Nº 2189 - 1 al 7 de Setiembre de 2022
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáDigámoslo claro: los problemas estructurales de un país, los que solo se entienden cuando se los analiza como parte de un proceso largo, nunca van a ser solucionados con medidas diseñadas para un arco corto de tiempo. Por eso resulta tramposo comparar, por ejemplo, el número de homicidios de este año con el de hace tres o cuatro. Sí, los números se mueven para acá y para allá, pero el problema que late detrás de esos números no será comprendido cabalmente si no se mira más allá de esos movimientos, si no se mira el proceso que nos lleva a esos números.
Por supuesto, quien compara los números de manera tan acotada no tiene como intención ofrecer un marco de referencia para solucionar el problema de marras. Lo que le interesa es demostrar que “los otros”, los que gobernaban antes, los que intentaron resolver el problema con otros métodos, no lo hicieron mejor que él. Es decir, no se opera según la lógica que nos llevaría a encarar una solución al problema sino según una que intenta demostrar que la opción que él representa es menos mala que las otras, aunque tampoco resuelva el problema.
Es claro que la inseguridad y la violencia social, especialmente la derivada del narcotráfico y sus cercanías, no son un problema de fácil solución. La creencia de que bastaba con cambiar la orientación ideológica de quienes están al frente de las instituciones hizo que en sus gobiernos el Frente Amplio se viera obligado a revisar sus métodos y medidas en cada administración que enfrentó el problema. En realidad, el Frente Amplio se estaba enfrentando a un problema que no es solo uruguayo sino característico de toda América Latina: contrariamente a lo que dice (¿decía?) una parte de la tradición de ideas de la izquierda, no existe una relación causa efecto lineal entre pobreza y violencia. Tampoco entre desigualdad e inseguridad. América Latina es un subcontinente que pese a haber mejorado sensiblemente sus indicadores de pobreza, no ha logrado que esas mejoras se reflejen en una reducción sustantiva de la violencia social.
La actual administración multicolor pecó de lo mismo, pero con el signo opuesto: creer que lo que soluciona los problemas de inseguridad y de violencia social es una mayor presencia policial, un mayor respaldo a la Policía y la mano dura. Sin embargo, pese a que esas medidas parecen incidir en las rapiñas y otros delitos, poco parecen hacer en cuanto a los homicidios. Ahora, para saber qué hacer al respecto, no basta con compararlos con los de 2018 o de 2009, solo porque en esos años gobernaban “los otros”. Hacer eso es usar los datos (que no son lo mismo que la evidencia) no para intentar entender el problema y eventualmente resolverlo, sino para, de hecho, irse lavando las manos al respecto.
Es necesario hacer política basada en la evidencia, sí. Pero una que no sea usada de manera sesgada por quien está en el turno de gobierno. Ni porque quienes desde la oposición hacen el mismo uso oportunista de los datos y son incapaces de reconocer lo complejo que les resultó resolver el problema cuando fue su turno. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué gente preparada y con (no tenemos porque suponerles otra cosa) buenas intenciones, recurre a esa clase de trampitas retóricas? Mi apuesta es: por el poder. Porque más que solucionar esos problemas, lo que de verdad preocupa a quienes dirigen el debate es retener el poder o recuperar el poder. Después veremos si el nuevo o el viejo recetario sirven a la hora de aplicarlos, pero lo central, lo prioritario, es retener o recuperar el poder.
Por eso aunque entre la ciudadanía (descarto acá a los militantes enloquecidos de Twitter por poco representativos) aun no esté instalada la campaña electoral, entre las elites políticas la campaña electoral nunca ha dejado de ser el motor de su accionar. Y eso es así tanto dentro de la coalición de gobierno como, de manera más clara, entre la oposición. Más clara porque el gobierno está obligado a gobernar y eso implica ponerse de acuerdo para hacerlo, lo que reduce la posibilidad de que los partidos que lo integran puedan marcar su perfil de manera autónoma ante cosas que están decidiendo en conjunto. Si acaso Cabildo Abierto ha sido el partido que más ha jugado la estrategia del “gobierno opositor” para perfilarse, una estrategia profusamente usada en la política de nuestros hermanos del otro lado del río. Y la ha usado hasta el punto de votar en el Parlamento en contra de decisiones tomadas por la coalición de la que forma parte.
Desde el punto de vista del poder, que es a lo que se dedican los partidos, es perfectamente lógico estar en campaña electoral permanente. Desde el punto de vista de la posibilidad de resolver problemas serios y profundos, como el de la inseguridad y la violencia social, no tanto. Específicamente en Uruguay, no existe, salvo en algunas áreas, una gran evidencia al respecto. De momento, aquellos que más saben sobre el tema, nuestros criminólogos, por lo general usan material de otras latitudes, y por ende, con datos sobre otros procesos, con otras causas y con otras razones para existir.
Es por eso que no ayuda en nada el uso de cifras a la marchanta. O mejor dicho, el uso de cifras para demostrar que la opción A es menos mala que la opción B, en clave electorera que no electoral. Ese uso de los datos y, lo que es peor, de los muertos, no es en absoluto analítico. Es político partidario y en el vienen incurriendo tanto gobierno como oposición. Si tenemos la convicción de que es necesario contar con una buena evidencia para construir políticas públicas, deberíamos darle a esa evidencia un uso analítico, no uno partidario. Esto no quiere decir, obviamente, que no exista en este tema gente capacitada que viene dando lo mejor de sí, tanto en el terreno científico como en el político. Pero sí quiere decir que en el debate público la lógica política viene pasándole por encima a la posibilidad analítica.
Hay problemas que no se resuelven en base a preconceptos ideológicos. La sana alternancia electoral que Uruguay tiene desde 1985 a la fecha ha servido, entre otras cosas, para dejar eso en evidencia. Ninguno de los recetarios ideológicos sostenidos por los partidos ha sido capaz de solucionar varios de esos problemas clave. Problemas que, es verdad, muchas veces exceden el marco de acción de un gobierno o de un Estado. Pero constatar eso no equivale a refugiarse en la lógica partidaria para, desde allí, usar los datos disponibles según convenga a tal partido o cual gobierno.
La campaña electoral permanente le sirve a las dirigencias partidarias porque les permite mostrarse como la opción menos mala, una idea de mínimos triste y defensiva pero que creo es así. Le sirve mucho menos a la ciudadanía y a la sociedad, que necesitan que todo ese esfuerzo, esa eventual evidencia y la inteligencia que tiene detrás, se usen para intentar resolver esos problemas de fondo que vienen persistiendo, con independencia de quien gobierne. Para resolver estos problemas clave, en algún momento habrá que levantar la vista del corto plazo.