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Tras el impacto de quedar relegado a ser la cuarta fuerza en la interna del Frente Amplio, perder bancas y a no tener certezas de qué marco de aliados tendrá para impulsar la candidatura del senador Daniel Martínez a la Intendencia de Montevideo, el Partido Socialista afrontó el domingo un nuevo problema: la expulsión de uno de los integrantes de su Comité Central por cometer, según la resolución votada, “brutales actos de violencia física” contra su entonces pareja.
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La decisión, adoptada por 55 de los 63 integrantes del Comité Central (CC), reunido el domingo 21, llevó a que el expulsado, Walter Morel, secretario de organización de Montevideo y funcionario rentado, evalúe iniciar un juicio civil “a los 55 o a algunos dirigentes en particular”, por “daño moral” contra su persona.
Votaron en contra de la expulsión el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato y los dirigentes Rosa Quintana, secretaria de equidad y genero capitailino, Alba Coco, Roberto Chiazzaro, Gonzalo Civila y Nicolás Lasa. Civila, secretario político de Montevideo, y Chiazzaro fueron electos diputados por Montevideo. Todos integran la corriente ortodoxa del PS que hegemoniza la conducción de Montevideo.
“El País” publicó, semanas atrás, que la Dirección Nacional del PS analizó un caso de violencia doméstica que involucraba a unos de sus dirigentes. El episodio determinó que la Secretaría de Equidad y Género se planteara elaborar un protocolo de conducta para estos casos. Ayer el diario publicó que el CC resolvió la expulsión de Morel.
En las tres horas que insumió el tratamiento del tema, en el CC se discutieron cuestiones estatutarias —sobre si era el organismo competente para tomar la decisión— y también valoraciones éticas y morales.
“Al votar una u otra moción, cada uno estará definiendo cómo es como persona y que valores defiende”, señaló el dirigente Michel Skafar. “Quisiera haber escuchado en su alegato (de Morel) que no le pegó a su pareja, pero no fue así”.
En su intervención, el dirigente Aldo Guerrini comentó que una persona “puede cometer los delitos más aberrantes y llegar a la casa y darle un beso en la frente a su pareja”.
El secretario general del PS, Yerú Pardiñas, leyó informes sobre el tema, incluida una nota con los descargos de Morel.
Pardiñas dijo que el PS no tiene por qué esperar un dictamen de la Justicia para expedirse porque en el CC lo que se valora son “comportamientos políticos, éticos y morales” ante el propio partido “y ante la ciudadanía”, según comentaron participantes de la reunión. Y planteó que, en ese marco, el PS lucha para que “la violencia doméstica y de género sea erradicada”.
Las argumentaciones del ala ortodoxa recayeron esencialmente en aspectos formales y estatutarios. A su vez, varios dirigentes, entre ellos Civila, cuestionaron las filtraciones a la prensa del hecho y en “intencionalidades” de cómo se traslada el tema a la opinión pública.
En declaraciones a radio Carve, ayer martes, Civila reiteró que “la denuncia por violencia doméstica a nivel judicial la presentó él (Morel)” y luego hubo “un testimonio de su ex compañera diciendo que ella fue la víctima”. “El Partido Socialista tiene una trayectoria de combate a todas las formas de discriminación y violencia, especialmente violencia de género e intrafamiliar. Todos tenemos un compromiso y estamos de acuerdo en que si hubiera constatación de que un compañero incurre en alguno de estos casos, hay que ser muy severo en la sanción que se aplique”, dijo Civila. Y resaltó que en el caso de Morel “no se dieron garantías adecuadas de defensa a un compañero”.
La resolución y los descargos.
La denuncia contra Morel fue presentada a la Secretaría Nacional de Equidad y Género por Adriana, militante socialista y pareja del dirigente.
El escrito que plante la expulsión de Morel, al cual accedió Búsqueda, dice que visto “que los hechos denunciados refieren a brutales actos de violencia física, que han ameritado la intervención de la Justicia competente y se encuentran debidamente certificados por los médicos forenses” y que “tal situación reviste máxima gravedad”, corresponde “al Comité Central expedirse en forma urgente, sin perjuicio de los pronunciamientos judiciales que pudiesen corresponder”.
Añade que la Carta Ética del Partido Socialista establece que las “conductas de los miembros del Partido Socialista, aunque no sean sancionables judicialmente, serán consideradas a la luz de los valores expresados en esta Carta, a través de los organismos dispuestos por nuestro Estatuto”.
La moción votada señala que la Secretaría de Equidad y Género socialista “ha realizado un estudio y seguimiento del asunto, de donde se desprende la gravedad de los hechos y de las agresiones sufridas, que tales agresiones son el emergente de otro tipo de violencia que se sufría en forma sistemática, y que la actitud del agresor se ha mantenido, aun violando las restricciones impuestas”.
En sus descargos, Morel rechaza ser “agresor” algo que “no se ha comprobado”. Y agrega: “En realidad la denuncia policial en la seccional 13ª la realizó quien suscribe”. Además, el dirigente dijo que fue él quien informó de este hecho a la Departamental de Montevideo y puso en conocimiento de todo a Civila, secretario de Montevideo.
Durante su defensa, Morel hizo un relato pormenorizado sobre la peripecia que vivió con quien luego lo denunció. Dijo que las medidas cautelares dictadas por la Justicia “también las ha roto la otra parte”, y contó cómo incluso ella tenía una relación extramarital cuando estaba con otra pareja, anterior al propio Morel.
“Dos testigos que presenciaron directamente hechos de violencia de ella para conmigo”, añadió. “Desde hace bastante tiempo vengo sufriendo los ataques de Adriana, que no son solo físicos sino psicológicos, también a lo largo de la relación que tuvimos por más de un año, cortado en el tiempo por ella para irse a vivir con otra persona en El Pinar”.
Militantes y dirigentes del seccional 11 del PS, donde militaba Morel, anunciaron que más de una decena de socialistas se desafiliarán del partido como consecuencia de su expulsión.
