La Suprema Corte de Justicia y el juez Recarey

El pasado 19 de julio el diputado Felipe Schipani solicitó, en forma improcedente, a la Cámara de Representantes que se realice un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia sobre qué medidas se piensa tomar luego de la actuación del juez Alejandro Recarey, en relación con el fallo que suspendió la vacunación anti-Covid a niños menores de 13 años. Este “disparate” jurídico no puede ser excusa para no respetar la independencia de los tres Poderes del Estado. No empeoremos esta penosa situación. Ahora bien, quien esto suscribe y varios miles de ciudadanos más, no integramos ninguno de estos tres poderes, somos quienes en este sistema democrático delegamos en nuestros gobernantes y representantes la tutela de nuestros derechos soberanos y nos sometemos al arbitrio y dictámenes del Poder Judicial. Tengo por lo tanto, tenemos, el derecho a exigirle (ya no pedirle) a la Suprema Corte de Justicia que intervenga y nos informe y explique qué fue lo que sucedió. Si nos basamos en los dichos de prensa, las conclusiones que sacamos son: estamos ante una orquestada actuación judicial, se sospecha de una confabulación con fines poco claros; hubo un pedido expreso del juez para ejercer en el período de feria; el primer día del asueto judicial se presentan, al menos, dos solicitudes de amparo relacionadas con las vacunas anti-Covid; el grupo antivacunas hace vigilia en las puertas del juzgado; en forma urgente se intima a Presidencia y al MSP para que conteste 18 preguntas, extralimitándose en su requerimiento a lo solicitado en el amparo; sin tiempo para leer y estudiar las respuestas, en pocos minutos, se expide un fallo de 21 páginas, quedando en evidencia que ya estaba redactado (en mi pueblo llaman a esto prejuzgamiento). Luego el fallo revocatorio del Tribunal de Apelaciones nos informa que el abogado peticionante, Maximiliano Dentone, no cumplía con los requisitos legales ni de representatividad para solicitar el amparo. Esta semana este tribunal también se expidió revocando la sentencia sobre el recurso de amparo presentado por dos ciudadanas relacionado con los test para el ingreso al país. Si aceptáramos que fuera discutible el motivo de las solicitudes de amparo (que no lo es), sobre las potestades y legalidad de los peticionantes no hay dos opiniones, entonces ¿cómo fueron aceptados estos recursos? ¿Qué argumentos respaldan al juez para dar curso a estos “disparates” si no es algo preacordado? No sé si todos tenemos la misma percepción, pero muchos pensamos que estamos ante una situación catastróficamente grave, nos preguntamos si es posible orquestar actuaciones de la Justicia, si hay jueces que con soberbia o malicia pueden actuar en forma premeditadamente arbitraria. No solo están en juego nuestras garantías, la tutela de nuestros derechos, la certeza de ser ajusticiados con ecuanimidad y dentro de lo que marca la ley, está en juego la base que sustenta nuestra sociedad. Una pregunta que surge irremediablemente es la de saber si en el historial de este juez se repiten actuaciones como esta, si dentro de los 44 casos en los que se expidió, en forma por demás expeditiva, durante la pasada feria judicial no hay otros donde haya dudas sobre una actuación premeditada. El daño reputacional ocasionado al Poder Judicial por la actuación de este juez es, en estos momentos, incalculable en dimensión y consecuencias. Como ciudadano necesito, solicito y exijo que se aclaren en forma total las dudas que esta penosa actuación nos ha provocado. ¿Que será de nuestra convivencia si no podemos confiar en la Justicia? ¿Qué será de nuestra sociedad si desconfiamos de los jueces?