La delincuencia (I)

3. Los derechos de las víctimas de la inseguridad pública. Cuando el primer derecho no puede ser razonable y generalmente satisfecho por el Estado, en general, la comunidad nacional comienza a vivir como lo está haciendo ahora, selváticamente. La convivencia social se transforma en una peligrosa y azarosa aventura, similar a la vida selvática en la que se vive en una constante situación de zozobra y riesgo de vida o de sufrir lesiones. Y a su vez, cuando esta situación de riesgo se plasma en una impresionante y continuada sucesión de muertes, lesiones, hurtos, rapiñas, etc., las víctimas de esta situación generalizada (incluyendo en caso de muerte a sus familiares) tienen el derecho de ser indemnizados, consagrado en otra de las disposiciones constitucionales clave de la Constitución como es el Art. 24 que, en lo medular, dice: “El Estado… y en general todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección”. Es decir que se consagra —para situaciones muy variadas— el derecho ilimitable legislativamente, para el caso de las víctimas de la inseguridad pública, de ser indemnizados por los daños causados debido a la incompetencia de las autoridades públicas en la ejecución del servicio o de los servicios destinados a asegurar el orden y la seguridad pública. Pienso que están presentes en estas situaciones actuales (como —entre muchas otras— el reciente homicidio a sangre fría del dependiente de “La Pasiva” de 8 de Octubre), los elementos esenciales que hacen a esta responsabilidad patrimonial del Estado de indemnizar a las víctimas y, en su caso, a sus familiares. Aún en la concepción jurídica predominante en los tribunales, que exige la concurrencia del elemento ilicitud de la actividad estatal dañina, conjuntamente con la verificación del daño a la víctima y, entre ambos, el nexo de causalidad que permita atribuir al Estado la causación del mismo para indemnizar, parece claro que debe reconocerse por parte de quienes vayan a evaluar este derecho de las víctimas a ser reparadas por los daños sufridos, la existencia de un estado generalizado de inseguridad que el Estado no ha podido controlar ni menos comenzar a revertir (lo que seguramente le llevaría —en el mejor de los casos— mucho tiempo). De modo que el elemento ilicitud por incumplimiento del Estado con este fin esencial de mantener el orden y la seguridad pública, en general, está presente en cada una de estas desgraciadas situaciones.

4. Conclusión. A todos nos resulta de imperiosa necesidad que el Estado cumpla con su fin esencial de mantener la seguridad y el orden público. Pero mientras no lo haga y se continúen generando víctimas dañadas por el estado de inseguridad generalizada y permanente en que vivimos, debería proveerse mediante ley nacional a la reparación de sus victimas. Por lo menos, por dos razones: primero, porque la mayoría de las víctimas no son el tipo de personas dispuestas a reclamar judicialmente la reparación del daño causado, entre otras razones, para no correr con los tortuosos, cada vez más azarosos y dilatados trámites que actualmente conlleva una acción reparatoria contra el Estado Uruguayo (por varias causas entre las que destaco la explícita o implícita influencia del Poder Ejecutivo sobre el financieramente dependiente Poder Judicial); y segundo, porque debe garantizarse, sin perjuicio de la debida intervención y control jurisdiccional en la aplicación de la ley, que quienes acrediten haber sido víctimas de la inseguridad sean lo más rápidamente posible indemnizadas, conforme a los parámetros que deberá establecer la ley de conformidad con el principio de raíz constitucional de la “reparación integral del daño”.