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La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), liderada entonces por Ricardo Gil, casi no demoró en actuar de oficio. El 8 de junio del 2017 Búsqueda informó que el entonces vicepresidente Raúl Sendic había usado la tarjeta corporativa de Ancap para compras personales. Doce días después de la publicación, la denominada “junta anticorrupción” envió el primer pedido de información a la petrolera estatal y para el 20 de setiembre de ese año, tras una investigación que incluyó más solicitudes y preguntas al involucrado, ya tenía un dictamen lapidario y público. Sendic había renunciado apenas días antes.
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Igual o tan rápidas fueron las investigaciones sobre la conducta de los entonces intendentes blancos Agustín Bascou (Soriano), Pablo Caram (Artigas), Carlos Moreira (Colonia) y el senador frenteamplista Leonardo de León. Las resoluciones, publicadas en su momento, también fueron duras.
Consultada por Búsqueda, la presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, quien asumió en febrero, dijo que tiene como objetivo que, para diciembre de este año, todos los expedientes sobre denuncias “estén en movimiento”. Añadió que el directorio ha tratado algunos casos como el de Sartori, sobre el que recibió nueva documentación sobre presuntas irregularidades en su declaración jurada y las derivó a su asesoría letrada.
Di Longo sostuvo que buena parte de su esfuerzo en los últimos meses se concentró en elaborar los reglamentos que rigen los procesos de denuncias y el análisis de las declaraciones juradas que recibe la junta. El objetivo, añadió, es dar garantías, reglas y procedimientos claros, para evitar que en un futuro una resolución de la Jutep pueda ser anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado donde se discute el proyecto de Rendición de Cuentas, el 30 de agosto, Di Longo dijo que el organismo que preside carece de los recursos necesarios para desarrollar las tareas que le exige la ley. Desde 2020 la junta tiene que publicar una versión de declaraciones juradas de bienes e ingresos que recibe de jerarcas, y abrir y analizar el 5% que tiene en su bóveda.
Di Longo contó que en 2015 había 17 funcionarios, pero que ahora son solo 11 y que ninguno está capacitado para analizar en profundidad las declaraciones y detectar riesgos. En caso de que haya un “elefante blanco” en la bóveda de la junta, ejemplificó, quizás no podrían identificarlo. “Si políticamente lo que se pretende es que la Jutep cumpla con sus funciones, se le debe dar capacidad de gestión”, concluyó.
Varios senadores del Frente Amplio cuestionaron que la junta no cubrió los cargos que le habilitaron en la Ley de Presupuesto aprobada en 2020 y en las rendiciones de cuentas posteriores. Silvana Nane, además, apunto que “de siete objetivos estratégicos” que la Jutep debía alcanzar, “cumplió tres, cumplió parcialmente uno y no cumplió tres”.
En diálogo con Búsqueda, el exjerarca respaldó el pedido de más presupuesto para la junta. “Es cierto que tiene poco personal y falta apoyo”, pero esa no es la única explicación para la falta de resultados, añadió.
Hay “un problema grave de gestión” en la actual administración, opinó. Recordó que a la Jutep le crearon un cargo administrativo en 2020 que nunca fue llenado, mientras que en 2021 la habilitaron a cubrir vacantes, cosa que tampoco hizo. Además, el año pasado el Parlamento creó cuatro cargos nuevos y no los cubrieron. Según los datos analizados por el exjerarca, en 2022 no gastó $ 10 millones de su presupuesto, un problema de ejecución que se produjo en años anteriores.
