“Planteamos la acción de inconstitucionalidad por un tema institucional”, dijo a Búsqueda una fuente de la Suprema Corte. “No se trata de que no compartimos el contenido, sino de que no es potestad del Legislativo establecer los requisitos para ser juez. La Constitución dice claramente que eso debe ser definido por la Corte, y el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben atenerse a la Constitución”, añadió.
“No puede venir el Poder Legislativo a decirnos cómo tenemos que hacer un concurso. Hasta reglamentaron cómo debe integrarse el tribunal”, cuestionó la fuente. “Todos los jueces deberían entender que es un tema institucional y que debemos estar unidos en esto”, afirmó.
En el escrito que inició las diligencias preparatorias, los ministros sostuvieron que la ley vulnera “las competencias asignadas a la Suprema Corte de Justicia y el principio de separación de poderes” y compromete “el interés público en la regularidad del orden jurídico”.
Fuentes de la Corte dijeron que “por ahora” la norma —que ya está vigente— no será aplicada. “Pensamos que la ley lesiona nuestra institucionalidad y por lo tanto no podemos aplicarla”, dijo un miembro de la corporación. No obstante, aclaró que si se declara que es constitucional la cumplirán “a rajatabla”.
También informó que la Corte está pensando en incorporar los concursos como parte de los requisitos para ascender a los tribunales de apelaciones. Sin embargo, lo hará “de acuerdo a sus propios criterios”, no a los que establece la ley.
La Ley Nº 19.830, que introdujo cambios a la Ley de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (Nº 15.750), fue aprobada en setiembre. Una de sus principales novedades es que se deberán realizar concursos de oposición y méritos para ingresar y ascender en la carrera judicial y que no se podrá trasladar de materia a los jueces sin su consentimiento.
La decisión de iniciar una acción de inconstitucionalidad fue adoptada por mayoría, con los votos del presidente de la Corte, Eduardo Turell, el ministro Luis Tosi, y las ministras Elena Martínez y Bernadette Minvielle. Tabaré Sosa, el ministro más reciente en la corporación, no la apoyó.
¿Quién resuelve?
Resolver la acción de inconstitucionalidad no será sencillo. Los cientos de jueces que trabajan en el Poder Judicial fueron “emplazados para contestar la demanda”, al igual que la AMU, y deberán evaluar si defienden la ley y se oponen a la posición de la Corte.
Además, como es la Corte la que presenta el recurso, los actuales ministros deben apartarse y sortear una nueva integración entre los tribunales de apelaciones. Pero ese punto tampoco esta exento de discordia.
La Corte entiende que los ministros de apelaciones no se ven afectados por la ley porque “han llegado al máximo de la carrera judicial”, por lo cual pueden evaluar de forma imparcial si esta es inconstitucional, según explica en el escrito. Incluso, ya fijó la fecha del sorteo para elegir a los ministros subrogantes.
Resolver la acción de inconstitucionalidad no será sencillo. Los cientos de jueces que trabajan en el Poder Judicial fueron “emplazados para contestar la demanda”, al igual que la AMU, y deberán evaluar si defienden la ley y se oponen a la posición de la Corte.
Sin embargo, en la AMU no comparten esa visión. Según dijo a Búsqueda su presidente, Alberto Reyes —que es ministro de un tribunal de apelaciones penal— ese punto es “discutible”.
Un escenario posible es que los ministros que sean sorteados para integrar la Corte consideren que sí están afectados por la ley y por tanto se aparten. E incluso quienes no lo hagan podrían ser recusados por otros jueces que consideren que no son imparciales. El problema, dijo Reyes, “es quién resuelve esas discrepancias de forma objetiva e imparcial”. Al tratarse de un conflicto en el seno del Poder Judicial, las soluciones no son claras. “En mi opinión es un gran lío y, además, un lío innecesario”, afirmó.
Reyes mencionó como una posible alternativa para salir del entuerto la Ley Nº 3.246, de 1907, que creó la entonces llamada Alta Corte de Justicia, y que prevé un mecanismo en el que la Asamblea General define la integración de la Corte a partir de una lista de 40 abogados —ajenos al Poder Judicial—, y que serviría para un caso como el actual. Pero aclaró que la vigencia de esa norma está en discusión, y desde la Corte dijeron a Búsqueda que no la consideraron, ya que entienden que el sorteo entre los ministros de apelaciones es la vía que corresponde.
En su escrito la corporación dio por cerrado el asunto: “En nuestro sistema jurídico no existe ninguna otra solución normativa, como no la hubo para resolver el reclamo salarial de los jueces y su planteo de inconstitucionalidad”.
La Corte sostiene que “aunque sería deseable una solución normativa diferente, los defectos de los que puede adolecer la única que se entiende vigente aparecen como insignificantes frente a la imposibilidad de acceder a una decisión jurisdiccional que resuelva el conflicto creado por la vulneración por parte de la ley de las competencias asignadas a la Suprema Corte de Justicia y del principio de separación de poderes”.
Inicialmente la AMU había convocado a sus socios a una asamblea para el 16 de noviembre. Pero cuando supo que la Corte había fijado el sorteo el 14 de noviembre, decidió adelantarla para el miércoles 13. Sin embargo, esta semana la Corte movió el sorteo para el martes 12, alegando razones “de agenda”. La asociación aun no resolvió si volverá a mover su asamblea para poder definir una posición previa al sorteo.
Fuentes judiciales dijeron a Búsqueda que entre los jueces no hay un postura unánime respecto a la ley —hay quienes comparten la preocupación de la Corte por la supuesta intromisión del Legislativo—, por lo cual el resultado de la asamblea es incierto.
Desde la Corte cuestionaron a la AMU porque entienden que su intención es que “no se haga el sorteo”. Según explicó una fuente, el riesgo es que si un ministro de apelaciones concurre a la asamblea antes de que se realice el sorteo y opina sobre la norma, puede ser apartado por prejuzgamiento.
“No es una ley caprichosa”
“La impugnación es básicamente por una cuestión formal, no por el contenido. Las modificaciones provienen del legislador en un área que la Corte entiende que la Constitución se la atribuye al Poder Judicial. Pero esa posición merece varios comentarios, porque parte de una lectura sesgada de la Constitución”, evaluó Reyes. Además, dijo que el marco jurídico “no termina en la Constitución”, sino que se deben tener en cuenta los tratados internacionales en los cuales están contemplados principios que dan garantías a los jueces, como los traslados con consentimiento y los procedimientos transparentes para ascender. “Son normas destinadas a proteger la carrera y la independencia de los jueces”, afirmó.
También señaló que la norma fue aprobada por unanimidad en el Senado y que contó con el apoyo de todos los partidos políticos. “No es una ley caprichosa, y se cuida de no invadir las competencias del Poder Judicial porque establece que la Corte será la encargada de reglamentarla”, añadió.
A juicio de Reyes, la Corte pudo haber implementado por sí misma cambios a la carrera judicial, pero nunca lo hizo. “Oportunidades para que la ley no fuera necesaria hubo un montón”, cuestionó. Sin embargo, una vez que se aprueba, “la objeción es que ese tema es suyo, no del Legislativo. Así, parecería que el mensaje es que no quiero cambiar nada, no quiero concursos, no quiero transparencia, está todo bien así”.
Reyes cuestionó a su vez la decisión de los ministros de iniciar una demanda de inconstitucionalidad que derivó en “un juicio de la Corte contra un gremio y sus integrantes”.
Además, advirtió sobre el comienzo de un nuevo conflicto institucional entre dos poderes del Estado. “Venimos de un conflicto serio con el Legislativo y vamos a meternos, ojalá me equivoque, en otra cuestión parecida por discutir hasta donde corresponde la iniciativa del Parlamento en el Poder Judicial”, objetó, y concluyó: “Nada de esto es deseable”.
