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    La libertad de prensa

    Sr. Director:

    Las conductas de las Dras. Alfaro y Patricia Rodríguez ocupan hoy un lugar prominente en la discusión ciudadana. La gravedad de las decisiones referidas al caso Ignacio Álvarez son inexplicables. Dejo aspectos técnicos, muy debatidos ya. Solo voy a anotar algunos datos que hacen más inexplicables tales decisiones. En nuestro país, existe una rica tradición en torno a la defensa de la libertad de prensa y sostener su valor en nuestra democracia es aceptado unánimemente.

    No obstante, estos hechos sucedieron. Lo que nunca imaginamos posible aconteció y fueron fiscales de variada jerarquía incluyendo la máxima y una juez letrado.

    En 1838, Rivera en su Decreto Nº11 del XI/838 expresó: “La absoluta libertad de opinar y publicar opiniones debe ser un derecho tan sagrado como la libertad y la seguridad de las personas”. Y sigue manifestando que esa expresión libre es el freno a los malos mandatarios.

    Desde los albores de la patria, se defendió la libertad de prensa como un valor que nos era propio, instintivo y constituyente. E inscripto en ese cuadro, la figura necesaria del periodista va transformando su trabajo, desde la libreta con apuntes a la modernidad de las actuales tecnologías.

    El profesor Enrique Véscovi, notable republicano, nos enseñaba en Introducción al Derecho, que por generaciones formó y educó. Nos enseñó al abordar el estudio de la libertad de prensa, manifestando que cuando se cuestiona, discute o desconoce el mismo, estamos en la antesala de un proceso dictatorial.

    Los magistrados intervinientes desconocen tal enseñanza que en años posteriores desarrollaron con mayor extensión y profundidad en los cursos de la Facultad.

    Y en forma paralela, para situarnos mejor en el estado de Derecho y en sus Agentes Operadores, recuerdo un hecho mucho más reciente: la renuncia del catedrático Juan Pablo Cajarville Peluffo. La razón fue su reflexión y experiencia sobre el bajo nivel de los estudiantes que hacía imposible la tarea docente.

    Ni entendían, ni podían explicarse y sentía inútil todo su esfuerzo. ¿Explicará esto las conductas estudiadas?

    A pesar de lo grave de la denuncia del Dr. Cajarville, nada ocurrió en la Facultad de Derecho. Ni la decana de aquellos días asumió responsabilidad alguna, ni intentó plantear alternativa o solución alguna. Se desconoció totalmente lo que tan notable docente e investigador denunciaba. Se limitaron a aceptarla.

    Y que las cosas eran realmente así, lo muestran estos resultados.

    Pero un juez, ante una cuestión de tan delicada naturaleza ¿puede no atender los antecedentes nacionales significativos a la realidad del caso?

    Podrán no recordar hechos por razones de edad, pero no pueden desconocer la Jurisprudencia consagrada en el caso de la “Infidencia”, que tanto significó políticamente al Dr. J. Batlle. El periodista Asteciano que entregó la información al diario BP Color se negó terminantemente a proporcionar cómo llegó al conocimiento de tales hechos. Defendió la reserva, la fuente de información y el secreto profesional ante hechos que anticipaba iban a ocurrir y efectivamente se produjeron. Horas después.

    En estas breves líneas, pretendo colocar en su iter jurídico, acontecimientos que acceden a explicar lo que es nuestra mejor tradición jurídica.

    Estos graves hechos requieren acciones que devuelvan el prestigio y transparencia moral y académica en el accionar de nuestros magistrados. Sobran antecedentes para ello. Y si no nombro ninguno de tales antecesores, es para no propiciar una interpretación sujeta a los valores personales filosóficos o religiosos de los citados, que puedan desviar el centro de la presente discusión.

    Solo para concluir, una atención muy especial al papel y responsabilidad de las facultades de Derecho en la formación de sus egresados. Y el análisis de los sistemas de ingreso y ascensos en las magistraturas.

    Dr. Eduardo Lapenne