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Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave
La iniciativa, aprobada en el Senado tras un acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, se tratará en Diputados el lunes 23; coalicionistas evalúan si bajan o no el tope para el pago en efectivo
Los diputados Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, y Pablo Abdala, del Partido Nacional.
Los tiros y la explosión de una granada en el patio de la casa de la fiscal general de la nación, Mónica Ferrero, en la madrugada del 28 de setiembre encendieron la alarma en el sistema político. Horas después, el presidente Yamandú Orsi se reunió con las autoridades de los partidos y les propuso, como reacción, legislar. A los tres días, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley sobre lavado de dinero, una iniciativa que fue aprobada en el Senado el 8 de octubre gracias a un acuerdo sellado entre los coordinadores de las bancadas frenteamplista, Daniel Caggiani, y colorada, Robert Silva. Diputados aprobó el proyecto en general en la última sesión del año, el 17 de diciembre, y postergó la votación del articulado para el próximo lunes 23. Pese a esa celeridad, que estén los votos para aprobar los puntos medulares de la iniciativa aún está en dudas.
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Silva reconoció en diálogo con Búsqueda que en diciembre hubo “algunos chisporroteos” por este proyecto porque diputados colorados pidieron más tiempo para tratar la iniciativa, pero el senador colorado había dado su palabra a Caggiani de que se trataría antes de fin de año en ambas cámaras. Tras conversaciones con el senador Pedro Bordaberry y diputados del partido, los colorados acordaron aprobarlo en general en la Cámara Baja y postergar la votación del articulado para febrero, lo que produjo cuestionamientos de legisladores Frente Amplio que habían asumido que el acuerdo implicaba votar todo en diciembre.
El proyecto aprobado en el Senado permite actualizar la legislación nacional sobre el lavado —con lo que está de acuerdo la coalición republicana— e incorpora además una serie de novedades. Por ejemplo, baja el tope del dinero en efectivo que se puede usar en transacciones. La Ley de Inclusión Financiera, del año 2014, habilitaba negocios con billetes por hasta 40.000 unidades indexadas (UI), lo que equivale a US$ 6.400 a la cotización de hoy. La Ley de Urgente Consideración (LUC), del 2020, elevó este tope a 1 millón de UI, unos US$ 160.000. En octubre el Senado aprobó una cifra intermedia: habilitó negocios en efectivo por hasta 200.000 UI, unos US$ 32.000. Además, a raíz de una propuesta de Bordaberry, permitió el pago con billetes del 5% del valor total de la transacción, “siempre que dicho monto no supere las 450.000 UI”, unos US$ 72.000. Mantener este monto aprobado en la Cámara Alta o establecer un tope más alto es uno de los aspectos que será analizado este jueves 12 en una reunión donde participarán tres diputados de la coalición que integran la comisión especial sobre el tema: el blanco Pablo Abdala y los colorados Conrado Rodríguez y Juan Martín Jorge.
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El coordinador de la bancada de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, anunció que no votará bajar el tope para pagar en efectivo porque está estipulado en un artículo de la LUC que fue ratificado en el referéndum del año 2022. Por lo tanto, el Frente Amplio necesita a priori los votos colorados para aprobar este punto.
Jorge dijo a Búsqueda que Bordaberry dio “libertad de acción” a los diputados de Vamos Uruguay y agregó que aún no está resuelto que los colorados den sus votos para bajar el tope para el pago en efectivo. “Lo vamos conversar con el Partido Nacional, para ver qué opinan ellos”, sostuvo Jorge. Los blancos se han resistido a establecer un límite más bajo que el que marca la LUC.
Juan Martín Jorge
El diputado colorado Juan Martín Jorge.
Javier Calvelo / AdhocFOTOS
Fiscalía especializada
Otro artículo clave del proyecto aprobado por el Senado suprime la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. El Poder Ejecutivo argumentó en la exposición de motivos de la iniciativa que la creación de esta fiscalía especializada en el año 2022 “buscó que se investigaran más casos de lavado de activos“ y que “se obtuvieran mayores condenas por este delito y mayor cantidad de decomiso de bienes provenientes del crimen organizado”, pero “no se han obtenido los resultados esperados”, por lo que el gobierno propone transformarla y que los fiscales que investigan los delitos precedentes sean también quienes investiguen el delito de lavado de activos “en forma paralela”.
En la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados, Ferrero planteó el 12 de diciembre que la fiscalía especializada tiene un costo de $ 17 millones y “un solo caso”, por lo que resulta ineficiente. De todas maneras, los colorados, que en el Senado votaron suprimir esta fiscalía especializada, en Diputados no han consensuado una posición de cara a la votación del lunes 23.
Monica-Ferrero
Mónica Ferrero, fiscal general de la nación.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
La indefinición en este caso va acompañada por la negativa de Perrone a suprimir esta fiscalía especializada (o transformarla, un verbo alternativo que permitiría a Fiscalía mantener los recursos para reutilizarlos). El cabildante alertó que es una paradoja aprobar una nueva ley de lavado para eliminar la fiscalía especializada en el tema. Otra vez los colorados se enfrentan al dilema de ser los únicos que den los votos al Frente Amplio para aprobar esta modificación.
Otro artículo del proyecto que provoca controversia en filas opositoras es el que amplía las potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
La iniciativa aprobada en el Senado establece que la Senaclaft podrá “practicar inspecciones en bienes muebles e inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados y por todos aquellos sujetos que hayan tenido participación directa o indirecta en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o investigando, pudiendo requerir y retirar documentación y respaldos informáticos”.
Diputados blancos, colorados y cabildantes no están dispuestos a que la Senaclaft retire documentación sin aval de un juez. Abdala propuso un artículo sustitutivo que plantea que este retiro “deberá ser comunicado al juez competente dentro del plazo de 24 horas, a efectos de su convalidación y del control jurisdiccional del procedimiento”. Sin embargo, Jorge considera que la Senaclaft solo podría retirar documentos con autorización judicial previa, ya que, argumentó, es garantía del Estado de derecho y, en cambio, “si hay un error en el procedimiento“ que no fue avalado por el juez, “el daño ya está causado”. En la reunión de este jueves 12, buscarán consensuar una posición sobre este tema.
Rodríguez, por su parte, presentó un artículo aditivo para que los sindicatos pasen a ser sujetos obligados de realizar la diligencia debida. Hoy lo son como organizaciones civiles, pero no está explicitado, como sí aparecen las iglesias y los partidos políticos en la legislación. Cabildo Abierto está dispuesto a votarlo y un diputado del Frente Amplio dijo a Búsqueda que la bancada oficialista lo analizará.
Más allá de estas dudas que persisten en la oposición sobre varios aspectos del proyecto y de otras propuestas de cambio, Rodríguez sostuvo que no es una iniciativa que cambie “sustancialmente” el combate al lavado de activos. “Mucho ruido y pocas nueces”, expresó.
