La Biblia y el calefón. Por diversos episodios de la política nacional, se ha instalado en el debate público, ya sea en los actores políticos como en los medios de difusión, el tema de la ética en las conductas públicas de los gobernantes en sus distintos niveles.
Comencemos por definir que la ética es una ciencia normativa que refiere al estudio de las acciones y conductas humanas, de acuerdo al deber ser, íntimamente ligada a los valores.
De acuerdo con lo expresado por Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, “una persona puede ser más moral o menos según determinados códigos, pero todas tienen una estatura moral” y continúa: “Podemos apostar por hacerla fecunda, por sacarle un buen rendimiento, o dejarla como un terreno inculto”. (1)
En definitiva, tiene que ver con las conductas humanas. Me refiero específicamente a las conductas en el plano político, concretamente aquellas acciones evaluadas según los códigos de la ética y la moral. Es eso lo que hoy implícita o explícitamente está en debate, a partir de una serie de hechos presuntamente de corrupción que se están ventilando públicamente.
Sin duda, es en este aspecto que la opinión pública percibe una lenta decadencia, quizá imperceptible para muchos, de la ética en el accionar político.
Creemos que eso no solo se manifiesta en eventuales episodios de corrupción, sino también en diversas conductas que se reiteran y que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a aceptar como normales en el acontecer político.
Trataremos de repasar sin ningún orden de prelación algunos casos de esas conductas que entiendo rompen códigos éticos y que socialmente creíamos aceptadas por los ciudadanos.
1.- El abuso en la disposición de dineros públicos con fines personales. El caso del uso de la tarjeta corporativa para gastos personales por parte del vicepresidente, es paradigmático, no solo por el hecho en sí mismo, sino por la protección que a nivel político ha recibido de ciertos sectores del partido de gobierno. Se propuso eliminar la tarjeta corporativa, como si con ello se eliminara el abuso; poco importa el instrumento, pues el hecho se puede repetir con cualquier instrumento financiero.
2.- El mismo abuso se repite, asociado a la gestión de gobierno. Muchos han sido los casos, pero me detendré en el reciente del Hospital de Rivera, donde su director usó fondos destinados presupuestalmente a otros fines para contratar funcionarios, que seguramente beneficiarían su gestión como director. La mayoría del Directorio de ASSE lo apoyaba, incluyendo su Sra. Presidenta, quien pertenece al mismo sector político del director. Si no fuera por la firme actitud del presidente de la República, quizás dicho director aún permanecería en el cargo.
3.- El realizar inversiones y/o su financiamiento, sin analizar a fondo su viabilidad y sin medir sus riesgos, partiendo de la base de que se están utilizando recursos públicos que ha aportado la ciudadanía a través de impuestos. Los casos de Ancap, Gas Sayago y el Fondes son paradigmáticos. En el primer caso se han realizado inversiones que en algunos casos son inviables, más allá de eventuales casos de delitos que están en manos de la Justicia. En el segundo caso, el gobierno se embarcó en un emprendimiento sin tener la certeza de la comercialización del gas a la Argentina, quedando el proyecto paralizado sin saber si tendrá o no continuidad. Finalmente, el Fondes, cuya financiación a emprendimientos fue otorgada por motivaciones políticas, que tuvieron un final esperado; por ejemplo, Alas U. No nos podemos olvidar del manejo inadecuado de los recursos financieros de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de gobiernos anteriores.
4.- Las exportaciones hacia Venezuela, realizadas a través de una empresa vinculada al sector político del expresidente Mujica.
5.- El ejercicio de posición dominante por parte de los monopolios, sean públicos o privados, son moralmente inaceptables. Pues bien, en nuestro país los monopolios de Antel y Ancap, han ejercido dicho poder. Antel en diversas oportunidades lo ha realizado con su monopolio de la transmisión de datos por Internet y recientemente Ancap con su política de precios de los combustibles para financiar el endeudamiento provocado por la gestión de la anterior administración.
6.- Las viviendas sindicales, vinculadas al PIT-CNT. La maniobra consistió en pedir a los eventuales desarrolladores de los proyectos de vivienda adelantos para diversos gastos, como la compra de un terreno. Los proyectos nunca se concretaron.
7.- El recurso de utilizar la publicidad del sector público ha sido reiteradamente utilizado por todos los gobiernos, especialmente para publicitar sus logros con la cercanía de los actos electorales.
8.- La financiación del gobierno central con los excedentes que generan las empresas públicas monopólicas, una práctica de todos los gobiernos desde la restauración de la democracia, es una forma de encubrir los déficits del gobierno central, quien debería financiarse con los recursos genuinos de los impuestos.
9.- La conducta asumida recientemente por diversos actores políticos y sindicales con respecto al gobierno venezolano. Creo que no deja ninguna duda que el gobierno bolivariano es definitivamente una dictadura; ha traspasado todos los límites. Sin embargo, el MPP, el Partido Comunista y el PIT-CNT (que es lo mismo) lo niegan, utilizando argumentos falaces sobre la elección de la Asamblea Constituyente, que en Brasil destituyeron a Dilma, que Lugo, etc., etc. Como expresa el dicho: “Si nada y si camina como un pato y hace cua cua, es un pato”; el gobierno de Maduro es una dictadura. Parece inexplicable esa conducta, pues los que la asumen fueron sin duda quienes más sufrieron la represión de la dictadura en nuestro país. Lo más grave es que si hay un pueblo que ayudó a los perseguidos por la dictadura militar a través de sus gobiernos democráticos, fue el venezolano. Si hay dos opiniones distintas de los mismos actores para un mismo hecho, eso constituye una conducta inmoral.
Estos son algunos casos de las conductas que se cuestionan desde el punto de vista ético y moral, sin pretensión de agotar la casuística.
Lo más preocupante es que cuando en el sistema político a través de sus representantes se propone una investigación parlamentaria de alguna conducta política, ella es bloqueada; pasa directamente a la Justicia, salteando los ámbitos naturales donde se analizan las responsabilidades políticas. El caso de la gestión de Ancap es la única excepción que confirma la regla. El hecho de la judicialización de la política habla a las claras de la degradación en el plano de la ética, a la que aludíamos al principio de este artículo.
El pensador Zygmunt Bauman, profesor emérito de Sociología en las Universidades de Leeds y Varsovia, decía que saber cómo funcionan los complejos mecanismos sociales conduce al uso cínico o clínico de los mismos. Para el primero (el cínico) afirmaba que “ya que el mundo es como es, pensaré una estrategia que me permita explotar sus reglas para mi provecho, sin considerar si es justo o injusto”. Para el segundo (el clínico), “puede ayudarnos a combatir más efectivamente todo aquello que consideramos incorrecto, dañino o nocivo para nuestro sentido moral”. (2)
En la medida en que el sistema político comienza a usar con un enfoque cínico y no clínico los complejos mecanismos sociales estamos en problemas.
Para terminar, recordar la vigencia del tango Cambalache de E. S. Discépolo, donde se relataban las contradicciones existentes en el siglo XX y que aún perduran, tomando como imagen aquella de “ves llorar la Biblia junto a un calefón”.
(1)Para qué sirve la Ética. (Editorial Paidós, año 2013)
(2)En busca de la Política. (Fondo de Cultura Económica, año 2001)
Cr. José Luis Damonte
CI 757.387-8
