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    viernes 14 de junio de 2024

    La “junta anticorrupción” tiene varios expedientes con denuncias sobre políticos que registran escasos avances, mientras aumentan las discrepancias entre sus autoridades

    La mayoría oficialista de la Jutep cuestionó a Carolina Cosse por el mural en homenaje al expresidente Vázquez, pese a que jurídica sugería archivar el caso; denuncias sobre el exministro Cardoso, el diputado Peña y el intendente Mario García llevan casi un año sin resolución

    La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ganó una notoriedad pública inusitada durante el gobierno anterior. A impulso de su presidente Ricardo Gil Iribarne, el máximo organismo de combate a la corrupción asumió investigaciones de oficio de alto perfil y emitió dictámenes lapidarios, por unanimidad, contra políticos de primera línea como Raúl Sendic. Incluso chocó con el entonces mandatario Tabaré Vázquez por su crítica a la contratación de su consuegro como chofer de la Presidencia. Ahora la situación del organismo parece distinta.

    Con más potestades para controlar a los jerarcas públicos, el principal órgano anticorrupción tiene dificultades para investigar las denuncias que recibe y no ha cumplido con la tarea prevista por la ley de analizar las declaraciones juradas de jerarcas de primera línea que difunde en su web, en parte por falta de personal especializado.

    Entre enero del 2020 y julio del 2022 la Jutep recibió 145 denuncias de todo tipo, desde acusaciones de destrato en una oficina pública hasta concursos presuntamente amañados, nepotismo y posibles omisiones en las declaraciones presentadas por políticos. La junta concluyó el estudio de poco más de la mitad (78), en algunos casos archivando la denuncia o derivándola al organismo donde ocurrió la presunta irregularidad para que la analice, mientras que varios temas más complejos que involucran a políticos siguen sin resolución.

    Las autoridades han votado divididas o marcando discrepancias en expedientes. La mayoría oficialista, compuesta por su presidenta Susana Signorino (Cabildo Abierto) y Guillermo Ortiz (Partido Nacional), impuso su posición en un par de ocasiones, entre ellas, cuando la Jutep aprobó una resolución en la que cuestionó el mural en homenaje a Tabaré Vázquez pintado en el Cementerio del Cerro y la presencia en el acto de la intendenta Carolina Cosse. La decisión fue tomada pese a que la asesoría jurídica no encontró conductas reprochables y sugirió archivar el caso.

    La información surge del análisis de decenas de expedientes, resoluciones, actas del directorio y otros datos que obtuvo Búsqueda mediante pedidos de acceso a la información.

    Juan Sartori durante la votación de la LUC en la Cámara de Senadores. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Sin capacidad técnica

    La campaña electoral del 2019 estaba en proceso cuando el Parlamento aprobó por unanimidad una ley que daba más potestades a la Jutep. El objetivo declarado era fortalecer el combate a la corrupción, para lo cual se permitiría al organismo aumentar los controles sobre las declaraciones juradas que presentan los políticos que ocupan cargos de primera línea y hasta difundir un resumen de su contenido para que la ciudadanía pudiera colaborar con ese esfuerzo. El sistema, en marcha desde el 1° de marzo del 2020, parece lejos de funcionar como estaba previsto.

    Una vez aprobada, la norma debía reglamentarse y, entre otras cosas, fijar un mecanismo claro de cómo analizar las declaraciones juradas que se abren. Todavía no hay decreto reglamentario y el organismo dice no tener peritos capacitados para llevar adelante la tarea.

    Las investigaciones abiertas por la Jutep por presuntas irregularidades en las declaraciones juradas tienen origen en denuncias y no en un análisis propio. La que ahora desarrolla el organismo sobre el senador Juan Sartori, por ejemplo, comenzó en julio del 2021 cuando alguien presentó una denuncia porque el exprecandidato a la presidencia blanco no declaró ingresos ni los bienes de su esposa.

    La “junta anticorrupción” todavía no había establecido “una metodología de análisis de las declaraciones juradas, por escasez de recursos humanos, donde se necesita un técnico especializado en evaluación de riesgos”, según explicó la asesoría jurídica en un informe incluido en el expediente Sartori.

    Más de un año después de la denuncia inicial, y más de dos desde que presentó el primer documento incompleto, el tema de Sartori sigue abierto. El político y empresario pidió en octubre del 2021 pasado una prórroga para dar la información complementaria. En noviembre fundamentó su negativa a dar datos de su esposa con base en que tenían separación de bienes y el matrimonio nunca había sido legalizado en Uruguay. Meses más tarde, en abril último, la Jutep resolvió iniciar una investigación formal sobre Sartori, quien después anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad para derribar el artículo de la “ley cristal”, que obliga a dar información sobre los cónyuges.

    Sartori estaba citado para declarar en la Jutep la semana pasada, pero pidió una prórroga. Además, cuestionó en un escrito la actuación del organismo, al que acusó de violar el “debido proceso” en el trámite de su situación.

    El que sí irá a declarar en estos días es el senador Óscar Andrade (Partido Comunista). La Jutep recibió en agosto del 2021 tres denuncias, dos anónimas y una de la bancada del Partido Colorado, días después de que el programa Santo y seña informara que el legislador construyó su casa en San Luis sin registrarla en el Banco de Previsión Social (BPS) y mantenía una deuda con la Intendencia de Canelones. Esa información no estaba incluida en su declaración jurada.

    A solicitud de la Jutep, Andrade presentó información sobre la deuda con Canelones y explicó que el trámite ante BPS no había terminado, por lo que no tenía una “resolución de regularización” para entregar.

    El BPS, por su parte, respondió a la Jutep que no podía brindarle los datos porque era información “confidencial” y amparada en el “secreto tributario”.

    La de Andrade “puede ser una falta grave porque en una instancia primigenia se realizó una declaración jurada” que era “discordante con la realidad y en la declaración complementaria aún faltan datos de su pasivo patrimonial consecuencia de la irregularidad denunciada”, dice un informe, fechado en diciembre, de la Asesoría Letrada de la Jutep.

    La “junta anticorrupción” tiene otro expediente, que cumple casi un año sin resolverse, vinculado a posibles omisiones de un legislador. El organismo recibió en noviembre del 2021 una denuncia para que investigue el “presunto ocultamiento de ingresos o bienes que se hubieren incorporado al patrimonio” del único diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. Para fundamentarla, el denunciante se basó en que la declaración jurada del legislador, presentada en febrero del 2019, incluye dos propiedades que en su conjunto valían menos de US$ 300.000 y unos ingresos que no justificarían el inmueble que tiene en Punta Ballena.

    Según cálculos del denunciante, la casa valdría más de US$ 1 millón y los ingresos que tenía el legislador en 2019 “razonablemente no podrían financiar una obra ni la adquisición de un terreno —ni el tipo de vida acorde— emergentes de la localización” de la casa. Sugería a la Jutep que pida información a la Dirección General Impositiva (DGI) y al BPS para corroborar o no sus sospechas.

    La Asesoría Jurídica del Directorio de la Jutep elevó un informe en diciembre sobre la denuncia en el que recordó que la Ley 19.797, que fijó la publicación obligatoria de las declaraciones juradas de jerarcas y legisladores, todavía no estaba reglamentada y que el organismo “carece del personal técnico que lleve a cabo la tarea de clasificación y evaluación de riesgo” para definir cómo investigar. Y agregó: “La denuncia recibida es una secuencia de conjeturas y razonamientos del denunciante, que eventualmente podrían ser de recibo”. La abogada planteó a las autoridades que tenían la “discrecionalidad” de analizar si la conducta del diputado era pasible de investigar.

    El Directorio de la Jutep pidió un informe complementario sobre el caso en febrero del 2022. En el expediente no hay nuevos movimientos desde entonces. (Peña entregó otra declaración en 2021, publicada en la web dos meses atrás, en la que se incluye información actualizada sobre su patrimonio, aunque no es claro si zanja la discusión, según las consultas de Búsqueda).

    Katoen Natie, puerto de Montevideo. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

    El mural

    Durante la gestión de Gil Iribarne hubo cruces internos, en particular cuando el entonces vicepresidente del organismo Daniel Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez archivaron una investigación sobre el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. Sin embargo, los choques entre oficialismo y oposición en la Jutep, ahora, son más habituales.

    Al comienzo de la nueva administración en la Jutep las resoluciones, incluso las más polémicas, salieron por unanimidad. Eso hasta que en setiembre del 2021 el organismo aprobó una auditoría que cuestionaba la legalidad de la construcción del Antel Arena y el Frente Amplio le exigió la renuncia a su representante, Jorge Castro (Partido Comunista).

    Las diferencias quedaron expuestas cuando la Jutep analizó una denuncia contra la intendenta Cosse por el mural en homenaje Vázquez que fue pintado en un muro del Cementerio del Cerro. La jerarca asistió a la presentación y lo compartió en sus redes sociales, y el denunciante sostenía que se había violado el Digesto Municipal porque lo ocurrido no habría tenido aprobación de la Junta Departamental de Montevideo.

    La Jutep envió un oficio a la intendencia y a la junta departamental para tener detalles del caso. Antes de recibir la respuesta, el 31 de agosto del 2021, todavía con Castro en el directorio, la Jutep aprobó por unanimidad un dictamen en el que dice que si bien “no existen desde el punto de vista legal reparos” a la presencia de Cosse en la actividad, le recordaba que el Código de Ética de la Función Pública demanda que el funcionario actúe con “probidad”.

    Dos semanas después de esa resolución, la intendencia envió información y el expediente avanzó.

    La Jutep, ya sin Castro, pidió más información a la intendencia capitalina. Después de recibirla, la asesora jurídica elaboró, el 24 de febrero, un nuevo documento en el que concluye que “la realización del mural no encuadra en la prohibición que establece el Digesto Municipal por no considerarse un acto de publicidad o propaganda”. Agrega que “si el directorio comparte lo expresado, se sugiere el archivo del expediente”.

    El expediente subió a la Secretaría Técnica de la Jutep, pero después volvió a jurídica sin otro movimiento. El 27 de abril la asesora letrada escribió otro informe casi igual al anterior, aunque en el apartado de las conclusiones sumó un párrafo. Repetía la conclusión inicial de que lo sucedido no violaba las normas, pero el párrafo nuevo afirma: “Desde el punto de vista ético, pueden existir reparos, por entender que el mural del expresidente se realiza en el lugar donde se honra a aquellas personas que ya no están presentes, y si bien para quienes lo realizaron se trata de un homenaje, en el entendido de ‘demostración pública de admiración y respeto hacia una persona’, tiene evidentes connotaciones políticas”.

    Aun con esa redacción añadida, la asesora reiteraba su sugerencia de archivar las actuaciones.

    El Directorio de la Jutep adoptó una resolución el 28 de abril a partir del primer dictamen, porque el segundo se traspapeló, según consta en el expediente.

    La mayoría del directorio concluyó que la conducta de Cosse fue “cuestionable”, porque “hay que ser y parecer”. Argumentó que si bien el mural de Vázquez no violaba la prohibición de fijar “publicidad y propaganda en espacios públicos” en sentido estricto, “en sentido amplio podría concluirse que se trata de una propaganda de carácter político, realizada de tal manera que ‘afecta el espacio público’, nada menos que un cementerio, ambiente público que implica en sí mismo un lugar de recogimiento, donde descansan los restos de miles de uruguayos”.

    La resolución de la Jutep también dice que la intendenta podría haber violado la “ley de faltas”, aunque la eventual inconducta había prescripto. “Si bien podría o no haber sido la ingeniera Cosse quien dispuso que se realizara el mural”, lo avaló, “lo difundió y no dispuso en ningún momento que se devolviera al cementerio su apariencia original, incluso podría haber correspondido realizar una denuncia” en la Justicia.

    La vocal Ana Ferraris, quien sustituyó a Castro, dejó constancia de su voto discorde. Discrepó con todos los argumentos de la mayoría, en particular con la sugerencia de que Cosse cometió una falta o un delito por no denunciar a quienes pintaron el mural.

    “Se entiende que resulta absolutamente improcedente y temerario insinuar la idea de que la jerarca departamental pudo haber dispuesto la realización del mural sin que de obrados surja ningún elemento que pudiera avalar tal afirmación”, lo que “podría llegar a configurar una hipótesis de injuria” incluida en el Código Penal.

    Mientras, otro expediente vinculado a Cosse sigue abierto y con voto dividido. En octubre del año pasado alguien denunció la contratación en la Intendencia de Montevideo de excustodios del entonces presidente Vázquez. “Del estudio de la denuncia y de las resoluciones proporcionadas, se observan algunas inconsistencias con respecto a lo previsto por la normativa vigente, en cuanto a la motivación de los actos administrativos”, dice el informe elevado por jurídica al directorio.

    Las autoridades de la junta ordenaron pedirle información a la intendencia, ante lo cual Cosse y su equipo pidieron conocer detalles del expediente y la denuncia. La Jutep se negó porque consideró, por mayoría, que eran actuaciones reservadas. La vocal Ferraris votó en contra de esa decisión porque atentaría contra “el derecho a producir prueba y articular defensa antes de que dicha investigación concluya”.

    En agosto la intendencia envió los expedientes sobre las contrataciones a la Jutep y el tema pasó nuevamente a jurídica.

    Las discrepancias es probable que vuelvan a aparecer cuando se discutan las situaciones de Sartori, Andrade y el dictamen que la Jutep debe elevar a la Justicia sobre el acuerdo del gobierno con Katoen Natie, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo. Está previsto que el directorio se reúna hoy jueves para aprobar el informe que elevará a la fiscalía que investiga la denuncia por presuntas irregularidades en la ampliación de la concesión a la empresa belga en el Puerto de Montevideo.

    Ferraris dejó en actas sus discrepancias en la resolución de una denuncia vinculada a un militar en actividad (ver recuadro). Además, en una entrevista con Desayunos informales, de Canal 12, declaró en junio que no tenía acceso a toda la información necesaria para cumplir su tarea.

    El vicepresidente Ortiz dejó constancia en actas que la acusación era inaceptable y reclamó que Ferraris se retractara. La presidenta se sumó, según el acta del directorio de esa sesión, al planteo de su número dos. Ferraris, sin embargo, la ratificó “en todos sus términos”.

    German Cardoso en Fiscalía, tras su declaracion por la investigacion de presuntas irregularidades durante su gestión en el Ministerio de Turismo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

    Pendientes

    En el Parlamento las autoridades de la Jutep han reclamado mayor presupuesto y funcionarios. Lo pedía Gil Iribarne y ahora también Signorino. La única abogada que tiene el máximo órgano de combate a la corrupción tenía a estudio en su despacho 19 denuncias de todo tipo, a lo que se suman los pedidos de colaboración judicial.

    Uno de los expedientes que está en la asesoría letrada es sobre el exministro y actual diputado Germán Cardoso. En junio del 2021 una investigación penal dejó expuestos pedidos de favores que el entonces secretario de Estado le hacía a un jerarca policial de Maldonado acusado de corrupción.

    La junta no tomó el caso porque no actúa de oficio. El 24 de junio alguien presentó una denuncia por el tema Cardoso y ahí sí se inició un expediente.

    El informe inicial de la asesoría letrada dice que si bien la Fiscalía no acusó a Cardoso de cometer delitos, la Jutep podía analizar el tema por sus implicancias éticas. Relata que el entonces ministro le pidió al jerarca policial que lo ayudara a conseguir el teléfono desde donde un estafador le hizo el “cuento del tío” a su madre. Esa conducta “podría ir en contra de lo establecido en el Código de Ética”, plantea la abogada de la junta, en el entendido de que “los funcionarios públicos evitarán toda conducta que implique el uso indebido del cargo o la intervención en asuntos que puedan beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos”. Al respecto, agrega: “El hecho de solicitar el teléfono desde donde el estafador se comunicó con su madre no es un dato que se pueda obtener fácilmente cuando se trata de una persona ‘común y corriente’, son datos que se protegen en el curso de una investigación y no brindados a solicitud de parte de un ciudadano común”.

    La asesoría letrada también recuerda que Cardoso pidió información al policía sobre una espirometría que le hicieron a un conocido después de un accidente. “Su conducta no fue ajustada a lo reglado para un funcionario público y en función de su cargo”, dice el informe primario.

    El Directorio de la Jutep solicitó a la Fiscalía que proporcione los audios originales recabados como prueba. La respuesta demoró y recién en julio de este año llegaron a la junta. Desde ese momento el expediente sobre Cardoso no se movió.

    La denuncia contra el intendente de Lavalleja, Mario García, por darle una compensación especial a su hermano, presentada en octubre del 2021, también está a estudio de la asesoría letrada, según la información que recibió Búsqueda.

    La misma oficina de la Jutep tiene que elevar un informe al directorio sobre la situación del vicepresidente de Ancap, Diego Durand. Legisladores del Frente Amplio presentaron una denuncia después de que Búsqueda informó que el legislador recibió un pago millonario en una cuenta bancaria en Suiza por su trabajo como abogado del exdueño de Tienda Inglesa.

    La investigación sobre Toma por los viajes oficiales que hizo junto con una funcionaria, reabierto en este período, también está trancado. En este caso, sin embargo, el motivo principal es que Presidencia de la República no respondió a los pedidos de la Jutep para que le entregue información.

    Información Nacional
    2022-10-06T01:04:00