La mitad de los montevideanos cree que aumentaron durante la última década los impuestos que pagan los productores del agro

La encuesta fue realizada a fines de 2011, en momentos en que el Parlamento uruguayo se encontraba en pleno debate del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), resistido por esa gremial ruralista y otras entidades del agro, que llamaron a sus afiliados a presentar recursos de inconstitucionalidad en contra de la ley que lo creó, ante la Suprema Corte de Justicia.

“El ICIR está vigente pero su tardía reglamentación determinará que solamente una parte del impuesto efectivamente se recaude en 2012”, explica el informe. Pese a eso y en base a información de las declaraciones juradas presentadas por los productores a la Dicose (Dirección Contralor de Semovientes), Opypa calculó que en el año recién finalizado ese gravamen recaudó U$S 39 millones.

El impuesto al Patrimonio aumentó 31% y la Contribución Inmobiliaria Rural lo hizo 3% y entre los impuestos vinculados a la tierra fue el que recaudó más (U$S 70 millones), menciona el trabajo oficial. Ese tributo grava solamente a las sociedades anónimas con acciones al portador, que si bien están prohibidas por ley, pueden operar en el agro si obtienen una autorización del Poder Ejecutivo.

En el análisis de la carga tributaria sobre la agropecuaria, indica el estudio, se observa que los impuestos a la renta en 2012 aumentarían 21%, como consecuencia de una mayor recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (Irae), gracias a una más alta rentabilidad, la inclusión de nuevos contribuyentes, que aumentaron su facturación, y una menor evasión.

Puntualiza que los ingresos por concepto de pago del Irae aumentaron 100% en el año que acaba de terminar, en comparación con 2011.

La devolución de impuestos indirectos a las exportaciones de productos del campo se incrementarán casi 5%, debido al aumento en dólares de las exportaciones de algunos rubros, básicamente de los lácteos, según Opypa.

Renta y presión.

La estimación de impuestos al agro no considera el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (Irpf) que tributa el propietario de la tierra que arrienda, norma que está vigente desde la reforma tributaria de 2007, aclaró el técnico de Opypa, Adrián Tambler, quien realizó el informe. “Actualmente los campos arrendados son una porción importante de la superficie explotada, especialmente en la lechería y en la agricultura”, aclaró. Indicó además, que “considerando los altos costos de los arrendamientos de tierras, la recaudación del Irpf debería ser importante y seguramente contribuye a elevar la presión fiscal sobre el sector”.

“Esa renta, por más que la paga una persona física, claramente proviene del agro”, consideró. Tambler analizó que “la Dirección General Impositiva no discrimina el origen de las rentas de los arrendamientos, por lo que esta información solamente se podría obtener de ciertos supuestos y probablemente el resultado obtenido sea muy diferente a la realidad”.

En cuanto a los aportes patronales del agro al Banco de Previsión Social, aumentaron 5,2% y sumaron unos U$S 154 millones en 2012, de acuerdo al informe de Opypa.

Por otra parte, el nivel esperado de recaudación del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) para 2012 se estimó en U$S 90,5 millones, lo que representa 3,4% más que en el año anterior. Esa variación no es mayor “porque algunos rubros determinantes, como el sector cárnico, prácticamente facturan lo mismo que en 2011 y otros que incrementaron su facturación, como la agricultura, pagan una tasa de apenas 0,1%”, explica el informe.

Otro impuesto que pagan los ganaderos es el correspondiente a las ventas de animales, que en 2012 habría recaudado cerca de U$S 25 millones, ya que la faena de vacunos fue mayor que el año previo, pero los precios de la hacienda se ajustaron a la baja, según esa dependencia del MGAP.

Ese gravamen se seguirá pagando en los próximos años, pero Opypa ya no lo incluirá en sus estimaciones porque el Poder Ejecutivo resolvió por ley otorgar a los productores pecuarios un crédito fiscal equivalente a ese impuesto pagado a los gobiernos departamentales. Esa ley no fue reglamentada, por lo tanto no se devolvió el dinero a los ganaderos, señala esa oficina.

La presión fiscal en el agro, que surge de dividir la recaudación de impuestos sobre el Producto Bruto Interno sectorial, aumentó a 8% en 2012. Si bien ese porcentaje representa 1,1% más que en 2011, es un nivel similar al año 2001 pero inferior al 9,6% registrado en el 2000, según muestran registros de Opypa.

Al comparar los datos de esos años se observa que al principio de la década la recaudación de impuestos pagados por los productores rurales varió entre U$S 89 millones y U$S 116 millones, en tanto que en 2012 el monto fue de U$S 316 millones.