazo de seis meses o a más tardar en el primer trimestre de 2013”.
Estas propuestas se realizarán en base a un informe ya elaborado. Según sus defensores, este texto busca “fortalecer” el sistema interamericano de derechos humanos. Pero según sus críticos, limitaría de hecho el trabajo de la CIDH, ya que plantea reformar su estatuto, restringiendo sus posibilidades de intervenir u otorgar medidas cautelares, o permitiendo que los propios gobiernos a los cuales debe supervisar discutan sus informes y demoren su divulgación. Diversos especialistas advierten además, que los cambios podrían perjudicar las labores de la Relatoría Especial sobre libertad de expresión (ver nota aparte).
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), sostuvo que el solo hecho de que la asamblea de Cochabamba haya pasado al Consejo Permanente de la OEA, integrado por los embajadores de todos los países acreditados ante el organismo, la misión de examinar fórmulas para implementar las reformas de la CIDH supone de por sí una violación al principio de autonomía de esta Comisión, que debía ser la encargada de asumir o rechazar las recomendaciones que se hagan sobre sus prácticas.
“Lamentablemente este primer round lo han ganado los países del Alba”, sostuvo Vivanco en declaraciones a Búsqueda. “Una embestida como esta no tiene antecedentes en la historia del sistema interamericano de derechos humanos, que es de las pocas cosas que funcionan y que tienen credibilidad en la OEA”.
“¿Para qué la Comisión?”
Las presiones de los representantes de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua para lograr cambios dentro de la OEA y reformar la CIDH fueron evidentes desde el comienzo hasta el final de la asamblea general de Cochabamba.
En su discurso inaugural el domingo, Morales sostuvo que “la OEA nació como un ministerio de colonias de Estados Unidos” y que la mayoría de sus acciones fueron “para intervenir naciones, para encubrir dictaduras militares, hasta para impulsar a las dictaduras, para reprimir y escarmentar a los movimientos sociales”.
El presidente anfitrión agregó que la CIDH es uno de los instrumentos “de dominación y de sometimiento” con que cuenta la organización y aseguró que la misma sólo ve problemas de derechos humanos en los países con gobiernos que aplican políticas diferentes a Washington. “Por tanto, para la OEA hay dos caminos: muere al servicio del imperio o renace para servir a los pueblos de América”, dijo Morales en medio de aplausos de funcionarios y grupos indígenas presentes.
Al día siguiente, Correa (el único jefe de Estado que viajó expresamente a Bolivia para asistir al encuentro) sostuvo que la CIDH trabaja al servicio de la “libertad de extorsión del periodismo” y exigió su reforma. Ese mismo día, Chávez declaró desde Caracas que si la OEA no cambia “hay que acabar con ella”.
“¿Para qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a crear nuestros mecanismos en estos espacios geopolíticos de unidad y de integración que están naciendo como la Celac”, dijo Chávez desde el Palacio de Miraflores, en alusión a la recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la cual EEUU está ausente.
Las críticas de estos presidentes a la CIDH han aumentado a medida que esta cuestionaba a sus gobiernos por violaciones a la libertad de expresión o por falta de independencia de la justicia. Pero la idea de reformar la Comisión también ha sido apoyada por países como Colombia (que en abril apareció en una “lista negra” de la CIDH junto a Venezuela, Cuba y Honduras como una nación que incumple estándares básicos de respeto a los derechos humanos) y Brasil, que el año pasado recibió una medida cautelar de la CIDH para detener la construcción de la represa de Belo Monte respaldada por el gobierno e informar de su impacto en comunidades indígenas de la Amazonía.
Fue justamente a Brasil que pareció aludir una carta enviada a la asamblea de la OEA por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) con la adhesión de cientos de organizaciones no gubernamentales, que advertía que “no se pueden alcanzar liderazgos globales sin un genuino compromiso con la realización de los derechos humanos”. La misiva sostuvo que “los Estados deben respetar la independencia y autonomía de la Comisión y la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) para que estas tomen sus propias decisiones referidas a sus procedimientos y metodologías de trabajo”.
Vivanco también criticó la actitud del propio secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, que a su juicio “ha abdicado de sus funciones” de defensa de la CIDH al unirse a los esfuerzos para revisar sus labores. “Optó por un camino que es equivocado, un grave error: es abrir una caja de Pandora para reformar un sistema de protección de derechos humanos con la participación de gobiernos que son declarados enemigos de la Comisión y quienes tendrán la última palabra”, sostuvo el director regional de HRW.
“Muy difícil”
Durante el discurso de apertura de la asamblea de Cochabamba, Insulza sostuvo que “la OEA y sus países miembros necesitan de una Corte y una Comisión de Derechos Humanos autónomas y fuertes. Pero estos organismos deben también considerar en su actuación los puntos de vista de los gobiernos democráticos del hemisferio”.
Casi al cierre de la asamblea, en la noche del martes 5, el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, afirmó a las delegaciones presentes que “lo que está en juego, que nadie tenga duda, es el patrimonio que los Estados, la sociedad civil y los propios órganos interamericanos hemos construido para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de sus derechos humanos”.
“La autonomía e independencia de la Comisión son la fuente de su credibilidad y requisito imprescindible de su eficacia”, agregó.
También procuró refutar la idea de que la CIDH evita monitorear lo que acontece en Estados Unidos o Canadá, países que hasta ahora han evitado ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos. Destacó que tres de los cinco informes de fondo que la Comisión publicó el año pasado eran de esos países, incluidos dos sobre la pena de muerte y la prevención de la violencia doméstica en EEUU, que después de Honduras también fue el país con más medidas cautelares.
A su vez, Diego García-Sayán, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que ese tribunal “ha aumentado notablemente” su número de casos y decisiones: en 2011 las sentencias dictadas duplicaron las del año anterior y la cantidad de casos nuevos subió casi 50%. Atribuyó esto a “un mayor conocimiento de que existe esta posibilidad y que cuando se agota la jurisdicción interna hay un sistema interamericano y un tribunal regional que puede dictar decisiones que son vinculantes y tienen un efecto concreto en la vida diaria de la gente”.
Apuntó que este proceso ocurrió sin un aumento significativo de los recursos de la Corte, cuya jurisdicción es reconocida por 21 países del hemisferio. Sin embargo, consideró “preocupante” que la última década transcurriera sin ninguna ratificación adicional de la Convención y sin países que hayan reconocido la competencia del tribunal. Y alertó que “todos los resultados positivos de los que hasta aquí se puede informar probablemente colapsen” por falta de financiamiento de la Corte.
Esa misma sesión del martes 5 tuvo uno de los momentos de mayor tensión de la asamblea después que la embajadora estadounidense, Carmen Lomellin, respondiera las acusaciones de los representantes del Alba afirmando que la CIDH puede atender temas de derechos humanos en todos los países miembros de la OEA, incluido el suyo. “La diferencia es que cuando los casos se presentan a EEUU se toman con seriedad (en vez de) ir corriendo a la prensa a gritar sobre ellos”, dijo.
“Preferimos gritarlo públicamente, sí”, retrucó el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. “Pero no agredimos (ni) asesinamos a los pueblos como otros”.
Representantes de países como Canadá, México y Costa Rica reivindicaron la autonomía e independencia de la CIDH y la Corte. Sin embargo, una pregunta que quedó abierta en Cochabamba es qué ocurrirá si resulta esquivo cualquier acuerdo. “La regla no escrita de la OEA es que se buscan consensos para abordar estos temas. Pero cuando tienes un grupo de países que presionan con mucha fuerza, entre los cuales se encuentra un gigante como Brasil, donde no son muchos los que resisten la presión y hay una gran mayoría de países que se mantienen casi al margen de este debate, puede ocurrir como ya ocurrió en Cochabamba: que esta agenda de reformas es la que finalmente termina imponiéndose”, dijo Vivanco.
“La próxima etapa es muy difícil y la sociedad civil tendrá que estar muy alerta”, agregó. “Países que han jugado un rol muy positivo, como Uruguay, Chile, Costa Rica, países pequeños pero con gran compromiso con esta causa al igual que México, EEUU. y Canadá, espero que tengan la fuerza junto a la sociedad civil para resistir las enmiendas (y) los esfuerzos más agresivos que sin lugar a duda se nos vienen encima para recortarle atribuciones a la Comisión y a la Relatoría para la Libertad de Expresión”.
