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    La estatización de YPF

    Sr. Director:

    Zigzagueos petroleros. A no pocos observadores les habrá sorprendido la mayoría abrumadora de votos que consiguió la presidente Cristina Fernández de Kirchner para lograr la expropiación de las acciones que Repsol tenía en la empresa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), una bandera más del nacionalismo que se agita en la Argentina. De hecho, los kirchneristas hicieron circular con presteza un afiche que rezaba YPF: Yrigoyen, Perón, Fernández (de Kirchner).

    Esta medida política, que se la presenta como una epopeya más del kirchnerismo en su visión tan singular de lo que es “nacional y popular”, ha sido votada por el mismo partido que, hace poco más de un decenio atrás, privatizaba YPF.

    Estos zigzagueos, a los que son tan propensos los políticos argentinos, tienen raíces en el pasado siglo.

    Ya la Unión Cívica Radical —que en esta ocasión acompañó en el Congreso a la iniciativa gubernamental— levantó la bandera de la “nacionalización” cuando recién comenzaba la exploración y explotación petrolera en Argentina. Pero primero debe aclararse que, al igual que en el derecho que alimenta a toda América Latina, el subsuelo era y es estatal, a diferencia de la tradición privatista anglosajona.

    La empresa estatal YPF fue creada por un presidente radical, Marcelo Torcuato de Alvear, a instancias del general Savio, como una medida más encaminada a asegurar la provisión de petróleo para el Estado en caso de una contienda bélica, en los años veinte. No obstante, se hacían concesiones de exploración y explotación, ya que los costos eran elevados, aún para una economía próspera como la argentina de aquella época. Pero en 1927, en plena efervescencia electoral por la campaña de Hipólito Yrigoyen para lograr su segunda presidencia, los radicales yrigoyenistas —autodenominados “intransigentes”— alentaron la “nacionalización”. ¿Qué significaba esto?

    La República Argentina de aquel entonces tenía sólo catorce provincias y el distrito federal, por lo que la Patagonia y regiones como El Chaco y Misiones eran “territorios nacionales”, administrados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Otras provincias petroleras, como Mendoza y Salta, eran gobernadas o bien por radicales no yrigoyenistas, o bien por los conservadores, con lo que eran los gobiernos provinciales los que cobraban las regalías por la explotación en manos de empresas privadas. La nacionalización que propuso Hipólito Yrigoyen fue, ergo, que las regalías pasaran a ser del Estado nacional, en detrimento de gobiernos provinciales que no eran de su misma fuerza política, fortaleciendo el centralismo presidencial. La “Y” yrigoyeniana de YPF, pues, puede ser puesta en tela de juicio.

    Juan Domingo Perón, coronel del Ejército argentino que participó activamente en el golpe de Estado al gobierno constitucional de signo conservador en 1943, fue parte de un proyecto para imponer las ideas del nacionalismo católico como parte de una cruzada contra el liberalismo, el laicismo, el socialismo y el feminismo, todos ellos “sinónimos” de inminente revolución bolchevique en las pampas. Tras ascender vertiginosamente a las más altas funciones en este gobierno de facto —llegó a ser, simultáneamente, secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente—, logró ganar los comicios generales de 1946 con un conglomerado heterogéneo de fuerzas que lo apoyaron. Así creó el Partido Peronista desde el poder, sentando las bases para un régimen hegemónico y estatista. En 1949, en consonancia con sus ideas nacionalistas y convencido de la inminente tercera guerra mundial, reformó la Constitución —que le impedía la reelección consecutiva— con un texto que prohibía tajantemente la inversión extranjera de los recursos energéticos. Sin embargo, será el mismo Perón —como en incontables ocasiones a lo largo de su agitada existencia política— el que llegará a propiciar la inversión de la Standard Oil en el subsuelo patagónico, necesitado de capitales frescos que exploraran las fauces tan soberanamente custodiadas. Y para ello impulsó y logró la aprobación del Congreso, en 1954, de la ley que habilitaba la reforma constitucional —la misma que propiciaba la separación de Iglesia y Estado— pero que quedó en el olvido por el golpe de Estado de 1955.

    Paradojas de los zigzagueos petroleros, es que el político radical Arturo Frondizi se opuso con vehemencia a esta innovación de Perón, pasión nacionalista de la que supo desdecirse al ganar la Presidencia con un suspicaz apoyo peronista en 1958 e impulsar los contratos petroleros, tras cruzar convenientemente el río Leteo —el que borra la memoria— de las elecciones.

    La “Y” de Yrigoyen, pues, encubría la búsqueda del centralismo; la “P” de Perón, las idas y venidas de quien gustaba de ocultar sus cartas en el truco de la política y ser Benito, Mao y León Herbívoro para quien quisiera creerle.

    La “F” de Fernández, bien documentado está, es obra de una maniobra del momento, ya que una política de tal magnitud no sólo debería haber sido expuesta en la campaña electoral, sino que el propio Néstor Kirchner aplaudió la privatización siendo gobernador de la patagónica Santa Cruz en los años noventa, durante la Presidencia peronista de Carlos Menem.

    YPF, al igual que los archipiélagos australes de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, obnubilan al ciudadano argentino como causas irredentas, como si fuesen pedazos vivos de un cuerpo que no puede desplegar todas sus ambiciones sin esas partes esenciales. ¿Qué quedará de esta expropiación? El derecho de propiedad, cada vez más dañado, sufre un grave retroceso, tal como cuando incautaron los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y el poder central se vuelve cada vez más poderoso, menos transparente y casi sin control de una oposición más atenta a las encuestas del humor inmediato que a las decisiones fundamentales.

    Ricardo López Göttig

    Doctor en Historia, escritor y profesor universitario