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Los recientes cambios en los aportes al Fondo de Solidaridad y su contribución adicional para las carreras universitarias de más de cinco años generaron sorpresa y malestar entre profesionales recibidos de la Universidad de la República (Udelar), de la UTU y de la Universidad Tecnológica (Utec). Muchos egresados cuestionan el actual diseño del sistema de becas, reclaman cambios e incluso plantean “eliminarlo”. Según dijo a Búsqueda el delegado del orden de egresados del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad, Federico Kreimerman, en la próxima sesión del CDC, el 7 de marzo, plantearán el tema y propondrán que se discuta en el Parlamento, en el marco de la aprobación de la Rendición de Cuentas. Es que, a juicio del orden de egresados, el Fondo “no contempla las desigualdades entre las carreras” y “funciona como una matrícula por haber cursado la Universidad pública”, lo cual “vulnera el principio de gratuidad de la enseñanza, consagrado en la Ley General de Educación”, dijo Kreimerman.
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Parte de las críticas de los egresados universitarios apuntan al diseño del sistema de contribución y también a la carga tributaria, que al tratarse de un aporte fijo sujeto a la duración de las carreras, se presta a desigualdades (Búsqueda N°1.905).
“Hoy el Fondo de Solidaridad se cobra únicamente por haber egresado de la Universidad, sin importar si uno ejerce o no la profesión, ni si tus ingresos están relacionados con la carrera estudiada. No distingue entre profesiones, solo toma en cuenta la duración de las carreras, cuando está claro, por ejemplo, que un médico o un ingeniero no gana lo mismo que un egresado de Bellas Artes. Esto refuerza la idea de que se trata de una matrícula al estudiante: te cobran por tener título expedido en la educación pública”, afirmó Kreimerman.
Agregó que “el Fondo es un tributo y una institución con persona jurídica de derecho público no estatal, con todo un aparato paralelo que acaba de resolver un aumento de 4% de la recaudación nominal del tributo adicional para financiar su estructura administrativa. Ese dinero, que alcanza ahora unos 15 millones de pesos anuales, también sale del bolsillo de los profesionales e incluye sueldos desmedidos”. El gerente general del Fondo cobra $ 247.759 y las gerencias departamentales $ 109.965, ejemplificó.
“A todas luces, el Fondo y su adicional resultan injustos, arbitrarios y sobre todo vulneran de hecho la gratuidad de la enseñanza pública, al cobrarnos por ser egresados universitarios. Por ende, deben ser eliminados”, sostuvo Kreimerman.
“Contradicción perversa”.
El Fondo de Solidaridad fue creado por ley en 1994 como un organismo no estatal basado en el aporte de los egresados de la educación pública terciaria para financiar un sistema de becas destinado a estudiantes de bajos recursos que buscan completar su educación universitaria, pero cuyas limitaciones económicas no les permiten cubrir los costos que exceden la gratuidad de la enseñanza.
Por año se destinan unos U$S 17 millones al sistema, que beneficia a unos 8.000 estudiantes, informó el presidente del Fondo de Solidaridad, Marcos Supervielle, según publicó “La Diaria”. Los becarios reciben 2 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), equivalente a $ 7.222.
Desde el 10 de enero de 2017 la contribución, que antes se hacía de forma anual, pasó a ser mensual. A finales de 2016 también se modificaron las franjas de aportes.
El sistema considera el ingreso de los profesionales para definir si deben contribuir. El mínimo para exonerar el aporte actualmente es de $ 28.888 nominales (8 BPC). Luego depende de la extensión de las carreras: si duran menos de cuatro años aportan 1 BPC anual; si se extienden entre cuatro y cinco años pagan 2 BPC, y si son de cinco o más años de estudio se debe abonar 2 BPC al Fondo de Solidaridad y 5/3 de BPC adicionales para obras de infraestructura de la Udelar.
La contribución es obligatoria a partir del quinto año de egreso de la Universidad y acaba transcurridos 35 años de aportes o con el cese de toda actividad remunerada por jubilación o enfermedad. Su impago contempla la inclusión en el clearing de informes, retenciones salariales y el embargo del patrimonio del contribuyente.
Según la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep), unos 6.000 egresados —la mayor parte de la Universidad de la República— ya fueron enviados al clearing por no aportar al Fondo.
“Este diseño del Fondo y su tributo adicional generan una contradicción perversa”, aseguró el delegado de los egresados universitarios. “Porque para un objetivo noble y solidario como las becas, se pretenden barrer principios tan importantes para los uruguayos como la gratuidad de la enseñanza, generando además grandes desigualdades en los aportes entre las áreas de especialización”, explicó.
Kreimerman planteó que “la solución pasa porque la educación terciaria pública se financie a través de un programa de becas que no dependa de un ente del Poder Ejecutivo, sino del sistema nacional de enseñanza y sus instituciones”. “Es inadmisible que la Universidad tenga un presupuesto tan insuficiente que necesite del cobro de una matrícula tardía de sus egresados, como es ese adicional creado en un contexto económico muy diferente al actual, que ya no tiene sustento”.
“Debería eliminarse y la Universidad recibir ese dinero como parte de su presupuesto genuino”, dijo. Y agregó: “Ambos problemas, el presupuesto para becas del Fondo y el dinero del adicional, quedarían solucionados si el gobierno nacional honrara el compromiso asumido de aportar el 6% del PBI a la Educación, base que la Universidad tomó en 2015 para elaborar su propio presupuesto sin necesidad de fijar una matrícula diferida a sus egresados. Tiene la oportunidad en la próxima Rendición de Cuentas”.
