N° 1932 - 24 al 30 de Agosto de 2017
En junio, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y su entorno político, modificaron la táctica utilizada hasta entonces (silencio ante las crecientes denuncias sobre mal manejo de los dineros públicos) y tomaron una decisión: judicializar al periodismo.
Casi en la lona y semiabandonados por los tres líderes del gobernante Frente Amplio (el presidente Tabaré Vázquez, el expresidente José Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astori), jerarcas gubernamentales comprometidos en investigaciones judiciales serias iniciaron un proceso de presentación de demandas contra medios y periodistas, en un aparente intento por cambiar la pisada. “Perdidos por perdidos, vamos a pelear y este es el mensaje”, parecen haber pensado.
Curiosamente, en una demanda por “difamación” e “injurias”, Coya y sus abogados enchastran sin piedad al periodista involucrado: lo acusan de mentiroso, malintencionado, tergiversador, carente de rigor periodístico y de profesionalismo, falsario y ligero. Si el periodista resolviera presentar una contrademanda por “difamación” e “injurias” contra Coya y sus abogados, estaría en todo su derecho.
No es casualidad alguna que Coya esté ahora “en pase en comisión” asesorando al senador Leonardo De León, uno de los principales escuderos del vicepresidente Sendic.
La pauta la dio el propio Sendic cuando salió al ataque en una entrevista que publicó la revista Caras y Caretas el 30 de junio.
El vicepresidente dijo allí que Sendic. La carrera del hijo pródigo, un libro de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero donde se denuncian graves irregularidades en que habrían incurrido Sendic y su entorno, fue “la gota que colmó el vaso”.
“Hace mucho tiempo que vengo soportando una campaña feroz contra mí y no me callo más. En Uruguay se ha instalado un relato en determinados sectores del periodismo que busca liquidar la honorabilidad de las personas sin tener el mínimo sustento de nada. (…) Es un estilo de periodismo que hace permanentemente acusaciones con afirmaciones que atribuyen a fuentes que nunca aparecen o supuestos que nunca se confirman con base en sospechas personales, supuestas coincidencias intrascendentes o sospechas de hechos que parecen irregulares, pero que nunca se confirman y buscan liquidar a una persona política”, opinó Sendic.
Agregó que Madrid y Ruggiero tienen “una forma de actuar despreciable” y que su “estilo” es “fundar sospechas, decir medias verdades, generar rumores (y) horadar la honorabilidad de la gente”.
“Ellas —anunció— van a tener que llevar sus dudas y sobre todo sus pruebas a la Justicia penal y a la Justicia civil. Van a tener que responder con su patrimonio. No se puede jugar así con la gente. No se puede seguir difamando impunemente sin hacerse cargo ante la Justicia. Van a tener que responder ellas y la Editorial Planeta”.
Sendic confió su método para “defender la libertad de prensa”. El método cubano, en pocas palabras. “Hay que tener una prensa que se responsabilice de las cosas que dice. Y que se responsabilice penalmente y civilmente en este caso”, advirtió.
Por cierto, Sendic no olvidó en su diatriba meter a todos los periodistas que él considera intocables en la consabida conspiración internacional que no puede faltar en la cartera de una revolucionaria o en el bolsillo de un revolucionario como él. “Son operaciones que no se crean acá, sino en Atlanta (Estados Unidos), y que está bien establecido. Se usa un sector de la prensa, a veces un sector de la Justicia y de partidos políticos para manipular la opinión pública con el fin de desestabilizar a otros sectores políticos”, sentenció el vicepresidente.
Para no ahorrar en pequeñeces, Sendic se comparó con la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff, sobre quien, dijo, “cayó con estas operaciones”, con la expresidenta argentina Cristina Kirchner, a quien —afirmó— no se le ha encontrado “nada” en contra, y con el expresidente paraguayo Fernando Lugo. Todos (y Sendic también) están en problemas debido al “plan Atlanta”. Por más que se comprenda la desesperación cuando alguien está tan contra las cuerdas (si renuncia a la vicepresidencia, aumenta la posibilidad de que vaya preso), algún amigo debería recordarle que es muy difícil volver del ridículo.
Otra que decidió recurrir a la denuncia penal contra un periodista fue la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz. Muñiz no integra el entorno del vicepresidente, pero su partido (el Comunista) lo respalda a capa y espada. Ella también “se ofendió” ante una columna crítica del periodista de El Observador Gabriel Pereyra y le encajó una demanda por “difamación” e “injurias”. Luego de una rápida audiencia judicial, el periodista no se retractó de lo escrito, pero Muñiz sintió que su honor estaba a salvo.
Incluso las denuncias están redactadas con bastante inteligencia. Particularmente, la última de Coya. Allí, los abogados transcriben una frase de Danilo Arbilla, exdirector de Búsqueda y referente ineludible a nivel nacional e internacional sobre libertad de prensa. “Los periodistas no deben olvidar que ni ellos ni la prensa son jueces o fiscales; que los jueces deben cumplir con su tarea, que es ardua, delicada y requiere estudio, sin presiones de ningún tipo, y que deben hacerlo con la serenidad que garantice la equidad a que todos aspiramos. Tampoco pueden ignorar los periodistas que, junto a ese sagrado derecho a la información de la sociedad, está en juego el derecho de los ciudadanos sometidos a los tribunales a que se los presuma inocentes mientras no sean condenados por la Justicia. Por esa razón, es preciso cuidar su buen nombre, a lo que tienen legítimo derecho como ciudadanos miembros de la sociedad, como contribuyentes y, por sobre todo, como personas humanas”.
Arbilla escribió esto en el libro La libertad de prensa en la jurisprudencia uruguaya. No menos cierto es que el mismo Arbilla, que fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha dicho y escrito en centenares de conferencias y artículos, que los funcionarios gubernamentales, cuando se postulan para que los ciudadanos les transfieran transitoriamente la gestión de sus bienes, como contrapartida quedan comprometidos en una suerte de pacto con quienes les delegaron esa facultad a dar cuenta diaria de cómo manejan esos asuntos. Eso significa ser transparente e informar. Y la función de la prensa es informar precisamente sobre eso. Porque los bienes y recursos estatales no pertenecen a los funcionarios, quienes, por tanto, deben aceptar que están sujetos al mayor escrutinio público y a las críticas que sobre su conducta se les formulan desde la sociedad. Esto, que es fundamental y se lo he escuchado mil veces a Arbilla en su constante trajinar en defensa de la libre expresión, no aparece en el escrito judicial.
Las señales son complicadas. Parece haberse abierto una temporada de caza contra periodistas. Sin embargo, algo hay en el ambiente político que permite manejar otras conclusiones menos lineales.
Por ejemplo: ¿qué tienen en común las demandas contra periodistas concretadas o anunciadas? Que han sido presentadas por altos jerarcas que deberán comparecer ante la Justicia a declarar por denuncias muy serias sobre sus respectivas gestiones al frente de organismos estatales de gran relevancia.
Más que la defensa del honor, da la impresión de que el metamensaje que contienen estas denuncias contra periodistas es, por un lado, procurar la intimidación de otros reporteros y medios para que se abstengan de informar sobre lo que a estos funcionarios no les agrada que se difunda (o sea, buscar la autocensura) y, por otro, instalar un clima enrarecido para que los jueces que tendrán que actuar en los casos importantes sepan que la mano viene de guerra.
