La energía eléctrica es un “derecho humano” y por eso “es preferible” subsidiarla a que haya hogares sin luz, opina director de UTE

Del 2013 a la fecha UTE regularizó 13.176 hogares. La cifra ha ido creciendo año a año y en 2017 se situó en 5.291 viviendas. Para 2018 esperan regularizar 6.000 más y otras 7.000 para 2019. La política del ente se basa en que las regularizaciones se hacen por barrios, ante lo cual buscan convencer a todos los que residen en esa zona de que deben pasarse “a lo legal”.

Del total de conexiones habilitadas este año, 1.388 corresponden a Montevideo y 3.903 al interior del país. Según los datos oficiales, el número de regularizaciones superó ampliamente la meta prevista, que era de 4.550. Para este 2018, el ente prevé llegar a 6.000 nuevas conexiones.

“Vamos trabajando por barrios y para que todos entiendan la necesidad de regularizarse, hay asistentes sociales y técnicos de UTE”, explicó Sosa. Para el jerarca es una solución donde “todos ganan”, porque “antes esas conexiones representaban un 100% de pérdida para UTE y eran pagadas por todos los clientes”.

“Ahora, si bien el precio es menor a la tarifa común, existe un pago”, sostuvo. Según los datos oficiales, el 79% de los usuarios que fueron regularizados “se mantiene en el sistema pagando”.

Durante 2017 UTE regularizó 59 barrios de los 86 en los que venía trabajando. El costo de esta regularización estuvo en el entorno de los US$ 5,5 millones. Esa cifra incluye los materiales, el montaje y los aportes vinculados al BPS por la obra civil.

Subsidios diferenciados.

El promedio de consumo en estos hogares regularizados es de 200 kWh mensuales. En cada caso se estudia la situación particular de los hogares. Actualmente UTE dispone de la tarifa residencial simple (TRS) y la tarifa de consumo básico (TCB) que son las que se aplican en la mayoría de los hogares. Luego cuenta con tres tarifas subsidiadas: la TCB-T que es para los usuarios que tienen la tarjeta Uruguaya Social, la TCB-T6 que es para aquellos que tienen la tarjeta Uruguay Social y son seis o más integrantes, y la TCB-D que es una tarifa de consumo básico definida por el directorio de la empresa para los hogares situados dentro de barrios de contexto vulnerable y se los quiere regularizar.

Así, ante un consumo de 200 kWh al mes un hogar con TRS pagará $ 1.600, uno con TCB $ 1.103, los hogares con tarifa definida por el directorio (TCB-D) pagarán $ 659, los que tienen la tarjeta Uruguay Social $ 558 y aquellos con tarjeta y seis integrantes $ 288.

En un consumo mínimo (menor a 100 KWh al mes) un usuario con TRS paga $ 749 mientras que uno con TCB-T6 paga $ 35.

“Hay una reducción importante en algunos hogares, pero apostamos a ganar una costumbre de pago y formalización. Los subsidios han existido toda la vida. Hoy también hay exoneraciones y beneficios para sectores como el lechero y otros del campo, porque se entendió que a nivel país era necesario hacerlo”, dijo el jerarca.

Para 2018, en el marco de su proyecto de inclusión social, UTE incorporó una “matriz de selección de barrios”, que es una herramienta metodológica diseñada por técnicos de la empresa que permitirá “una más eficiente selección de las zonas y población a intervenir”, explicó Sosa.

Tarifas obsoletas.

Sin embargo, para Sosa hay que seguir aggior­nando el pliego tarifario para que sea más individualizado. “Creo que el régimen de tarifas que hoy tenemos está anticuado y tiene que reverse en algunos puntos. Por ejemplo, debería tomar en cuenta que no es lo mismo un hogar donde viven dos personas que donde viven 10”, dijo el director.

“Las tarifas doble horario y triple horario están obsoletas, tenemos que ir hacia un régimen de tarifas que sea cada vez más individualizado”, agregó.

Sosa también explicó que hay un subsidio indirecto en la tarifa única que se cobra en todo el país sin discriminar por los costos de conexión, que son más caros en zonas con poca densidad de población o alejadas del tendido eléctrico.

“Si se le cobrara a cada uno la energía de acuerdo a los costos, habría distintas tarifas, pero eso no sería equitativo”, dijo el jerarca, y agregó que UTE trabaja en dos objetivos para alcanzar el 100% de la electrificación en el país (resta apenas el 0,02% de la población).

“Uno es la integración social que busca que todos tengan acceso al servicio y que tiene que ver más con las zonas rurales y los hogares que hoy no están conectados a la red. El otro aspecto es la inclusión social, donde se busca regularizar hogares y barrios que hoy están colgados al sistema en condiciones muy peligrosas y con un servicio deficiente”, agregó.

Sostuvo además, que la política está destinada a durar “varios años” porque para lograr la regularización “se requiere más que una conexión correcta”, “una cultura de pago y formalismo”.

Sosa cree que una de las ventajas que tiene este proceso es que también “dignifica” a los usuarios porque les entrega una identidad que antes no tenían: “En muchos casos para conseguir un trabajo te piden una factura, saber que tenés un domicilio establecido y que pagás una cuenta, eso no es menor para mucha gente”, agregó.