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¿Está bien que, como ocurre desde el retorno a la democracia, cada ley de Presupuesto que asigna gastos para el siguiente quinquenio tome como base la que la precedió? Según el subdirector de Planeamiento y Presupuesto, Jerónimo Roca, la respuesta no necesariamente es que sí y desde esa oficina se elaborará una propuesta para rever el asunto.
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Las leyes de Presupuesto son aprobadas durante el primer año de cada gobierno y definen las partidas de fondos para los cinco años siguientes en la Presidencia de la República, los Ministerios, los poderes Judicial y Legislativo, la Universidad de la República, ANEP, ASSE, el INAU, y los organismos de contralor. Los montos pueden ser modificados por medio de las leyes de Rendición de Cuenta que se tramitan anualmente; como resultado de negociaciones políticas y presiones sindicales, lo usual ha sido que las partidas de gasto resulten incrementadas.
En 2012 el Presupuesto ejecutado de la administración central fue equivalente a algo más de U$S 10.300 millones, según datos de la Contaduría General de la Nación.
“(...) Una revisión profunda de la calidad del gasto público debería cuestionar —para confirmar o revisar— la línea de base del Presupuesto. Desde que volvimos a vivir en democracia, hace ya casi 30 años, cada nuevo Presupuesto se ha limitado a otorgar incrementos sobre la base del Presupuesto anterior, sin revisar a fondo la pertinencia de mantener las asignaciones, con la única excepción del Presupuesto del primer gobierno del Frente Amplio, que definió una asignación de 4,5% del PBI (Producto Bruto Interno) para la educación”, planteó Roca en un análisis publicado en la edición de mayo de un boletín del Area de Políticas Territoriales de la OPP. “Pese a esto —agregó el jerarca—, los acalorados defensores de un mayor control del gasto público tienen corto recorrido: ninguno propone llegar a fondo revisando la línea base del Presupuesto”.
Según informó en el artículo, la OPP elaborará una “propuesta político-técnica” a este respecto para que sea considerada en la discusión del Presupuesto del próximo período de gobierno que comenzará en 2015.
Como trasfondo del planteo está darle mayor prioridad al gasto en áreas como la educación, la salud y la vivienda, tendiendo a una cobertura más universal y a elevar la “calidad” de estos “bienes públicos”, lo que al mismo tiempo puede suponer recortarles el presupuesto a otras que políticamente se consideren menos relevantes, explicaron a Búsqueda fuentes oficiales.
Roca aludió también a la idea de rever la “línea de base” presupuestal, el lunes 3 al hablar en un seminario internacional sobre presupuesto público que se efectúa esta semana en la sala Adela Reta del Sodre, aunque sin entrar en pormenores.
Su planteo surge en momentos en que el Poder Ejecutivo empieza a definir el proyecto de Rendición de Cuentas que debe remitir al Parlamento antes de fin de mes y mientras las finanzas públicas mejoran. Según las cifras difundidas el viernes 31 por el Ministerio de Economía, el déficit fiscal se ubicó en U$S 1.089 millones en los doce meses a abril, lo que equivale a 2,2% del PBI.
En el mismo seminario Roca aseguró que Uruguay enfrenta un “callejón” fiscal, dado que queda poco presupuesto para destinar a una “agenda social” que definió como “ambiciosa”.
¿Gasto con calidad?
La OPP tiene entre sus cometidos asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de los proyectos presupuestales y de Rendición de Cuentas, así como la evaluación del gasto. En lo que hace a ese último rol se están dando algunos primeros pasos.
En la ley de Presupuesto vigente (para el período 2010-2015) se introdujeron planes de gasto con un sentido programático, en lugar de la asignación por Ministerio u otros incisos de la administración central. Con ese cambio, por ejemplo, más de una secretaría de Estado puede estar involucrada en un mismo programa presupuestal.
“Una definición precisa” de dichos programas “hace más fácil aterrizar los objetivos del plan de gobierno dentro del presupuesto y, al mismo tiempo, “facilita el monitoreo de su eficacia”, señaló el subdirector de la OPP. “En este punto, no obstante, hay tareas pendientes”, reconoció. Como ejemplo indicó que el crédito presupuestal para 2012 del programa “Servicios públicos generales” —que representa casi 10% del PBI y una tercera parte del total— incluye fondos que “podrían desagregarse y ser correctamente imputados a otros programas presupuestales”. Según el jerarca, antes de que termine el actual período de gobierno su repartición elaborará una propuesta sobre ese punto para que sea tenida en cuenta en la elaboración del próximo Presupuesto quinquenal.
La OPP monitorea la eficiencia de los 32 programas presupuestales que forman parte de las siete áreas prioritarias a partir de cerca de un centenar de indicadores. Ese monitoreo “enciende luces” que disparan la “necesidad de conocer por qué un programa está fracasando o teniendo éxito”, y en ello entra en juego la evaluación, explicó Roca.
Las evaluaciones del programa de autoconstrucción de vivienda social, que se inició en 2011 con un presupuesto total de $ 285 millones para ese año, consiste en préstamos y asistencia técnica para familias con ingresos mensuales de hasta 60 unidades reajustables ($ 38.729 actualmente) que estén ingradas por al menos una persona de entre 18 y 55 años, que no dispongan de vivienda propia y que muestren disposición para la autoconstrucción. La evaluación entendió “adecuada en términos generales” esta política para atacar las “dificultades que tienen los hogares de ingresos medios y bajos para el acceso a una vivienda digna y de calidad”, si bien también detectó aspectos a mejorar.
Otro gasto sometido a evaluación es el que realiza el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que en 2011 manejó un presupuesto total de $ 81 millones. Los beneficiarios en ese año fueron estimados en 4.445 y recibieron apoyo para la obtención de documentos personales, materiales como vestimenta o útiles escolares, asesoramiento jurídico, capacitación e inserción laboral para los liberados o facilidades para obtener empleo. La evaluación detectó falta de “criterios claros de focalización” y de cobertura de “todos los factores de riesgo de incidencia que deberían enfrentarse”, así como “algunas fortalezas y múltiples debilidades” de implementación. También una “debilidad extrema de los sistemas de información (a veces simples registros en papel)”, que no permitió reconstruir valores para los indicadores definidos en el marco de esta evaluación”, indicaron en el informe.
