En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Los adolescentes que cometen un delito y terminan dentro de algunos de los centros del INAU provienen generalmente de barrios pobres, tienen poca educación y son parte de familias en las que tienen varios hermanos. Pero además de este contexto, ya conocido, la mayoría de este tipo de adolescentes no tienen problemas de consumo de drogas y un amplio porcentaje de sus padres tienen trabajo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Estas son algunas conclusiones que forman parte del trabajo realizado por Daniel Díaz, docente ayudante del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El texto, “Vulnerables y culpables - El perfil de los adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil”, fue publicado en el último número de diciembre de la revista “Espacio Abierto” del Centro de Investigación y Estudios Judiciales (Ciej).
Díaz realizó un análisis descriptivo del perfil de los adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil. Para ello tuvo en cuenta los informes técnicos agregados a cada uno de los expedientes judiciales tramitados entre febrero y marzo de 2013. Accedió a 105 informes técnicos de 166 procesos judiciales. El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) tiene una población de adolescentes privados de libertad que ronda las 600 personas.
En el 90% de los casos analizados por Díaz los adolescentes presos tenían entre 15 y 17 años en 2013. El 89% del total eran varones.
Se observa una “marcada concentración” de adolescentes que provienen de zonas que se pueden caracterizar de “bajo nivel socioeconómico”, escribió Díaz. El 64% vienen de lugares como Casavalle, La Teja, Cerro, Cerro Norte, Maroñas, Piedras Blancas, Punta de Rieles y Manga.
“El domicilio en muchos casos se presenta como un dato complejo, en donde la necesidad de ubicar al adolescente en algún contexto en particular esconde una problemática sustantiva, que refiere a la precariedad del domicilio formal como lugar de residencia. Si nos detenemos en el análisis de algunos informes técnicos podemos observar cómo el domicilio se presenta como un lugar precario, sin acceso a los servicios básicos”, dijo Díaz en el trabajo.
Por ejemplo, señaló que un adolescente vivía en un edificio abandonado de Ciudad Vieja sin los servicios esenciales. Otro alternaba su casa con pasar “varios días” viviendo en la calle.
Otras veces el “domicilio se presenta como un lugar en donde los referentes adultos no asumen un rol preponderante”. En esos casos los jóvenes “alternan su niñez y adolescencia entre hogares de amparo de INAU y la calle”, escribió Díaz. En tal sentido, transcribe un informe que señala que un adolescente estaba en situación de abandono debido a que su madre consumía pasta base.
En cuanto al nivel educativo, el 48% de los adolescentes a los que se les inició proceso no ingresaron a ciclo básico, y el 28% no terminaron primaria. “A esto se le debe sumar que si bien un 39% de los jóvenes accedieron a ciclo básico, de la información obtenida surge que mayoritariamente son adolescentes con un importante rezago educativo y que se encuentran cursando primer año de educación secundaria”, se dice en el informe.
Trabajo, drogas.
En la investigación también se analiza la relación con el trabajo. En el caso de los adolescentes, el 40% de los casos estudiados presenta algún antecedente laboral. En la mayoría de los casos refiere a trabajo informal y por un período concreto. La mayoría son “trabajos inestables de baja calificación, vinculados a tareas en la construcción y la pesca. En otros casos, aparecen situaciones vinculadas a tareas de recolección, en compañía de otros integrantes de su familia”, escribió Díaz.
En cuanto al trabajo del núcleo familiar, un alto porcentaje presenta antecedentes laborales (84%). No obstante, aclaró que se trata de trabajo de tipo informal “predominando la desprotección de normas laborales y de seguridad social”.
“Como dato relevante podemos encontrar la presencia de diferentes prestaciones sociales provenientes del Estado (Mides-BPS) que en algunos casos forman parte sustancial del ingreso de estos núcleos familiares”, explicó Díaz.
También analizó el consumo de sustancias psicoactivas. Díaz indicó que hay un “importante porcentaje de adolescentes que no presentan un consumo problemático de sustancias psicoactivas” (47%). El 29% presenta un consumo “definido como no problemático” y el 24% sí lo tiene; de ellos, la gran mayoría consumen pasta base.
“En relación al porcentaje de jóvenes que presenta un consumo problemático, muchas veces el consumo de sustancias da cuenta de un deterioro personal importante a nivel de salud, educación, vínculos familiares, etcétera, derivando en muchos casos en el abandono del hogar. En otras oportunidades, es posible observar cómo el consumo problemático de sustancias forma parte de la situación familiar, en donde sus referentes adultos presentan una problemática similar”, indicó Díaz.
Además, en el 59% de los casos estudiados los adolescentes no tenían antecedentes por otros delitos.
En cuanto a la composición familiar, el 74% de los adolescentes viven en familias integradas por más de tres niños y adolescentes. En el 32% de los casos se trata de hogares monoparentales; en la mayoría, el adulto responsable es la madre del joven. El padre, en tanto, “no aparece como figura capaz de acompañar al joven ni desde un punto de vista económico ni afectivo”.
“Estos datos sugieren, en consonancia con los antecedentes sobre el tema, que nos encontramos frente a jóvenes caracterizados por la vulneración de sus derechos, ya sea desde un punto de vista económico como educativo”, concluyó el investigador.
“La vulneración de los derechos de los jóvenes es un dato constatable en el marco del procedimiento penal juvenil. Es así que estos adolescentes de entre 16 y 17 años de edad, expulsados del sistema educativo, parecerían ser los clientes mayoritarios de la Justicia Penal Juvenil”, agregó.
