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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAl Consejo de la Facultad de Derecho
A la Coordinación de la carrera de Traductorado
A la delegación estudiantil al Consejo Directivo Central
A la delegación docente al Consejo Directivo Central
A la delegación de egresados al Consejo Directivo Central
Al Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
A la Academia Nacional de Letras
A la prensa y a la ciudadanía interesada:
El 16 de agosto pasado el coordinador de la carrera de Traductorado Público nos notificó de la publicación en el Diario Oficial del nuevo plan de estudios de esta carrera, radicada desde 1976 en la Facultad de Derecho (Udelar). En el mismo correo, dicho coordinador nos solicitó adaptar “los actuales programas a un formato semestral”. Este proceder es doblemente inconsulto y reñido con las tradiciones universitarias públicas, ya que el plan no fue objeto de un análisis o de un intercambio entre los docentes de la carrera, entre quienes nos encontramos los firmantes, docentes-investigadores provistos de las acreditaciones necesarias en materia de lengua y lenguaje (doctorados, maestrías, adscripciones, concursos de oposición y méritos, etc.) que hemos integrado esta carrera, inclusive en algunos casos luego de egresar de ella y de haber profundizado los estudios en otras instituciones universitarias. Por otra parte, años atrás varios de nosotros nos abocamos, junto con otros docentes, estudiantes y egresados, a la elaboración de un plan de estudios que debía renovar los estudios de traducción, ampliando sus miras y sus alcances, sin carga onerosa para el presupuesto universitario, ya que se trataba de aprovechar recursos ya existentes en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con el apoyo de cuyos decanos se contaba. De habérsenos consultado, podríamos haber señalado, procurando evitarlas, múltiples falencias y confusiones que empobrecen y empequeñecen lo que debería ser un plan de estudios universitario. En esta ocasión nos limitaremos a referirnos a la silenciosa eliminación, que este plan de estudios hará, de la prueba de español en el examen de ingreso a la carrera. En lo sucesivo, se pretende que el examen de ingreso solo consista en una prueba de la lengua extranjera elegida. La supresión de la prueba de español y el mantenimiento de la prueba de lengua extranjera se nutren de variados prejuicios y generan numerosos perjuicios. El prejuicio más arraigado supone que ser hablante de un idioma equivale necesariamente a tener un conocimiento sobre ese idioma, un conocimiento susceptible de ser formulado, transmitido, discutido, criticado. Adyacentemente se supone que, de todos modos, la reflexión sobre el idioma no modifica el “uso” que de él se hace. Ni en la hipótesis más instrumentalista —la lengua como instrumento de comunicación— cabe imaginar que el conocimiento reflexivo de la herramienta sea ajeno a lo que con ella se haga. Va de suyo que un traductor tendrá en el ejercicio de su oficio un trato privilegiado con la lengua y el discurso, propio y ajeno; en consecuencia, si el examen de ingreso pretende seleccionar a quienes ya tienen conocimientos lingüísticos, no se justifica que se dé por sentado que los candidatos a traductores solo podrían fallar en la lengua extranjera. Maestros y profesores de todos los niveles de enseñanza a diario comprobamos las dificultades experimentadas por los estudiantes, ya sea en la comprensión lectora, ya sea en la elaboración de una explicación, de un análisis, de un comentario. Como perjuicio más evidente, señalaremos la asimetría entre las lenguas que impone la eliminación de la prueba de español. Exigir a los candidatos que den pruebas de suficiencia en una lengua, y no en otra, entraña una jerarquía, puesto que la prueba valoriza lo que pone a prueba. De hecho, esto es lo que sucede en los estudios liceales, durante los que la enseñanza del español queda relegada a los tres primeros años (5 h, 5 h, 2 h, respectivamente), mientras que la enseñanza del inglés se extiende durante los seis años de Secundaria con una carga horaria de 4 h, 4 h, 3 h, 3 h, 3 h, 3 h, respectivamente. A esto se suma que la aplastante mayoría de quienes ingresan a Traductorado realizaron estudios de inglés privados de manera intensiva desde la infancia. La supresión de la prueba de español, coronación de su relegada existencia en la enseñanza uruguaya, confirma una jerarquía inaceptable para nosotros, lingüistas, hablantes de español, inglés, portugués, francés. No hay, no debe haber, lugar para esa jerarquía que, por muy imaginaria que sea, tiene efectos reales en los conocimientos de los estudiantes y en su disposición para percibir en el idioma español y en sus obras un objeto de estudio valioso. Lejos se está, con la eliminación de la prueba de español, de incrementarse la democratización de la Universidad de la República, ya que la prueba de lengua extranjera, abrumadoramente en inglés, solo favorece a quienes ya llevaron adelante estudios privados. Si el ánimo es “democratizar”, no se entiende que se prescinda del conocimiento del idioma propio y que se atienda el conocimiento del idioma extranjero. Como rasero igualador, es indefendible; por el contrario, so capa de “democratización” está defendiéndose, con el filtro del idioma inglés, el mercado jugoso de la traducción/interpretación. Va de suyo que, para el ejercicio del oficio de traductor/intérprete, el conocimiento reflexivo afianzado de la lengua materna es tan decisivo como el de la lengua extranjera. Como se dijo antes, ser hablante de un idioma no supone, necesariamente, su conocimiento reflexivo, por lo que también debe ponerse a prueba. De querer facilitarse el ingreso a los estudios universitarios, ha de tratarse, antes que de eliminar la prueba de español, de organizar cursos previos de nivelación, como por ejemplo organiza la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para quienes procuran ingresar a su carrera de Traductorado Público. De hecho, el propio plan entra en contradicción consigo mismo al, por un lado, eliminar la prueba de español en el examen de ingreso, dando así a entender que el estudiante recibirá conocimiento básico, y, por otro lado, declarar que los docentes de español deberán “profundizar” en lo que enseñen. No es coherente sacar la prueba de admisión puesto que esta supone “poseer” cierto conocimiento de base sobre el que se puede, precisamente, impartir conocimientos avanzados. Por lo tanto, eliminar la prueba asegura que haya que enseñar español desde niveles básicos, cosa que el plan de estudios expresamente rechaza por no ser tarea de esta carrera. Rutinariamente, entre otros socorridos prejuicios que fomenta este plan de estudios, se encuentra la expresa voluntad de adaptarse “a las demandas del mundo actual y a los cánones internacionales de la profesión”. En lo que concierne a la prueba de ingreso en lengua española, amén de en otros puntos, esta afirmación es falsa en varios casos. Por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UBA extiende el título de traductor público a quien concluya una carrera de cinco años y medio (el plan aprobado en Udelar supone cuatro años), en la que las materias jurídicas se cursan con los estudiantes de Abogacía. A estas diferencias, se suma la existencia de una prueba de ingreso en la lengua extranjera y en idioma español. La aprobación de la prueba de español es requisito indispensable para el ingreso a la carrera; como ya señalamos antes, la propia carrera brinda cursos de nivelación en español y en las lenguas extranjeras. Dicho de otro modo, en la UBA no dan por sentado que hablar un idioma y conocer un idioma sean lo mismo. (Tanto la carrera de Traductor Público como los cursos de nivelación para los exámenes de suficiencia en español son exclusivamente presenciales). Lo mismo sucede, en Buenos Aires, en Lenguas Vivas, institución pública terciaria en la que la enseñanza de la docencia y de la traducción coexisten; para el ingreso la prueba de español escrito es imprescindible. En la Universidad de San Pablo, Brasil, activísima en la práctica e investigación de la traducción, el examen de ingreso a la universidad, muy severo, incluye el conocimiento del portugués. En México, en la Universidad Autónoma de México (UNAM), el ingreso a los estudios de Traducción requiere, como para el conjunto de las carreras universitarias, nota de promedio 7 y un examen de ingreso general en el que se interroga sobre “conocimientos y habilidades adquiridas” en los estudios secundarios. El contenido de las preguntas de este examen de ingreso varía dependiendo del área de la licenciatura; aprobado este examen, se realizan pruebas en la lengua extranjera. Existen cupos, por lo que para Traducción pueden presentarse 1.324 estudiantes e ingresar solamente 17 (año 2019), por la combinación de cupo y de aciertos en las respuestas. Finalmente, en la Universidad de Chile, las pruebas de admisión son sobre competencia lectora, matemática, historia y ciencias sociales. Dicho de otro modo, de un extremo a otro del continente y del arco ideológico, pero siempre en importantísimas universidades de grandes centros traductores —Buenos Aires, Ciudad de México, San Pablo, Santiago de Chile—, en todos los casos y por las razones que sea, no es concebible una prueba de ingreso que prescinda de probar los conocimientos en lengua española (o portuguesa en Brasil). Análogamente, en la Escuela Universitaria de Música (Udelar), tampoco se asimila la condición de oyente dotado de oídos con el conocimiento reflexivo del lenguaje musical, razón por la cual la Escuela Universitaria de Música estipula para ingresar “una prueba de competencia musical general en aspectos relacionados con la formación auditiva, la lectura y escritura musical, y la teoría de la música; esta prueba será común para el ingreso a todas las opciones de las dos Licenciaturas”. Salta a la vista, entonces, que suprimir la prueba de español del examen de ingreso a Traductorado Público está muy lejos de constituir una adaptación “a las demandas del mundo actual y a los cánones internacionales de la profesión”, tal como el nuevo plan de estudios declara ambicionar. Pedimos en consecuencia que las autoridades competentes obren para que vuelva a implementarse la prueba de español en el examen de admisión a la carrera de Traductorado Público.
Alma Bolón, Adriana Cabakian, Santiago Cardozo, Macarena González Zunini, Mayte Gorrostorrazo, Marcelo Taibo