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    miércoles 19 de junio de 2024

    La libertad de prensa

    Sr. Director:

    En los últimos días ha recibido media sanción un proyecto de ley que incluye un artículo que, en su primera parte, dispone: “(Del derecho de los ciudadanos). Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.

    Esta disposición me ha resultado difícil de entender por varias razones. Lo primero que me cuesta comprender: los promotores de esta iniciativa pertenecen a un partido cuya representación parlamentaria está en torno al 11%, considerando que hay miembros de ese partido que se han pronunciado en contra del artículo. Legisladores del restante 89%, de todos los partidos, se han manifestado con fuerza en contra de la disposición, señalando que es contraria a la Constitución, al derecho internacional y que resulta muy peligrosa para la libertad de prensa y para el funcionamiento democrático (cosa que comparto plenamente).

    Que haya dos posiciones no me llama la atención, pues es frecuente que ocurra. Lo que me resulta difícil de comprender es cómo partidos que representan el 89% de los escaños parlamentarios fueron derrotados por el 11%. Se dice que es para destrabar otros proyectos, pero esto se parece más a la amnistía que en España impulsó el presidente Sánchez con el único objetivo de poder mantenerse en el poder. No lo entiendo: el fin no siempre justifica los medios.

    Algunos dicen que esperan que el Poder Ejecutivo vete la disposición, pero, entonces, ¿por qué la aprueban?

    La segunda cosa que no entiendo: el propósito de lograr informaciones equilibradas, serias y plurales en cada uno de los canales o estaciones va en la misma línea que la actual “ley de medios” aprobada en el gobierno del presidente Mujica.

    Se buscaba en cada medio la pluralidad, la diversidad y el equilibrio y, por eso, se exigía a los canales proyectos que debían aprobarse previamente por las autoridades, obligaciones a la hora de diseñar sus programaciones que incluyeran producción nacional y extranjera, ficción producida en el país, etc. Esto es con el anunciado propósito de lograr una oferta, en cada canal, variada, plural y equilibrada, no se dudaba en intervenir fuertemente en la programación de todos los canales con costos económicos muy altos para estos.

    Ni en la disposición en estudio ni en la ley de medios se entiende que la seriedad, el equilibrio, la imparcialidad y la pluralidad no se deben buscar dentro de un canal o de una estación, sino que cada canal debe poder moverse libremente. Lo que importa es que en el sistema audiovisual total haya suficiente diversidad y pluralismo y, luego, será el ciudadano (en realidad debe decirse “habitante”) quien decidirá qué estación prefiere, en quién confía, etc. El que elige lo que quiere ver u oír es cada individuo. El sistema debe ser diverso y plural, pero cada estación debe ser libre, salvo pequeñas limitaciones como acotados espacios estatales de bien público.

    Llama la atención que quienes impulsaron la ley de medios en vigor se agravien tanto por esta disposición. Por supuesto que la disposición en análisis es más grave, pero va en la misma línea.

    El tercer aspecto que me resulta incomprensible: según información aparecida en la prensa, se les informó a los legisladores desde el gobierno que esta disposición es un “saludo a la bandera” sin ninguna consecuencia por no existir sanciones para los que incumplan este artículo. Si esta información es correcta, supongo que se habrán basado en el asesoramiento de uno o varios abogados y, en ese caso, debo decir que no puedo compartir la opinión de mis colegas.

    Es cierto que no hay sanciones en el proyecto de ley para esta disposición, pero esto no quita las consecuencias de siempre. La disposición con media sanción incluye un derecho de los ciudadanos y un deber de los “servicios de difusión”. Aunque no haya sanción administrativa, cualquier “ciudadano” que considere que se lesionó su derecho legal por incumplirse esta disposición podrá demandar al medio e incluso a los periodistas por daños y perjuicios.

    Puede ser solo el riesgo de ser demandado o el hecho de que comiencen a acumularse demandas contra un medio o periodista, pero esta disposición conducirá necesariamente a procesos de “autocensura”. Con esta expresión se hace referencia a ciertos hechos, circunstancias, peligros, disposiciones, etc., que normalmente conducen a que los periodistas o los medios para los que trabajan, consciente o inconscientemente, tiendan a autolimitarse, dudar o directamente no difundir cierta información por miedo a las consecuencias posteriores. A nadie le gusta acumular demandas por miles de dólares en su contra, pues implica costos de defensa y siempre cabe el riesgo de que alguna prospere.

    O sea, no entiendo a quien dijo que esta disposición es un saludo a la bandera. Es muy peligrosa y en algunos países del continente se ha usado la denuncia penal y la demanda civil como forma de limitar o “domesticar” a la prensa.

    En definitiva, son muchas las cosas que no entiendo. La inmensa mayoría estamos de acuerdo en que la disposición es contraria a derecho, pero igual obtuvo media sanción. Solo me resta esperar, como ciudadano, que la segunda cámara no la apruebe. Aprobar y esperar el veto luego, en mi humilde opinión, sería malo para el prestigio del Poder Legislativo.

    Martín Risso Ferrand

    Cartas al director
    2024-05-29T22:22:55