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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa gestión. Es reconocido el hecho de que la bonanza que gozó Latinoamérica en la última década condujo en forma generalizada al aumento del empleo, formalización de la actividad e incremento de los salarios, lo que unido a políticas sociales activas produjo un apreciable abatimiento de la pobreza, sacando a millones de personas de situaciones prácticamente de subsistencia a integrar los segmentos poblacionales denominados como “clases medias”.
Esto ha implicado como contrapartida un aumento cuantitativo de la demanda de los servicios brindados por el sector público. En efecto, satisfechas en buena parte las necesidades básicas de pan, abrigo y refugio, amplios contingentes comenzaron a exigir prestaciones propias de su nueva condición; energía, comunicaciones, seguridad, salud, educación, ente otras, que en esta región del mundo son prácticamente en su totalidad provistas por el Estado.
Por otra parte, tanto los nuevos como los tradicionales integrantes de las clases medias han incrementado su poder de compra accediendo a mayores servicios en el ámbito privado o lo han hecho personas de su entorno, con lo cual por efecto de la comparación, se manifiesta una creciente atención en la calidad de los servicios públicos antes incuestionables (esto es notoriamente manifiesto en la educación, aunque no exclusivo).
Paralelamente, la silenciosa revolución tecnológica y la Internet han provocado un profundo cambio cultural, una de cuyas dimensiones es la exigencia de respuesta a las demandas personales en tiempo real, así como la posibilidad de hacer rápidamente expresión de la disconformidad por medio de las redes. Cada vez menos la gente está dispuesta a perder su tiempo deambulando por oficinas para darle seguimiento a un trámite, o llenar a mano un inútil formulario de quejas; desea respuestas desde su celular, tablet o lap-top en tiempos mínimos, lo cual pone una considerable presión adicional sobre los prestadores de servicios.
Nuestro país no ha estado ajeno a estos procesos. Por el contrario, ha sido proactivo en los factores claves que inciden en estos fenómenos, alcanzando los primeros lugares en los rankings regionales en abatimiento de la pobreza, penetración de Internet, distribución de la riqueza y gobierno electrónico.
Esta “tormenta perfecta” conduce inevitablemente hacia la necesidad de mejora continua tanto de la cantidad como fundamentalmente la calidad de los servicios públicos en todos los niveles; gobierno nacional y sus ministerios, empresas estatales, entes descentralizados, intendencias y municipios.
Esto tiene una consecuencia ineludible: el foco en la gestión. El razonamiento es sencillo: si tenemos una sociedad que demanda más servicios y mejores estándares de calidad, en términos de eficiencia, eficacia y gratificación de sus necesidades, atendidas por un sector que es y será estructuralmente el mismo, la única forma de satisfacerlo es mejorando los procesos de gestión. En términos de marketing estamos frente a lo que se denomina un “cambio de paradigma de consumo”, esto es, una modificación estructural en las expectativas que un mercado tiene respecto a las ofertas que recibe, lo que implica que los consumidores castigarán a quienes no las satisfagan y premiarán a quienes sí las cumplan y los servicios que recibimos de los organismos estatales no escapan a esto.
Son múltiples los ejemplos que corroboran esta nueva visión de la demanda social, pero por razones de espacio me limitaré a señalar algunos apuntes sobre las recientes elecciones municipales, que obviamente no pretenden ser explicaciones excluyentes, pero entiendo que forman parte de los resultados.
El primero ha sido la exitosa campaña de Edgardo Novick, que lo logra posicionar como uno de los grandes triunfadores de todo el proceso electoral de este último año y medio, se esté de acuerdo con él o no. Entre varios aciertos en la comunicación y condiciones personales de Novick, cabe resaltar un aspecto central de su estrategia de campaña: la mira puesta en la gestión, lo que sostuvo aún a disgusto de propios y críticas de ajenos por no expresarse “ideológicamente”.
Esto influyó también en filas del oficialismo. En efecto, el Ing. Martínez inteligentemente y a pesar de ser consciente de su sólido posicionamiento como favorito, se alineó con este discurso, comprendiendo que sería tal vez su única debilidad como continuador de una gestión que va por su sexto mandato y resultó así el otro triunfador, principalmente en lo que refiere a la interna, pues la elección ya estaba sustanciada a favor del Frente Amplio (recordar su posición y la de la senadora Topolansky respecto al corredor Garzón y la tercerización de servicios, entre otras diferencias).
Otro análisis lo constituyen los resultados de la elección de alcaldes y concejales, con un destaque básico entre la baja participación ciudadana en Montevideo en contraste con el Interior profundo. Es que en ciudades más pequeñas los candidatos a alcalde son ciudadanos conocidos y accesibles, capaces de resolver problemas o al menos atenderlos, es decir, muestran gestión. En ciudades más grandes como Montevideo, por el contrario, no hay una percepción clara de la utilidad práctica de los alcaldes (¿qué gestionan?) y menos aún de los concejales. En términos de marketing es un “producto ajeno a mí” y, por lo tanto, no despierta interés.
Desde otra óptica, distante por su naturaleza técnica a gran parte de la ciudadanía, encontramos el debate centrado en las empresas públicas desde el punto de vista de sus resultados económicos y financieros. El propio ministro Astori, fuertemente respaldado por el presidente Vázquez y esta vez alineado con la OPP, han planteado una reformulación de la gestión de las empresas estatales a fin de transformarlas en aportantes a la caja del Estado. No es para menos. Si bien los resultados operativos en general no se han deteriorado, tampoco han crecido como hubiese sido esperable de empresas monopólicas o cuasi en un ciclo positivo de la economía, pero las inversiones que se han realizado alcanzan al 1,8% del PIB, la mitad aproximadamente del déficit fiscal y por lo que sugiere el propio ministro Astori, no todas con la adecuada “coordinación” necesaria para la eficiente planificación y gestión económico-financiera del sector público.
En los momentos difíciles que se avecinan, no sólo las empresas públicas deberán mejorar su gestión, sino todos los organismos estatales, pues deberán cumplir sus objetivos seguramente con menos recursos.
Conclusión. A mi modesto entender, el tema de “la gestión” se ha instalado como un atributo más a exigir a un dirigente político o aspirante a cualquier cargo público. ¿Significa esto que vamos hacia un liderazgo de “tecnócratas”? La respuesta es un no rotundo. El liderazgo tiene requisitos que van mucho más allá de la idoneidad técnica y el principal de ellos es la “magia” que despiertan los líderes y motivan las adhesiones. Esto no está en ningún libro ni se construye con simples piezas publicitarias, es un don intransferible. No obstante, parte de esa magia está en conectar con las expectativas de la sociedad en cada momento histórico y, a mi juicio, hoy hay una clara tendencia a valorizar más a quienes nos brinden mayores certezas en la gestión de la cosa pública.
Faltan ahora cinco años, tiempo de construir los posicionamientos de los próximos candidatos. El futuro dirá si esto es así.
Ing. Gabriel Vitar
CI 1.557.573-1