Además, manejos poco transparentes del Plan de Vivienda Sindical (PVS) del Pit-Cnt pueden estar demostrando que los problemas no están solamente en el sistema político.
Los gastos excesivos en el Estado, incluyendo las intendencias, fueron una de las banderas levantadas por el movimiento ruralista y provocaron también una reacción del oficialismo, que se sintió atacado.
“La primavera árabe no fue ni primavera ni fue árabe”, dijo en Emisora del Sol, el senador del MPP Andrés Berterreche para explicar que si bien existen motivos para la convocatoria de los productores también hay intereses que se mueven en las sombras.
En un debate con el consultor agropecuario Eduardo Blasina, el exministro de Ganadería defendió la austeridad del gobierno, mientras su oponente sostuvo que “la austeridad es de un lado solo”.
“Es necesaria la austeridad en el Estado, no como abstracción sino como cuidado del uso de los automóviles, de los viáticos, de los sueldos, los gastos de representación y el clientelismo”, sostuvo el politólogo e historiador Gerardo Caetano en Radio Rural.
Acerca de la situación de los productores, Caetano opinó que “el Frente Amplio ha perdido sensibilidad ante el medio rural” más allá de que Uruguay siempre fue “un país de espaldas al territorio”.
El analista fue crítico con el gobierno porque en su opinión hubo “falta de anticipación, ceguera, dogmatismo y soberbia” respecto a la situación de los productores afectados por diversas situaciones, pero advirtió: “Hemos perdido austeridad republicana bastante antes que los gobiernos del Frente”.
El caso Sendic y las consecuencias de la política aplicada en Ancap, sumado a las tarifas que aumentaron ayudaron a crear un clima de descontento.
“Hoy no nos sentimos orgullosos de lo que sale del país hacia el mundo. Esta crisis era totalmente evitable”, dijo entonces el senador blanco Luis Lacalle Pou cuando estalló la situación que terminó con la renuncia del vicepresidente.
Sin embargo, uruguayos que viajaron al exterior y quienes siguieron la prensa de otros países en esos días comenzaron a recibir mensajes que iban en sentido contrario: Uruguay era visto como un país tan serio que no toleraba la mentira de un vicepresidente a propósito de su supuesto título universitario ni que hubiera hecho pequeñas pero reiteradas compras personales con una tarjeta corporativa, como informó Búsqueda.
El Frente Amplio dudó y demoró, pero finalmente salió airoso al aceptar la opinión de su propio Tribunal de Conducta Política y resolver el caso que causó indignación en la opinión pública y que aún está en la órbita de la Justicia penal, igual que el que involucra al senador Leonardo de León.
“Envidia y mediocridad”.
Cuando aún las redes no habían agotado del todo la producción de memes y comentarios de variado tono y nivel acerca del desempeño de Sendic al frente de la petrolera estatal Ancap y como vicepresidente de la República, los ediles frentistas del departamento de Soriano pusieron sobre el tapete el caso del intendente blanco Agustín Bascou, acusado de estar a ambos lados del mostrador, ya que una estación de servicio de su propiedad era proveedora del combustible que adquiría la propia comuna.
Fue entonces que Lacalle Pou, a diferencia del líder de Juntos, Jorge Larrañaga, propuso, sin éxito, suspender al intendente.
Una vuelta de tuerca del caso Bascou y de otros con repercusión en la interna blanca es el caso del intendente de Artigas, Pablo Caram.
El domingo 4 Teledoce informó que nueve familiares de Caram ocupan cargos de confianza en la intendencia norteña, incluyendo su pareja, primos y sobrinos.
Mientras Caram dijo que “la mediocridad campea” y que la oposición actúa por “envidia”, fuentes del Partido Nacional admitieron que la difusión del nepotismo se debe a una lucha de poder interna, ya que el intendente fue electo por el sector de Larrañaga, pero hace algunos días se pasó al de Lacalle Pou.
El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, dijo que se está analizando este caso y otros, pero advirtió que el decreto 30 de 2003 prohíbe que parientes directos de un jerarca trabajen en la misma repartición.
El decreto, informó El Observador el martes 6, no afecta los parentescos de tercer grado (primos y sobrinos). No obstante, Gil se preguntó: “¿Es buen mensaje para la ciudadanía que alguien que maneja dineros públicos genere trabajo para su familia?”.
El jerarca dijo también en radio Monte Carlo que hay que analizar “qué es lo que está sintiendo y pensando la ciudadanía sobre las relaciones familiares de jerarcas con funcionarios que contratan, porque no es algo deseable”.
El año pasado Gil había destacado en Búsqueda la necesidad de atender los problemas de la ética pública: “Tenemos que dar un mensaje a la ciudadanía mucho más claro, mucho más transparente, mucho más sólido. Y percibo que no todo el espectro político uruguayo comparte esa visión. Algunos piensan que estamos bien y otros piensan que estos temas les sirven si pueden sacarle provecho político. Creo que acá nadie puede sacar un provecho político, sino que todo el sistema se debilita y toda la imagen del sistema político se complica frente a una ciudadanía que está legítimamente preocupada por este tipo de cosas”, como los gastos con las tarjetas corporativas de Ancap realizados por Sendic y otros directores. (Búsqueda Nº 1.924)
El senador nacionalista Luis Alberto Heber, por su parte, recordó esta semana la situación del subsecretario del Ministerio del Interior y ex prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, hermano del presidente.
A los casos de Sendic, Bascou, Caram o el del exintendente de Flores Armando Castanigdebat, investigado por la Justicia desde 2014 a raíz de la adjudicación de unas obras, se sumó el del actual jefe comunal de Cerro Largo, Sergio Botana, cuestionado por haber realizado 202 contratos directos.
“Vergüenza es que usted asuma que comete arbitrariedades, que contrata aunque sea fuera de norma, que se erija en quien imparte ‘justicia’, y lo peor, que piense que hace lo correcto. No es Luis XIV, ni el Estado es usted. Después hacen gárgaras con la defensa de la República...”, sentenció en un tuit el diputado colorado Fernando Amado.
Además de Sendic, supuestas faltas éticas afectaron también a otros frenteamplistas: el intendente de Montevideo, Daniel Martinez, y la presidenta del Frente Amplio en Maldonado, Susana Hernández.
A la escribana Hernández le reprocharon haber operado con dinero de sus clientes en Cambio Nelson, que quebró el verano pasado, mientras que el edil del Partido de la Concertación Guillermo Facello denunció en 2015 que, con conocimiento de Martínez, se negociaron “votos de ediles opositores ofreciéndoles a cambio cargos en la intendencia”.
Sobre fin del año pasado, la primera senadora transexual de la historia del país, Michelle Suárez, fue forzada a renunciar por el Partido Comunista luego de que la Justicia determinara que, como abogada, había falsificado firmas para sacarle a un hombre la patria potestad de su hijo.
Ética y ‘trasnochados’ en Piriápolis.
“Debemos estar alertas frente a los que pudieran verse tentados —y no estamos libres— de las aventuras desestabilizadoras de la institucionalidad política. Sin miedo, con firmeza, debemos responder con responsabilidad a estos trasnochados, con más democracia, con más política”, dijo durante su discurso el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, con motivo del acto que se realizó el domingo 4 frente al Pabellón de las Rosas, en Piriápolis para festejar los 47 años de la coalición.
Las afirmaciones de Miranda y la gran movilización del Frente fue una respuesta a mensajes, sobre todo en las redes sociales, por parte de algunos de los productores rurales autoconvocados en la segunda quincena de enero.
Miranda dijo que el discurso de “‘que se vayan todos’ conduce, o bien al autoritarismo mesiánico que ya vivimos, o a la desregulación que deja librada a las fuerzas brutas y ciegas de los intereses corporativos, donde se profundiza la desigualdad y se afirman los privilegios”.
Después Miranda ingresó en el capítulo de la ética, mientras el ex vicepresidente Sendic escuchaba desde el público: “Es un deber de cada agente público, de cada uno, conducirse éticamente. No solo no robar, sino también no engañar, hacer realidad cotidiana la idea de servidor público. No procurar el beneficio propio o de los nuestros, sino el de la comunidad, sin amiguismos”.
Información Nacional
2018-02-08T00:00:00
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