La delincuencia y la Constitución

En este aspecto, el gran omiso y responsable es el gobierno, que no ha sabido entender o comprender lo que la sociedad está padeciendo y actuar en consecuencia.

Creemos que no es acertado introducir en una Constitución rígida, como la nuestra, normas de naturaleza legal para regular situaciones cambiantes, de acuerdo a una realidad socioeconómica variable, que tiene como consecuencia que cada vez que esta situación se quiera modificar en uno u otro sentido, habría que acudir a una nueva reforma.

En la situación en que nos encontramos requiere que el gobierno tome en forma urgente las medidas necesarias. No podemos esperar hasta las elecciones para ver si con la aprobación de la reforma sobre los menores aparecen las soluciones. Cada día que pasa se agrava más la situación.

Por esto decimos que le debemos exigir al gobierno, que es el responsable en todo sentido por tener la mayoría en ambas Cámaras, que a través de una ley se modifique el Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 17.823). Dicho código fue aprobado en setiembre de 2004. Se trata de un código que fue inspirado en el llamado “Código Holandés”, país de primer mundo con una realidad económica y social que nada tiene que ver con la nuestra.

En este Código, donde se regula la responsabilidad penal de los menores y adolescentes, es urgente su modificación para permitirles a los jueces aplicar sanciones más gravosas, ya que con las normas vigentes la privación de libertad de los menores infractores es la última medida que puede tomar el juez y, en el caso de los delitos graves, no puede ser limitado el derecho a libertad por más de cinco años. En la práctica la consecuencia es que si a un menor se le aplica la sanción máxima de cinco años, cumpliendo ciertas condiciones obtendrá la libertad al cumplir la mitad de la pena, sin perjuicio de que antes el juez pueda hacer lugar a la libertad provisoria.

Naturalmente que estamos frente a un derecho positivo totalmente permisivo y fundamentado en otra realidad que no es la actualidad.

Decimos que la responsabilidad es del gobierno por las concepciones equivocadas que manejaron sobre la inseguridad desde la época de los ministros del gobierno de Vázquez a la actualidad. Comenzaron por liberar a los presos como forma de mitigar el hacinamiento carcelario, derogaron el decreto 690/80 que permitía que la Policía solicitara el documento de identidad en determinadas situaciones. Todo esto enmarcado en una postura equivocada que desde siempre sostuvo el partido que nos gobierna de que la inseguridad estaba relacionada únicamente por las condiciones económicas. Hoy la economía crece, hay más trabajo y también aumentan los delitos.

Al mismo tiempo, la situación de los menores y adolescentes infractores se agrava y representa un peligro para la sociedad, porque los organismos encargados de su reclusión no son lo suficientemente eficientes para evitar las permanentes y continuas fugas que se producen. Problema este administrativo y de gestión que nada tiene que ver con la Carta.

Es otra barbaridad que sea el Inau el mismo organismo encargado de recluir a los infractores y a los niños desamparados; esto también debería modificarse.

Por lo anteriormente expresado es que compartimos las preocupaciones de la mayoría de los uruguayos sobre la inseguridad que nos afecta a todos.

Entendemos que sería más adecuado reformar la Carta para modificar el artículo 80 numeral 3, que prescribe la suspensión de la ciudadanía por no haber cumplido los 18 años. Basado en el mismo criterio, sería lógico que hoy toda persona de 16 años, además de ser penalmente responsable, por la madurez que tienen, podrían ejercer sus derechos como ciudadanos, votar, trabajar, etc.

Dr. Sebastián Pintos Migues