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Desde que asumió el nuevo gobierno todo el país estaba expectante con el gran cambio que se avecinaba. Y dentro de esos cambios, el de la nefasta política agropecuaria de los tres gobiernos del FA.
Muchos esperamos que ellos empezaran a manifestarse a todo vapor, pero nos equivocamos. Muy poca cosa en la LUC y nada durante el año.
Veamos. El impuesto al patrimonio creado por Mujica (luego del inconstitucional ICIR) y duramente criticado por la oposición de entonces y por todo el sector agropecuario sigue exactamente igual. Ni siquiera un intento, o fijar una posición política a la espera de la oportunidad, si es que la situación fiscal del país lo permite.
El famoso y trillado precio del gasoil fue abordado por el gobierno en el ámbito del Ministerio de Industria con el objetivo claro y preciso de que se alineará con el precio de paridad de importación. Vemos que la solución por este lado va a ser mucho más tardía de lo que todos, incluso el gobierno, esperábamos. Pero ¿el Ministerio de Ganadería no tenía nada que aportar al respecto? ¿No se les ha ocurrido analizar el valor de venta desde el punto de vista impositivo y proponer una salida por ese lado? Vemos que no. Que no tenían nada entre manos salvo el de presentar reclamos tras reclamos cuando se está del otro lado del mostrador. También acá seguimos igual y en enero habrá el tradicional ajuste.
El impuesto de Primaria. Durante el Gobierno de Batlle se lo exoneró al sector agropecuario, pues la tierra fue considerada, con acierto, un bien productivo. Primaria no dejó de recibir ni un peso de lo que recibía, pues iban los mismos fondos provenientes de la recaudación del IMEBA. El FA lo reinstaló y además recauda la DGI. Sin considerar la dudosa constitucionalidad, pues se grava dos veces el mismo objeto (contribución inmobiliaria y Primaria), el impuesto es un absurdo. No deben existir tributos con la recaudación previamente afectada a determinado destino. En este país existe un Presupuesto quinquenal. Dentro de él se planifican los recursos y las asignaciones correspondientes. Si cada organismo reclamara para sí un impuesto propio esto sería tierra de nadie.
Cada cuatro meses el sector aporta al BPS, y dentro de ese aporte estaba el pago por accidentes de trabajo. Por ley se desglosó ese aporte y ahora se hace por separado y naturalmente significó un aumento de las erogaciones. Vemos ahora que por iniciativa del BSE habría una revisión general en estos costos laborales a los efectos de que el empresario ya sea rural o de otra índole vea aliviada en algo su carga tributaria. Pero por iniciativa del BSE y no del MGAP.
Hace pocos días una delegación de dirigentes rurales fue a visitar al presidente de la República en un encuentro que catalogaron como “muy positivo”. ¿A qué fueron? A pedirle y a hablar siempre de lo mismo. ¿Pretenden que se devalúe más rápidamente como instrumento para recuperar la competitividad? Si saben que eso no va a ocurrir por un tema inflacionario, ¿por qué no buscan por un alivio real en los costos? Ya ni siquiera hablan con el ministro, que proviene de su entorno. Eso nos sorprende.
En definitiva, vemos un Ministerio que no acompaña el ritmo y el cambio que impulsa el gobierno nacional, que a pesar de haber empezado su gestión con esta enorme catástrofe sanitaria nunca a dejado de lado el encarar los desafíos que sabía iba a enfrentar. Vemos un Ministerio que con su inacción convalida la regresiva y maliciosa política agropecuaria de 15 años de gestión del FA.
