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    La explotación sexual y la Intendencia de Paysandú

    Columnista de Búsqueda

    Nº 2108 - 28 de Enero al 3 de Febrero de 2021

    La trama es compleja y de larga data: la explotación sexual es una realidad que desde hace décadas está instalada en Paysandú. Se organiza en torno a redes que una y otra vez vuelven a nacer en el departamento, y que involucran otros delitos como explotación de menores y trata de personas.

    En el año 1999, Karina Núñez trabajaba en la whiskería Las Palmeras, en Young, Río Negro. Estuvo viviendo en la whiskería durante unos tres meses y recuerda que en ese tiempo había dos jóvenes de 19 o 20 años que venían de Paysandú. “Todas las noches, después del cierre, los fiolos las cagaban a palos y no me dejaban dormir”, me cuenta.

    Núñez me explica que los golpes eran parte del “proceso de ablande” que le hacían a las víctimas de explotación: “Les dan tanta paliza que después ya no se resisten a los golpes y hacen lo que les dicen. Ahora las ablandan con droga, para que no les queden marcas, pero en esa época era así”. Una noche, a través de la pared del baño, escuchó a una de las muchachas llorar y le preguntó qué le pasaba: “Ellos me van a llevar para Europa, pero yo no me quiero ir”. Núñez le preguntó qué podía hacer por ella: “Denuncialo”, se escuchó a través de la pared. Cuando le preguntó a la joven su nombre, se sintió del otro lado el ruido de la puerta que se abría y ya no hubo más respuestas. Karina salió del baño y se fue, pero con la decisión de denunciar esas palizas. “En ese momento yo no tenía idea de lo que era una red de trata y explotación, si hubiera sabido jamás me hubiera dirigido a la comisaría”. Cuando fue a hacer la denuncia, la guardia que la recibió le dijo que sin el nombre de la joven no se podía hacer nada. Sin embargo, algo debe haber “podido hacer” la guardia, que provocó que, esa misma noche, un auto negro levantara a Núñez en la ruta para realizar un “servicio” y la condujera con alguna excusa varios kilómetros más adelante, hasta el Paraje Las Flores, donde esperaban otros dos autos. Nueve hombres en total. “¿Así que a vos te gusta botonearnos?”, le dijeron. Antes del primer golpe, y con las luces del auto que iluminaban, pudo identificar sentados en el capó de uno de los coches a Sergio Escobar, el Zorro y a su hermano el Zorrito. Lo siguiente que recuerda es despertar en el hospital, donde pasó 11 días en CTI. Pasaron tres meses antes de que Karina pudiera volver a caminar.

    Recién en el año 2012, 13 años después de esos acontecimientos, se desbarató la red familiar de proxenetismo y trata de personas que operaba en Paysandú y lideraba Sergio Escobar, que fue procesado por “reiteración real de los delitos de proxenetismo, trata de personas, lavado de dinero y explotación sexual de menores”, y condenado a siete años y ocho meses de prisión. Como señala la investigación sobre trata de personas en Uruguay Dueños de personas, personas con dueños (Asociación Civil El Paso, 2020): “Los proxenetas reclutaban a jóvenes mujeres en la ciudad, las obligaban a prostituirse en las calles y luego las trasladaban a prostíbulos en las ciudades de Young, Guichón y Maldonado”. Cuando cumplían 18 años y después del “proceso de entrenamiento”, algunas eran trasladadas a España. Se estima que la red llegó a enviar a Europa a unas 90 mujeres jóvenes. “Estamos hablando de gente con mucho poder, se les tenía mucho temor en la ciudad de Paysandú”, expresó el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti, a cargo del caso, en entrevista con Emiliano Cotelo, en agosto de 2012. El juez insistía en explicar por qué no era fácil para las víctimas denunciar, agregando que “en algún caso estaban amenazadas sus familias también”. Con el dinero que las mujeres explotadas les giraban desde España, los proxenetas “compraban caballos de carrera, lanchas e inmuebles de elevado valor”, señala la investigación de El Paso.

    En enero de 2021, apenas algunos meses después de terminada su condena, Sergio Escobar, el Zorro fue seleccionado para un “servicio de barrido de calles” para la Intendencia de Paysandú, en un contrato realizado a través de la Fundación A Ganar, en el marco de un programa de rehabilitación para liberados.

    En contacto con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), que tiene como objetivo “reinsertar” en la sociedad a los adultos que egresan del sistema penitenciario, me explican que en su bolsa de trabajo hay “miles de personas registradas queriendo trabajar”. Por eso, me aclaran, el proceso de selección es muy minucioso: además de considerar las aptitudes y de que el perfil se ajuste a la oportunidad laboral, lo que se prioriza son las necesidades específicas (por ejemplo, se prioriza una oportunidad laboral para una madre con hijos a cargo, o una persona en situación de calle). Sin embargo, en la Dinali dicen no tener conocimiento sobre la Fundación A Ganar ni cómo trabaja.

    Entre todo lo complejo de esta historia, quedo haciéndome varias preguntas: ¿cuál fue el criterio tomado por la Fundación A Ganar para seleccionar entre miles de personas a alguien como Sergio Escobar, cuando hay apenas ocho oportunidades laborales disponibles?; ¿por qué la Intendencia de Paysandú no priorizó la experticia de una unidad estatal como la Dinali para llevar adelante un programa de “reinserción”, y con qué fundamentos decide, en cambio, trabajar con la Fundación A Ganar?; ¿por qué no se evitó que la reinserción laboral de Escobar fuera nada más y nada menos que en la Intendencia de Paysandú, ámbito en el que podría tener nuevamente acceso a conexiones políticas? Cabe recordar que esta intendencia ya estuvo vinculada en 2013 a un sonado caso de explotación sexual de menores, cuando el exsecretario general Horacio de los Santos (designado por el intendente Bertil Bentos de Alianza Nacional), fue procesado por contribución a la explotación sexual de personas menores de edad.

    Sin dudar ni un segundo de lo positivo de los programas de reinserción para liberados, sería bueno que el gobierno departamental de Paysandú pudiera transparentar con detalle las decisiones tomadas en este caso, así como comprometerse a un seguimiento cercano de la actuación del Zorro dentro de la institución, para evitar suspicacias más que comprensibles.