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    La cronología

    Abril de 2016. El Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército negó el ingreso al país de 750.000 balas calibre 9X19 de punta blanda (JSP, por su sigla en inglés) para la Policía Nacional porque viola el artículo 14 del decreto ley 10.415 de 1943. 

    Mayo de 2016. La Aduana de Rivera dio ingreso a un cargamento de 18 pallets y 17 tambores importados por el Ministerio del Interior en el que estaban las 750.000 balas no autorizadas.

    Julio de 2016. El fiscal de gobierno de 1er Turno Daniel Borrelli opina que se podría autorizar la importación “en forma excepcional”. Interior buscó, sin éxito, en la Rendición de Cuentas importar sin pasar por Defensa.

    Noviembre de 2016. Tabaré Vázquez firma una resolución de gobierno en la que autoriza “en forma excepcional” la importación de las balas que habían ingresado en mayo.

    Diciembre de 2016. El artículo 15 del decreto reglamentario 377 dispone, entre otras cosas, que los proyectiles de deformación controlada (JSP) “serán de uso exclusivo de la Policía Nacional”. 

    Junio de 2017. El ministro del Interior Eduardo Bonomi envía al Senado una respuesta a un pedido de informes del senador blanco Javier García donde afirma que “nunca existió una resolución expresa del SMA prohibiendo el ingreso de la munición”. 

    El director de Aduanas, Enrique Canon, dispuso una investigación administrativa por la ausencia de control por parte del SMA.

    Octubre de 2017. El senador Javier García solicitará la comparecencia en comisión de los ministros de Interior y Defensa.