La gestión del gobierno

Son evidentes estas deficiencias que todos los ciudadanos percibimos y padecemos día a día. Existe hoy una demanda social en pro de una mejor seguridad pública, educación y salud, y no se vislumbran en las autoridades de gobierno cambios que procuren modificar y superar estos objetivos, que hacen a una mejor calidad de vida de todos los habitantes. Hay una decadencia de valores que no se soluciona enunciando principios y objetivos de equidad, solidaridad y consenso en los discursos, que no se aplican en los hechos, llegándose al extremo de su flagrante contradicción. En un Estado de derecho hay que construir y mejorar las estructuras e instituciones y ello no se logra cambiando a las autoridades, ni colectivizando las carencias, ni indicándose los orígenes de los males. Las carencias sociales se superan a través del debate de ideas, de la consulta efectiva y con la participación en los hechos de todos los sectores involucrados. Estamos enojados y sobre todo indignados, porque las autoridades dicen mucho pero hacen poco y han cambiado sus posturas ahora que gobiernan. La participación ciudadana no hay que expresarla en los discursos, hay que aplicarla necesariamente en los hechos y esto no sucede. La solidaridad es puro discurso y se está destruyendo sin ninguna razón un sistema de salud que era verdaderamente solidario y que no ocasionaba gastos al Estado. La falta de diálogo y la descalificación son frecuentes. Para el gobierno progresista, el principio de equidad se efectiviza igualando siempre para abajo, retaceando derechos en lugar de concederlos. A la persona perjudicada a la que se le vulneran sus derechos adquiridos, además, se la descalifica, catalogándola de “privilegiada”. No se discuten ideas y principios, es más fácil descalificar al opositor que construir ideologías. La confrontación prima sobre el debate. El poder de la mayoría no puede aniquilar en democracia los derechos de la minoría.

La seguridad pública tiene su basamento en el ordenamiento jurídico, en la tranquilidad, la paz y la protección de esenciales derechos humanos como son la vida, la salud, la libertad y el trabajo. Por el contrario, la inseguridad y la delincuencia producen como consecuencia inevitable el desorden, el miedo, la violencia, la destrucción de esos derechos inherentes a la calidad humana, provocando la desaparición del Estado de derecho. Sin seguridad no hay libertad y la ciudadanía que trabaja ve afectada su libertad, ya que los espacios públicos son copados por los delincuentes. El trabajo ya no es un valor supremo y no se le brinda la protección adecuada. Esto lo vemos diariamente en las calles, plazas y parques de este querido país. Asesinatos, rapiñas, copamientos y secuestros se reiteran y la prevención es totalmente ineficiente, a lo que hay que sumarle una pésima represión. En materia de represión de menores, lo normal es la fuga y la excepción, el cumplimiento estricto de la pena. Las estadísticas indican que aproximadamente en lo que va del año hay un asesinato por día (114 muertes en 121 días) y recientemente las encuestas indicaban una rapiña por hora sólo en el departamento de Montevideo, a lo que hay que agregar un importante número de delitos que las víctimas no denuncian ante la pasividad de las autoridades competentes.

Las autoridades de gobierno ante la delincuencia y su violencia, argumentan que es la sociedad la que está violenta y ponen como ejemplos los casos de violencia doméstica y en el deporte, y la expansión de la droga. Colectivizan el mal como forma de justificar que no hay soluciones posibles para esta problemática.

La situación carcelaria está en plena crisis y es muy poco lo que se ha hecho. La corrupción de los funcionarios de los centros de reclusión es evidente, tanto en el INAU, el Comcar y otros. Es común encontrar a los presos con armas, drogas y celulares, además de los infaltables “cortes”. Los motines se reiteran y destruyen totalmente los módulos carcelarios, con un saldo de un funcionario muerto y gastos de reparación de más de 6 millones de dólares.

El PIT-CNT incluyó por primera vez en su plataforma reivindicativa, en el acto del 1° de Mayo, la seguridad pública. Las críticas no fueron dirigidas a los verdaderos responsables, sino a la oposición, como no podía ser de otra manera.

La seguridad pública es el buque insignia que da sustento y soporte a los demás cometidos del Estado como son la educación y la salud. Sin seguridad no existen derechos; solo violencia, desorden y caos.

En el año 2004, la ciudadanía se pronunció en forma contundente por un cambio de política y el Frente Amplio accedió al poder, pero una vez en el mismo los que cambiaron fueron los gobernantes. Los ejemplos son elocuentes: antes, cuando el progresismo era oposición, la ley de la oferta y la demanda era una expresión brutal del capitalismo yanqui, era la “ley de la selva” que había que regularla y limitarla, ya que de lo contrario la consecuencia inevitable era que el poderoso liquidaba al más débil y no había competencia alguna sino un monopolio de hecho, dirigido por los poderosos. Hoy, en el poder, el gobierno progresista considera a la ley de la oferta y demanda como la expresión más genuina de la “ley del mercado” que mejora y favorece la competencia beneficiando al usuario; hoy, ya no produce más monopolios de hecho ni destruye a los débiles. Antes, cuando eran oposición, consideraban las inversiones extranjeras como la invasión del imperialismo que arrasaba al país, ya que el capital no tiene banderas, dejando luego de su pasaje a la población sumida en la pobreza. Hoy, consideran la inversión extranjera como productora de importantes fuentes de trabajo, que favorecen la economía, y a los inversores extranjeros se les exonera impositivamente por los importantes réditos que dejan sus empresas. Hoy, son los compañeros inversores. Resulta más justo y sobre todo más fácil gravar a los “acaudalados” jubilados que a la inversión extranjera. A los jubilados se los gravó con el IRPF, que como fue declarado inconstitucional, se le cambió de nombre y ahora le llaman IASS; es el mismo perro pero con otro collar.

Estas son simplemente algunas de las razones por las cuales estamos enojados e indignados pero, sobre todo, defraudados, porque un gobierno que pretende ser de primera, está brindando una seguridad de segunda, una educación de tercera y una salud de cuarta.

Carlos Melgar

CI 1.207.598-2

Susana Milionis

CI 1.055.447-9