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En los últimos días se conocieron las cifras oficiales respecto al comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2018, así como las cuentas fiscales a febrero. Aunque ambos datos podían ser esperables, plantean un panorama crecientemente preocupante.
Los datos de PBI mostraron que la economía uruguaya virtualmente no crece desde el primer trimestre del año pasado, y si el ejercicio cerró con una expansión de 1,6% frente al promedio de 2017, fue gracias al buen comportamiento de enero-marzo. Y aunque el ciclo de crecimiento se estiró a 16 años, dicha tasa fue la menor desde 2015 (0,4%).
La particular secuencia que tuvo el comportamiento del Producto durante el año pasado lleva a que el “arrastre estadístico” para el 2019 sea casi nulo, lo que constituye una mala base sobre la que construir una nueva expansión de la actividad económica este año. A eso debe agregarse el impacto de la mala temporada turística; la caída de 5,2% en las exportaciones de bienes en el primer trimestre; la contracción de la producción del “núcleo” de la industria manufacturera, y la disminución de la actividad comercial.
Los únicos factores que podrían apoyar algo el crecimiento serían el inicio de las obras del Ferrocarril Central, algún proyecto de participación público-privada, además del tradicional incremento de la inversión pública que suele darse en todos los años electorales. En todo caso, es muy difícil pensar que todo esto permita compensar la retracción del gasto de consumo e inversión en el sector privado (el nivel de inversión privada el año pasado fue el menor desde 2004). Por tanto, proyectar un aumento del PBI de 1% o más para 2019 luce como una quimera; en las circunstancias actuales, cualquier cosa puede ser mejor que una contracción.
Por otro lado, el estancamiento del nivel de actividad está acelerando la tendencia al deterioro de las cuentas públicas. El déficit del sector público en su conjunto y dejando de lado el efecto de la ley de “cincuentones”, pasó de 4,1% del PBI al cierre de 2018 a 4,5% en los 12 meses a febrero.
Claramente, las proyecciones de ingresos que venía manejando el gobierno han quedado totalmente obsoletas, tanto por la menor expansión de la economía del año pasado como por el menor crecimiento que habrá en este año. Si el “austero” (según la visión del equipo económico) aumento de gasto que temerariamente se aprobó en la última Rendición de Cuentas se materializa, y si lo mismo ocurre con el gasto vinculado al proceso electoral (básicamente vía aceleración en la ejecución de obra pública), es altamente probable que hacia mediados de este año —o en el tercer trimestre a más tardar— el déficit supere el 5% del Producto.
Si bien el gobierno tiene “caja” como para llegar al final de su mandato sin grandes urgencias financieras a pesar de un déficit mucho más alto del previsto (por ahora, la proyección de las autoridades para este año es un déficit de 2,8% del PBI), no parecen evitables las consecuencias negativas sobre el “riesgo país” (que subirá independientemente de que las calificadoras mantengan o no el investment grade durante el año electoral); sobre la competitividad (porque un mayor déficit y gasto público financiado con más deuda tiende a presionar a la baja el tipo de cambio real y la competitividad y rentabilidad de los sectores productores de bienes transables); en las decisiones de gasto e inversión del sector privado (que es quien, en última instancia, tendrá que pagar más impuestos en el futuro por la acumulación de deuda de estos últimos años), y, finalmente, sobre muchas empresas, que continuarán achicándose o directamente cerrando al no poder soportar la creciente presión tributaria —explícita e implícita— vía tarifas públicas y el impacto negativo del atraso cambiario acumulado.
Continuar por el actual camino no solo llevará a que, en el mejor de los casos, este año sea sumamente mediocre en materia económica, sino que comprometerá de manera significativa al que viene, donde un nuevo gobierno —sea del color político que sea— no tendrá más remedio que encarar un giro para encauzar una dinámica de crecimiento, competitividad y en las cuentas fiscales, que son claramente insostenibles en el tiempo. El costo de la actual inacción no solo no se podrá evitar, sino que será muy caro.
