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    La izquierda y la corrupción

    N° 1872 - 23 al 29 de Junio de 2016

    Las izquierdas latinoamericanas están en problemas. Tras creer que su pensamiento y su acción política encarnaban los más puros valores de la humanidad deben asumir —y digerir— flagrantes casos de corrupción en los que están involucrados destacados líderes “progresistas”. Un trago amargo que se suma al de tener que explicar, a casi seis décadas de su rutilante estreno, su adhesión incondicional a una revolución convertida en la dictadura de los hermanos Castro.

    En realidad las denuncias de corrupción y otros abusos de poder en los gobiernos “progresistas” de la región no son nuevas. Desde hace años han sido efectuadas por políticos opositores y por medios de prensa independientes. Y negadas rotundamente por personeros, partidarios y por quienes se identifican con las ideas y proyectos políticos “progre”.

    La novedad, en todo caso, es que ahora las denuncias están siendo investigadas realmente por la Justicia. En Argentina porque el “kirchnerismo” perdió la elección. En Brasil porque desde el “mensalão” el sistema judicial y la prensa independiente han cumplido a conciencia su función y están desbaratando la trama corrupta concebida por la alta dirigencia del PT. Una trama que no solo benefició con recursos públicos a políticos oficialistas y sirvió para financiar a sus socios políticos en el Congreso, sino que también fue utilizada para construir durante más de una década hegemonía de poder.

    En otros países gobernados por el “progresismo” (Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador), donde los magistrados judiciales carecen de independencia del poder político, o donde los medios están amordazados o al servicio de los gobernantes, la corrupción todavía puede ser negada y ocultada en los entresijos del poder. Pero ya habrá un tiempo no lejano en que el uso y abuso de los recursos públicos para financiar campañas políticas o para el enriquecimiento de gobernantes, empresarios y amigos será investigado y se  determinarán las responsabilidades del caso.

    Si algo faltaba en Argentina para confirmar las características corruptas de la larga década de gobiernos kirchneristas, la detención en la madrugada del lunes 13 del extitular de la Secretaría de Obras Públicas José López cuando pretendía esconder en un convento varios bolsos con casi U$S 9 millones en efectivo fue un golpe devastador sobre la moral de miles y miles de militantes y de “ingenuos” simpatizantes del “gobierno K”, que hasta ahora se negaban a admitir lo que ya resultaba evidente.

    Fue un hecho “obsceno” consideró Víctor Hugo Morales, defensor a capa y espada de los gobiernos de Néstor y Cristina. Fue obsceno, sin duda. Pero del patético episodio no extrajo ninguna otra conclusión. Y, como si nada, reasumió la defensa del “proyecto” kirchnerista.

    Es claro que una acción individual no necesariamente habilita a llegar a conclusiones generales. Pero en este caso concreto, por su particularidad, porque López ha sido colaborador de Néstor y Cristina desde los remotos tiempos de Santa Cruz, por las responsabilidades políticas que le fueron confiadas, por la posición que ocupó en una cartera que decidía contrataciones y concesiones de obra pública y porque desde 2008 era centro de numerosas denuncias de corrupción, resulta difícil no concluir que el detenido era una pieza importante en una estructura corrupta en la que no operaba por cuenta propia.

    Para cualquier fuerza política, cualquiera sea su definición ideológica o ubicación en el espectro político, el involucramiento de un dirigente partidario o de un cuadro administrativo de primer nivel en una trama corrupta es siempre un golpe duro, difícil de digerir.

    En el caso referido la severa inconducta de López, el patético episodio de su detención, exhibe antes que nada el cinismo del discurso público kirchnerista, de los fines nobles que eran invocados.

    Este tremendo golpe que la realidad le ha dado al idealismo y a la ingenuidad de quienes en la región abrazaron con entusiasmo las políticas “populistas”, despierta distintas reacciones en filas de la izquierda.

    Hay quienes admiten los hechos, atribuyen las inconductas a debilidades humanas y realizan su propia autocrítica, y quienes cierran filas radicalmente en la defensa del proyecto político. Hay también quienes toman distancia del discurso “progre” porque se sienten engañados y usados. Y están los “arribistas”, que los hay en todos los bandos, que se bajan del barco tan pronto como antes se subieron a él con la esperanza de sacar ventajas personales.

    Tras una década de ola “progresista”, la región, beneficiada por altos precios de las materias primas y la afluencia de capitales, tiene ante sí muchos fracasos y miserias humanas que ya antes había conocido.

    Atrás quedan discursos grandilocuentes y pocas transformaciones que convoquen al entusiasmo y a la esperanza, que auguren un futuro más promisorio.

    No hay daño mayor que se le puede hacer a un país que la corrupción de sus gobernantes y políticos, porque induce al descreimiento y la desconfianza.

    La corrupción no es patrimonio de ningún grupo social, no es una “virtud” de la izquierda, de derecha o de centro. Ningún grupo o actividad humana está vacunado contra ese monstruo. El problema es cuando ese mal se extiende y afecta a quienes precisamente deben atacarlo.

    Curiosamente, hace solo seis meses, durante una conferencia que pronunció en el Segundo Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática en México, el vicepresidente Raúl Sendic sostuvo que “quien es corrupto no es de izquierda”. Una tontería que se pudo haber ahorrado a la luz de lo que ya tenía a la vista en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en las naciones bolivarianas con las que el frenteamplismo se siente tan hermanado.

    Golpeado como está por su gestión en Ancap, el vicepresidente no puede ignorar la ubicación que, sobre 168 países considerados, merecen Argentina (107), Brasil (69), Bolivia (99), Ecuador (107), Nicaragua (130) y Venezuela (164) en el ranking 2015 de corrupción de Transparencia Internacional.

    Sendic debería tener claro que la corrupción siempre refiere al mal uso del poder público para conseguir ventajas ilegítimas, un riesgo que asumen quienes expanden lo más posible la intervención del Estado en la vida de la sociedad.  

    No fue la única tontería de Sendic en dicho foro. “La corrupción y los poderes fácticos, entre ellos los medios de comunicación, son dos de los principales adversarios que enfrenta la democracia”, afirmó.

    Que el vicepresidente ignore lo que la experiencia histórica demuestra, que cuando actúan con independencia y libertad, los medios de comunicación son uno de los instrumentos más eficaces que tienen las sociedades para combatir la corrupción resulta tan risible como descalificante.