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La decadencia de la calidad institucional republicana es tal que es el problema que más debe preocupar a los ciudadanos responsables. Mucho tiene que ver en el surgimiento y consolidación de este problema la crisis de la educación y de los valores en general.
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Sin duda que la solución a este problema llevará mucho tiempo, como muchas vidas y tiempo llevó construirla y consolidarla.
No obstante, existe la posibilidad de hacer llamados de atención que pueden comenzar a revertir el proceso de caída. Entre otros, elevar la calidad de producción legislativa de nuestros mandatarios, cuya gran mayoría nos sorprenden por el simple mal uso del idioma español. Ni siquiera podemos exigirles conocimientos jurídicos no solo porque no los tienen, sino porque ideológicamente consideran la normativa vigente de cualquier rango, incluso constitucional, como un escollo para los “cambios populares”.
Quienes somos profesionales del Derecho y además debemos vivir de nuestro trabajo, todos los días nos enfrentamos a las consecuencias de esa mala praxis legislativa, pero además a las responsabilidades que la misma “carga sobre nuestras espaldas”, sin ningún tipo de defensa o protección a nuestros derechos como simples trabajadores. Se nos cuestiona y difama frente a la sociedad, incluso en discursos de las más altas autoridades, en esta cultura del pobrismo que tanto está empobreciendo (acéptennos la redundancia) como sociedad.
Como profesora del Consejo de Educación Secundaria y directora de un liceo, hemos debido soportar todo tipo de agresiones (incluso físicas), como lo viven todos los profesionales de la educación frente a padres y alumnos que han sido convencidos de que todo tienen que recibir y nada tienen que dar.
Como abogada, vivir el espanto de aberraciones jurídicas consagradas en leyes y decretos, que a pesar de la actitud “serena” de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, están afectando nuestro ordenamiento jurídico.
Como escribana, no solo trabajamos gratuitamente para la Dirección General Impositiva como liquidadores, recaudadores, pagadores, solidariamente responsables de todos los tributos que gravan las transacciones inmobiliarias en nuestro país. Y lo que es más grave, debemos navegar en una realidad jurídica confusa en cuanto al cuándo y al cómo “denunciar sospechas” de lavado de dinero. Esto, que no lo conoce la población, ha traído, incluso a nivel personal, persecuciones de los denunciados, poniendo en riesgo incluso nuestra vida. La razón de las normas que nos obligan: suponemos que por el resentimiento que se manifiesta también por las más altas autoridades nacionales, a quienes nos hemos sacrificado estudiando y aportando a la sociedad mucho más de lo que esas mismas autoridades reconocen. Hay que decir lo que la gente que se mantiene en la ignorancia —a pesar de las posibilidades que el país dio siempre para estudiar— quiere escuchar.
Ahora les tocó a los médicos. No me voy a pronunciar sobre el fondo del asunto en cuanto al aborto, porque hoy el tema es que llama la atención la cantidad de objeciones de conciencia presentadas. Se los acusa de querer cobrar —como si eso fuera cuestionable—. Se ha puesto sobre la mesa otra vez el cuestionamiento al “acto médico”. ¿Por qué se acuerdan las autoridades ahora de esta forma de remuneración que fue muy cuestionada por muchas personas que han ocupado y ocupan lugares de decisión pero se mantiene vigente?
Obviamente yo no soy doctora en Medicina, pero si tuviera que someterme a la nueva ley de despenalización del aborto y la aberración de su decreto reglamentario, haría lo mismo: objeción de conciencia, pura y simplemente. La razón: porque no tendría otra manera de evitar correr serios riesgos de demandas por mala praxis, denuncias penales en general, o simples agresiones por las personas que, producto del populismo, entienden que solo ellos tienen derecho y los demás no, menos si somos profesionales y además integramos la tan sufrida clase media.
En definitiva, hablen menos, estudien más, consulten a los que saben y respeten a los profesionales como a los obreros del Sunca: todos somos iguales ante la ley.
