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A través de los medios, incluso en esta sección, el tema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios es recurrente. La caja está pasando por un momento muy difícil y se dan a conocer opiniones, especialmente, en relación con el proyecto de ley llamado “exprés” para superar la situación.
No hay duda de que se debería averiguar por qué un instituto hasta hace 10 o 12 años cómodamente solvente llegó a esta situación y determinar si hubo responsabilidades civiles o penales en le gestión sin excluir al Estado, que, por medio de sus representantes en el directorio (dos que, se dice, con los representantes de los afiliados activos formaban una mayoría permanente en la gestión).
El problema va más allá de los sueldos de los jerarcas y gerentes o de los directores rentados, si corresponden o no, eso no “mueve la aguja”, pero sí debería considerarse por razones de ética y equidad o simplemente de sentido común.
El sistema tradicional de la caja es un aporte ficto que aumenta cada tres años por categorías determinadas por los años de afiliación. Ese sistema debe mantenerse porque es fundamental para los que ejercen sus profesiones libremente, pero tiene el inconveniente de que los fictos sobre los que se determina el aporte pueden no tener relación con la realidad del ingreso de afiliado. Se prevé un mecanismo de opción para no ascender en la categoría, lo que influye en el monto de la futura jubilación. Este sistema debería ser en su totalidad opcional, que el profesional opte por aportar conforme a este o al ingreso que realmente factura en su ejercicio liberal, pero debe advertirse que el monto del aporte, sea real o ficto, siempre va a influir en el monto de la futura jubilación, monto en el que nadie piensa sino a partir de los 50 años.
El colectivo de los profesionales universitarios que comprende este instituto (todas las profesiones, salvo los escribanos) es muy grande y, si bien hay un gran número de atrasos en los aportes que deberían recuperarse por las vías que corresponda y hay un gran número de no afiliados por no ejercicio, debería considerarse:
1) Todos los profesionales que prestan servicios en relación de dependencia, en organismos e instituciones públicas o privadas, que están contratados o presupuestados por su condición de profesionales universitarios, ¿a dónde aportan? Tengo entendido que al BPS. Pues debería aportar (incluso el patrón debería aportar el aporte patronal) a la “caja profesional”. Muchos están declarando no ejercicio en la caja y ejercen su profesión aportando a otro organismo.
2) Existe otro colectivo que, sin ser profesionales, prestan su servicio a un profesional o a una persona que ejerce un servicio amparado por la caja, su trabajo no existiría sin esa profesión. Todos los empleados no profesionales de las clínicas médicas, odontológicas, institutos de asistencia, estudios jurídicos, contables, clínicas veterinarias, laboratorios de análisis y farmacéuticos, en general todos los empleados que cumplen una función que no existiría, repito, sin la profesión universitaria de quien son empleados, todo ese colectivo debería aportar a la “caja profesional”. La Caja Notarial ampara no solo a los escribanos sino también a los empleados de escribanías, a sus empleados, y, según tengo entendido, a los empleados no profesionales del Sistema Notarial de Salud.
Son elementos a tener en cuenta en la elaboración de la ley. Lo que es inadmisible desde todo punto de vista es que se grave el monto de las jubilaciones; no es ético porque está mal y tampoco es justo, desde el punto de vista natural, eso que se llama equidad. Hay quienes durante 30 o 40 años con mucho sacrificio aportaron lo que correspondía, privándose y privando a su familia de otras cosas para gozar al final de su vida de un bienestar y ahora, con retroactividad, gravan aquel aporte, origen de su jubilación actual. Esto vale también para el IASS, que va al BPS y que nada tiene que ver con lo amparado por esta y otras cajas paraestatales, que debería derogarse, gradualmente si se quiere, pero que, mientras exista el beneficiado, sea del instituto que lo descuenta.
También se ha dicho que hay muchas personas no profesionales que en algunos trámites deben pagar el llamado timbre profesional, que, lógicamente, es una fuente de ingreso del instituto. El Estado tiene sus representantes rentados en el instituto, bueno, es lógico que el Estado debe admitir que algunos ciudadanos no profesionales deban pagar esos timbres (sobre todo en declaraciones juradas), así como casi todos los ciudadanos pagan indirectamente el llamado aporte patronal que va a los costos del comercio y la industria y a través de las enormes partidas de los tributos que van a sostener el sistema de seguridad social sin ser, muchos, beneficiarios de estos.
