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Ayer se llevó a cabo la interpelación a la ministra Arbeleche y, como se preveía, todo transcurrió más o menos dentro de la tónica esperada. La oposición pidió más recursos para todo como si estos fueran producto de la providencia divina y el gobierno brindó información de todo lo hecho, que a juzgar por lo que recibió del FA más la pandemia y la guerra viene siendo bastante. Hasta ahí, todo muy previsible.
Pero en el transcurso del tiroteo verbal y el cruce de reproches se deslizó una reflexión que, a la luz de la performance fiscal que se viene consiguiendo y la proximidad de la Rendición de Cuentas (RDC) 2021, me parece interesante rescatar. Concretamente me refiero cuando la ministra señaló: “Para nosotros fue y es central no aumentar impuestos. Pese al punto de partida frágil y al incremento del gasto público que deparó la pandemia, el gobierno cumplió su compromiso de no aumentar impuestos”.
¿Y si en lugar de no subirlos, los bajamos? ¿Si en lugar de dejar todo como está, restablecemos alguno, subimos moderadamente otros y bajamos sustancialmente el IRPF y el IASS?
Porque está claro que la promesa de no subir impuestos se hizo en 2019 y desde aquel entonces a la fecha sobrevino una pandemia y después la guerra, dos fenómenos imprevistos que han tenido y aún tienen tremendas consecuencias en la gestión del gobierno y la vida del país.
Fruto de lo señalado, ¿se justifica que los productos forestales no paguen Imeba como viene sucediendo desde 2007 cuando todos los demás subsectores de la actividad primaria del país, salvo el cannabis medicinal, pagan?
¿Se justifica que la agricultura pague de Imeba apenas un 0,10%, lo cual representa US$ 1 cada 1.000 de ventas, cuando notoriamente los márgenes han mejorado significativamente, respecto de años anteriores?
Por otro lado, a la luz del buen desempeño fiscal conseguido que devino en una mejora significativa del déficit fiscal respecto del previsto en la RDC 2020, ¿no será hora de revertir el “ajustazo” en el IRPF e IASS introducido por el FA en 2016? En aquel año, para corregir el desaguisado del presupuesto 2015-2019, Astori y su equipo introdujeron un ajuste del 1% del PBI en la RDC 2015, del cual el aumento de IRPF e IASS representó 0,6 puntos, aproximadamente US$ 285 millones.
Si por razones de practicidad redondeamos en US$ 300 millones esa cifra y tomamos las demás proyecciones del profesor, tenemos que el ajuste del IASS fue de aproximadamente 27 millones y el resto del IRPF.
Y de los US$ 273 de IRPF, unos 85-86 fueron por “limitación de deducciones” (afecto al 100% de los contribuyentes) y los restantes 186-187 por modificación de franjas y alícuotas.
Siguiendo con los cálculos de Astori, el 32% del “ajustazo” del IRPF impactó a la escala de 77.460 a 154.920 y un 28% a la franja de 154.920 a 258.200 (a valores de hoy), lo cual sumado representa un 60% del total (unos US$ 164-165 millones) e impacta directamente a la clase media, incluyendo a muchos funcionarios públicos.
Concluyendo, dado que el sobrecumplimiento de la meta fiscal se sitúa en torno al 0,9 % del PBI y la necesidad del MEF de mantener el gasto a raya, urge aflojarle la cincha a la clase media, la gran perjudicada por las políticas del FA.
Lo ideal sería hacerlo totalmente a un costo aproximado de 0,6 del PBI, pero, si se estimara que eso es mucho, hay varias alternativas de ajustes intermedios. Por ejemplo, derogar las limitaciones a las deducciones del IRPF a un costo de US$ 86-87 millones o derogar el ajuste del IASS a un costo de US$ 27 millones, o ambas cosas. Con el agregado de que gran parte de lo que se resigne de IRPF o IASS incrementará la capacidad de consumo de los beneficiados, aumentado la recaudación de IVA y bajando así el costo fiscal neto de la medida.
La mesa está servida y el menú es variado. Creo que ha llegado la hora de empezar a retocar impuestos, restableciendo o adecuando levemente algunos y bajando sustancialmente otros. Se impone aliviarle a la clase media la pesadísima mochila que Astori y el FA pusieron sobre sus hombros en 2016 para financiar la fiesta de unos pocos y dejar en la calle a 60.000 uruguayos sin empleo.
De paso, con menos impuestos y más dinero en el bolsillo, empezar el proceso de recuperación de salarios y pasividades reales, que justamente se reclama desde todos los sectores de la sociedad.
