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La Secretaría Nacional Antilavado de Activos decidió analizar la situación judicial del ex presidente Lula da Silva en Brasil para ver “si está vinculado a algún delito” que sea precedente del delito de lavado de activos en Uruguay y así resolver si inicia una investigación en el país, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo.
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El interés de la Secretaría que funciona en la órbita de Presidencia surgió a partir de la publicación de la revista brasileña “Istoé”, que en su última edición, del 28 de octubre, dedicó la tapa a “la conexión Uruguay de la familia Lula”.
Según la publicación, el grupo de tareas de la Operación Lava Jato está investigando si una mansión en un amplio terreno de 7.506 metros cuadrados en Punta del Este, que habría sido tasada en 2 millones de dólares, pertenece al ex presidente Lula. La cédula catastral de la finca indica que se trata del padrón 10.451 con un área edificada de 308 metros cuadrados.
Si el ex presidente está siendo investigado en Brasil por delitos como el de corrupción, en Uruguay las autoridades pueden abrir una indagatoria a partir de las denuncias. “Si lo está, hay que empezar a buscar”, resumió uno de los informantes. En caso contrario, el organismo de control “no puede investigar”, porque estaría incurriendo en una “pesquisa ilegal”.
El informe de “Istoé” sostiene que la investigación judicial en Brasil, que comenzó en agosto a partir del dato proporcionado por un colaborador confiable, está buscando elementos que confirmen que se empleó un esquema para ocultar patrimonio semejante al de propiedades utilizadas por Lula en el propio Brasil: registrar a nombre de empresarios amigos las viviendas obtenidas a cambio de beneficios y tráfico de influencias pero cuyo dueño real es el líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Informantes del Ministerio Público Federal, que estuvieron en Punta del Este para investigar el posible caso, indicaron a la revista que la propiedad Villa Regina, una construcción de estilo suizo ubicada en la calle Timbó, pertenecía a una compañía off shore vinculada con el empresario brasileño de la industria del calzado Alexandre Grendene Bertelle, que posee varias propiedades en Uruguay y es accionista del Hotel Casino Conrad.
Grendene obtuvo préstamos subsidiados del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bndes) por unos tres mil millones de reales y ha participado en varios emprendimientos con el gobierno de Brasil, mientras Lula era el presidente.
Lula, por su parte, informó a la revista a través de asesores que no tiene ninguna casa en el exterior y que todas sus propiedades están en San Bernardo do Campo, un municipio del gran San Pablo y que todas fueron declaradas al fisco.
Saint-Tropez sureño.
La revista describió al principal balneario uruguayo como un Saint-Tropez del sur en el que muchos nuevos ricos de todo el mundo y muchos millonarios brasileños pasan algunos días en lujosas casas que pasan vacías durante la mayor parte del año como ocurre en la ciudad de la Costa Azul francesa.
Lula habría llegado al balneario por primera vez en 2002 para descansar en la casa de un amigo.
Para que la Secretaría Antilavado uruguaya actúe debe existir una investigación (no es necesaria una condena) por un delito precedente al de blanqueo de capitales, en este caso de corrupción. La normativa incluye también delitos como el narcotráfico, trata de personas y terrorismo.
El líder del PT enfrenta dos procesos en Brasilia por presunto intento de obstruir las investigaciones del caso Petrobras. Ante la Justicia del Estado de Paraná está acusado de haber beneficiado a la constructora OAS. También enfrenta la acusación de haber participado en fraudes en el Bndes en los que estaría vinculado el poderoso constructor Marcelo Oderbrecht.
Las acusaciones son por delincuencia organizada, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Los fiscales solicitan que Lula sea condenado por crimen organizado y blanqueo de capitales por las obras que Odebrecht realizó en Angola con préstamos del Bndes, según “El País” de Madrid.
Para el equipo de defensa de Lula, según el periódico, la denuncia es “genérica, frágil y superficial”. Los abogados del ex presidente insisten en que la Justicia y los fiscales están actuando de forma parcial, y que el verdadero objetivo es impedir que vuelva a disputar la presidencia de Brasil en 2018.
