N° 1976 - 05 al 11 de Julio de 2018
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Hay que poner varias cosas en su lugar. Es necesario, porque la seguridad pública no es un partido de fútbol sobre el cual algunos periodistas opinan sin fundamento para satisfacer a los hinchas. La seguridad tampoco integra los chismes del mundo del espectáculo cuyas noticias están destinadas a adeptos de segunda basados en personajes de tercera. La seguridad siempre está en la primera línea de importancia.
Lo dejó muy claro la contundente afirmación en El País del exministro de la Suprema Corte de Justicia, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique: “El país se ha convertido en una fábrica de delincuentes”. Es la única fábrica que diariamente aumenta su producción.
Por eso sorprenden confrontaciones como la ocurrida entre el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y su subsecretario, Jorge Vázquez.
Bonomi y Vázquez buscan llevar agua al molino del gobierno y salvar su responsabilidad desprestigiando a otros. Para ello cambian sus posiciones sobre la historia reciente e intentan desviar la atención de la realidad: esa de la fábrica de delincuentes que ellos mismos fomentan.
Para Bonomi la aplicación del Código del Proceso Penal ha determinado que en las cárceles haya menos presos de los que debería. Sostiene que eso lleva a que la población se angustie por su seguridad y responsabiliza a los fiscales y a los jueces. Cree que para evitarlo se debe modificar el código, que es necesario mayor severidad judicial, eliminar el principio de inocencia y poblar las celdas.
Ese argumento, replicó Díaz, disfraza la realidad, como si con más presos la seguridad aumentara su cotización a la suba. El titular del Ministerio Público señaló que Bonomi se mete en asuntos que no son de su competencia. Le recordó que “en este país el único funcionario público que puede privar a un ciudadano de su libertad ambulatoria es un juez, no el Ministerio del Interior”.
Luego de ese intercambio se informó que Díaz y Bonomi se reunieron para bajar los decibles. No me consta, pero aunque así fuera, ¿a quién le importa que bajen los decibeles? Nada cambia: las mentiras continúan siendo mentiras, las excusas, excusas, y la delincuencia campea aunque la quieran camuflar. Unos días después el ministro quiso enmendar su plana. Dijo que no responsabiliza a las corporaciones de jueces, fiscales o a la Policía por la inseguridad. ¿Quién es entonces el responsable? ¿Él? ¿El presidente Tabaré Vázquez? ¿El gran bonete? ¿La Parda Flora?
Cuando se acercan las elecciones, las balaceras verbales buscan engañar a incautos o a votantes distraídos. Una buena estrategia en esta época del Twitter, redes sociales, WhatsApp y frases simplonas. La mayoría solo incorpora expresiones aisladas fuera del contexto histórico y filosófico.
Cualquiera que oiga al ministro o al subsecretario puede pensar que si hay más reclusos, aumentará la seguridad. Una fantochada malintencionada para confundir. No digo payasada para no ofender a Piñón Fijo.
Un diagnóstico sensato lo dio en Radio Uruguay el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit: “La respuesta no puede ser tirarlos en una cárcel, que se encierren y que no salgan nunca más, porque eso es un búmeran que vuelve a la sociedad”, e insistió en la necesidad de mejorar las cárceles.
Lo más grave es que Bonomi y Vázquez escondan sus opiniones históricas. Así abusan de la memoria corta de la gente, pero la hemeroteca los desnuda. Desde el primer día de marzo de 2005, cuando asumieron como jerarcas del primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, agitaron posiciones opuestas a las actuales.
Al comenzar ese gobierno Bonomi era Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Vázquez prosecretario de la Presidencia. En su discurso de asunción el presidente anunció que buscaría solucionar “la seguridad pública en plena vigencia con los derechos humanos” y que al mismo tiempo buscaría una solución para el hacinamiento en las cárceles.
Sobre lo primero ocurrió exactamente lo contrario y sobre el hacinamiento, un enchastre: se votó la llamada ley de humanización del sistema carcelario. Entre el 30 de setiembre de 2005 y el 15 de mayo de 2006 salieron en libertad casi 800 reclusos que representaban el 10,4% de la población carcelaria.
En esa época a Bonomi y Vázquez no les preocupaba la filosofía que ahora defienden: menos presos, más inseguridad.
Cuatro años después, en 2009, el relator de Naciones Unidas Manfred Nowak los dejó KO. Denunció que el gobierno era omiso en mejorar el sistema carcelario: “Las cárceles de Uruguay presentan violaciones a los derechos humanos” porque los reclusos están en condiciones “infrahumanas” y esa situación coloca a las cárceles uruguayas “entre las peores” del mundo.
Al año siguiente el gobierno de José Mujica comenzó a estudiar cómo revertir esa denuncia. Bonomi y Vázquez eran respectivamente ministro y subsecretario de Interior y los responsables de las cárceles. Con la presión de Naciones Unidas Mujica impulsó un proyecto de ley para dejar en libertad a los reclusos que hubieran cumplido los dos tercios de su pena cuando se verificara un “hacinamiento crítico”.
De haberse aprobado, habrían sido liberados unos 2.000 reclusos sobre un total de 8.492 (hoy superan los 10.000). El proyecto no amparaba a los homicidas, violadores, o corruptos.
Cuando Bonomi y Vázquez respaldaron con entusiasmo esa frustrada iniciativa estaban de espaldas a la ecuación que ahora defienden: menos presos, más inseguridad.
Por otra parte, ambos tienen una larga experiencia en materia carcelaria desde ambos lados de la valla. Son gobernantes y fueron delincuentes. Fueron liberados por aplicación de la Ley 15.737 de marzo de 1985 que decretó la amnistía de todos los presos políticos condenados por delitos comunes y militares.
Bonomi, integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, estaba condenado por haber asesinado por la espalda al policía Rodolfo Leoncino. Este inspector era director de la Cárcel de Punta Carretas y resultaba molesto para los guerrilleros presos.
Vázquez integraba el OPR-33 (Organización Popular Revolucionaria 33, brazo armado de la Federación Anarquista) y fue condenado como jefe del grupo que secuestró al industrial Sergio Molaguero. Durante sus 69 días de cautiverio lo torturaron y drogaron. Ambos hechos ocurrieron en 1972 antes del golpe de Estado e intervinieron jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.
El ministro y el subsecretario desarrollan hoy una filosofía diferente sobre el régimen carcelario que en el pasado padecieron.
Desconcierta que defiendan la necesidad de que haya más presos. Si a alguien cercano a ellos, familiar o gobernante, le preocupa su estabilidad mental debería conminarlos a consultar a un neurólogo. Parecen sufrir amnesia y no se han dado cuenta.
