Matilde Pacheco se casó dos veces. José Batlle y Ordoñez, dos veces presidente del Uruguay, su segundo esposo, pasó a la historia por haber promovido leyes que aseguraron derechos sociales, políticos y económicos de vanguardia, entre ellas el divorcio por sola voluntad de la mujer.
“Uruguay ya fue pionero en América Latina en abolir la esclavitud, aprobar la enseñanza laica, el divorcio, legalizar la prostitución. La separación de la Iglesia y el Estado tiene más de 100 años. Todo llega antes aquí. Y casi siempre marca el camino a los demás”, afirma, en contra del estereotipo, un artículo de El País de Madrid sobre el comienzo este mes de la venta de marihuana en farmacias.
Las resistencias no están solo en la oposición. Unos 100 años después del gobierno de Batlle, en 2013, la senadora Lucía Topolansky expresó poco entusiasmo por la “nueva agenda de derechos” promovidos por el gobierno de su esposo, José Mujica, que incluye el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y las acciones afirmativas para afrodescendientes: “No sé si es porque tengo 68 años, pero para mí el eje de la lucha sigue siendo la lucha de clases”, declaró entonces a Brecha.
Fernández Huidobro pensaba que la nueva agenda “no jode a nadie” y que “la izquierda se olvida de la lucha de clases”, lo que produjo el rechazo en su propio sector político, entre ellos de la integrante de la organización Ovejas Negras Valeria Rubino.
El diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) dijo a Búsqueda que su partido “apoya” la agenda de derechos. Sin embargo, aclara en seguida: “No confundimos eso con la revolución social, no cambiamos las banderas, porque no es lo mismo un matrimonio de Carrasco y uno de Casavalle”.
En una posición distinta, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) salió al cruce de las declaraciones del médico y militante de ese partido Álvaro Vázquez, quien la semana pasada sostuvo en Brecha opiniones que cuestionan al movimiento feminista y el aborto, y que defendió un “sustento biológico” de la homosexualidad.
“Somos militantes y constructores de la nueva agenda de derechos. Levantamos estas banderas. ¡Ni un paso atrás!”, tuiteó el PDC horas después de publicada la entrevista con el hijo mayor del presidente.
Lo de Álvaro Vázquez cayó como una bomba entre los democristianos que se afanan en reflotar el sector frenteamplista. El director de la Dirección Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y dirigente democristiano Matías Rodríguez advirtió a Búsqueda que las palabras de Álvaro Vázquez no representan al partido y, por el contrario, son “una opinión estrictamente personal”.
“Frágil como una pluma.”
El sociólogo Sebastián Aguiar, que suma en el paquete de la “nueva agenda de derechos” al tratamiento de la imputabilidad de los menores y la ley de medios, dijo a Búsqueda que lejos de la idea de que los cambios producidos son irreversibles, “al revés, se trata de avances muy frágiles, como una pluma”.
Aguiar puso como ejemplos las demoras en implementar la venta de marihuana en farmacias, el caso del cannabis medicinal, un asunto en el que aún “no hay absolutamente nada” y las dificultades que tienen a menudo las mujeres que deciden realizarse una interrupción del embarazo.
“Las atienden en lugares grises y subterráneos, de forma insidiosa y después las mandan para su casa con una pastilla”, dijo el sociólogo.
Ana Labandera, de la ONG Iniciativas Sanitarias, opina que aunque en este gobierno el tema no es una preocupación específica, “la mujer conoce la ley y usa los servicios”.
En cuanto a la regulación de la marihuana, Aguiar sostuvo que “si la ley se aplica bien, se podrán ver sus efectos, pero si se aplica mal, si la implementación no es perfecta no se sabrá si sirve”.
Un razonamiento parecido hace el ex director de la Junta Nacional de Drogas Julio Calzada. Según el actual director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, no es solo la Iglesia y la inercia de la burocracia estatal sino que también “hay resistencias de las corporaciones que se ven amenazadas en su rol social”.
Según Calzada, “para que cambie la idea de qué es lo sano y qué es lo enfermo tiene que pasar mucha agua bajo los puentes”.
El sociólogo Felipe Arocena tiene una visión más optimista: desde su punto de vista, en poco tiempo se han producido cambios notorios y “Occidente avanza por ahí”.
Números.
Las estadísticas acerca de interrupciones legales de embarazos indican que estos van en aumento. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, en 2015 hubo 10.509 abortos, mientras que en 2013 hubo 6.787 y en 2014 fueron 8.487.
En la página oficial del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) hasta el lunes 3 se habían registrado 4.539 personas para adquirir el producto en farmacias. Además, existen 6.908 autocultivadores y 63 clubes de membresía.
En cuanto a la aceptación del matrimonio igualitario no existen cifras oficiales. Los primeros casamientos de parejas del mismo sexo se realizaron en agosto de 2013 en Mercedes (Soriano) y Montevideo.
Según el Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay, con datos obtenidos en el censo de 2011, antes de votarse la ley que permitió las nuevas bodas, 2.778 parejas declararon estar en convivencia con personas del mismo sexo. Los técnicos estiman que en el censo existe un subregistro debido a que no todos declaran la convivencia homosexual.
El 67% de las parejas residían en Montevideo, el 62% eran varones gays y el 38% lesbianas. En cuanto a las edades, el 28,4% tenían entre 20 y 29 años, y el 47,2%, entre 30 y 44 años.
La ley dispone que el 8% de los que ingresan al Estado sean afrodescendientes (Búsqueda Nº 1.923).
Sin embargo, Miguel Pereira, técnico del Mides, explicó que si bien este año se logró cubrir solo el 1,78% (185 hombres y 88 mujeres) de los ingresos, fueron en mejores cargos y se pasó de 13 a 19 organismos.
Frenos e impulsos.
El director del Mides Federico Graña cree que “las nuevas normas son un aporte al cambio simbólico que condensa un proceso, pero para que la sociedad se apropie va a llevar un tiempo”.
Para la investigadora Mariana González, que hasta este año es directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Uruguay tiene características “muy contradictorias”, ya que “por un lado posee rasgos conservadores, por otro lado, debido al peso de la matriz batllista, ha sido pionera en cambios que destacan entre los países de América Latina”.
González recordó que solo el 8% concurrió a la convocatoria para derogar la ley de interrupción del embarazo de 2011, a pesar de que lo respaldaron todos los candidatos, entre ellos el actual presidente. Mencionó también que en 2012 el 65% de la población desaprobaba la regulación de la marihuana.
La académica concluyó que las leyes “son avances clave de la sociedad uruguaya”, pero que “son mojones en un recorrido que será, sin duda, largo y conflictivo hasta su consolidación”.
