Cuando parece que la ostentación no puede ser más grotesca, los investigadores uruguayos encuentran un dato nuevo. Además de los autos de alta gama y los cientos de miles de dólares en efectivo, en la chacra del argentino Marcelo Balcedo las autoridades ubicaron ñandúes, carpinchos, vicuñas, llamas y otros animales exóticos. Estaba por cumplir el sueño de su zoológico propio.
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El caso del empresario de los medios y dirigente sindical argentino mostró a Uruguay, otra vez, como un engranaje de la maquinaria que facilita el movimiento del dinero sucio de la corrupción y el crimen organizado de la región. La noticia fue un golpe para las autoridades uruguayas porque dejó en evidencia fallas en los controles, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
Pero además, la detención de Balcedo el 5 de enero a pedido de la Justicia argentina se produjo pocos días después de que las autoridades mantuvieran una reunión en la que evaluaron con preocupación los resultados del combate al lavado de activos.
Es que la cantidad de procesamientos resueltos por la Justicia uruguaya por delitos vinculados al blanqueo de capitales cayeron a un “mínimo histórico” en 2017, explicaron informantes de la Torre Ejecutiva.
En 2013 los procesamientos por lavado fueron 26, cifra que se repitió en 2014, para después caer a 7 en 2015 y otros tantos en 2016, según las fuentes. La cifra del 2017, añadieron, es todavía menor a la registrada un año atrás.
La falta de procesamientos judiciales no responde a una disminución de las investigaciones ni de los mecanismos de control. Por el contrario, en los últimos años la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, dependiente de la Presidencia de la República, aumentó su número de funcionarios y también sus potestades.
A la vez, mediante sucesivos cambios en la legislación, se amplió la cantidad de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos de sus clientes. También se aumentaron los castigos para los incumplidores y se fortalecieron los equipos de inspección sobre los distintos sectores involucrados.
Los reportes no dejaron de crecer en los últimos años. En 2013 hubo 275 reportes, trepó a 286 en 2015, a 363 en 2015 y a 480 en 2016, según datos publicados por el Banco Central. El director de la secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo el miércoles 10 a El País que los reportes rondaron los 550 en 2017.
La amplia mayoría de ellos, de acuerdo con los datos históricos, provino del sector financiero. Las autoridades han sido muy críticas con el desempeño del sector no financiero, en particular escribanos e inmobiliarias, por la baja cantidad de denuncias.
Posibles motivos.
La caída en los procesamientos genera preocupación en las autoridades porque evidencia los problemas del sistema. Además, Uruguay será objeto de una revisión de los organismos regionales que controlan el cumplimiento de las exigencias internacionales en materia de lavado de activos, y las autoridades temen que los bajos números de procesamientos afecten la evaluación.
El país mejoró en forma considerable su desempeño en esa área durante los últimos años. En particular por haber adaptado su legislación a las exigencias internacionales. A fines del año pasado dio un nuevo paso en ese sentido gracias a que el Parlamento sancionó una nueva ley antilavado.
Para Espinosa, una de las modificaciones más importantes es la inclusión de la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos. Ese aspecto fue objeto de discusión en Uruguay por varios años y era una exigencia de los organismos internacionales (Búsqueda Nº 1.950).
El problema es que además de adaptar la legislación, las inspecciones estudian la efectividad del sistema de prevención y sanción. El descenso registrado en los procesamientos será un punto negativo para Uruguay, opinó uno de los consultados.
Al analizar los motivos de la caída, varios jerarcas consultados por Búsqueda lo atribuyeron, al menos en parte, a los cambios que hubo en las sedes especializadas en crimen organizado, que es donde se investigan los casos de lavado de activos.
En febrero del 2017 el fiscal general, Jorge Díaz, debió trasladar a la fiscal María de los Ángeles Camiño por cuestiones de salud. En su lugar asumió Luis Pacheco, quien en pocas semanas debió entrar en contacto con uno de los expedientes más complejos del juzgado: el “caso Ancap”.
Meses antes, Carlos Negro había asumido el cargo de fiscal de Crimen Organizado en sustitución de Gilberto Rodríguez.
A mediados de 2016, ambos juzgados de Crimen Organizado cambiaron sus titulares.
Pero además, la puesta en marcha del Código del Proceso Penal el 1º de noviembre, hizo que todas las causas abiertas antes de esa fecha se acumularan en una sola fiscalía, a cargo de Pacheco.
Las fuentes dijeron que los casos de lavado de activos son muy complejos y que los magistrados necesitan del apoyo de técnicos especializados, lo que a veces es difícil de conseguir.
Falta de controles.
Las autoridades están muy interesadas en que el caso de Balcedo tenga consecuencias judiciales en Uruguay. Es que en investigaciones anteriores, relacionadas con el rol de los uruguayos en el Lava Jato y la “ruta del dinero K”, la Justicia no resolvió procesamientos.
La Justicia argentina acusa a Balcedo de retirar millones de dólares de las cuentas del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), del que era secretario general. También lo investiga por lavado de activos y asociación ilícita, y estudia su vínculo con grupos de narcotraficantes.
La chacra de Balcedo, visible desde la ruta que llega a Piriápolis, está en el cerro del Burro y se llama El Gran Chaparral. Ocupa unas 90 hectáreas. En el operativo en el que resultaron detenidos el sindicalista y su mujer, se incautaron US$ 500.000, armas largas y cortas, y 14 vehículos de alta gama, entre ellos una Ferrari y un Camaro.
Además, incautaron las llaves de cinco cofres fort hallados en la casa, junto con una carta escrita a mano con detalles del dinero que había en cada uno de esos cofres, que podría ascender a US$ 7 millones, informó El País.
La Justicia identificó que Balcedo tenía otra mansión, que había comprado con anterioridad al Gran Chaparral. Sounión, el nombre de la propiedad, es una casona en Playa Verde que tiene un mirador con ascensor.
Las autoridades uruguayas investigan si los escribanos e inmobiliarias que participaron en las transacciones cumplieron con los controles de lavado de activos, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso. Además, analizarán cómo es posible que el argentino, que viajaba a Uruguay con asiduidad en avión privado, hubiese ingresado tanto dinero en efectivo al país.
