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La culpa la tiene el chancho. Al senador Pablo Mieres lo sacaron de quicio y los culpables fueron los desubicados inspectores de tránsito que estaban justo en horas y lugar, cuando y donde nunca debieron estar; esto fue por una avenida y en horas tempranas de un día domingo, donde y cuando el señor senador acostumbra a transitar con su automóvil a 30 kph más que la velocidad permitida. Allí y en esa mañana les manifestó a los funcionarios que lo detuvieron: “son unos delincuentes, están robándole la plata a la gente”. Al enterarme de tal actitud por parte del flamante senador de la República, una vez más me sentí perteneciente a la barra de “Los nabos de siempre” (al decir de Tomás Linn), pues cualquiera de los otros “ciudadanos comunes” que osáramos gritar a la cara de un inspector de tránsito algo parecido sabemos que el asunto termina muy mal.
Con pocas palabras: ¡qué tupé!
Fue indignante observar a un parlamentario en esa postura, empeorándola cuando se le observó y escuchó por televisión tratando de justificar lo injustificable a través de la reiteración de sus expresiones e improperios. No resisto ser algo irónico: ¿la inmunidad parlamentaria alcanza también estos terrenos? Pero lo tragicómico del hecho protagonizado ha sido su auto descalificación al destratar vehementemente a funcionarios públicos que —le guste o no— cumplían con sus específicas funciones. En lugar de ello debería pensar en orientar sus energías, capacidades y condiciones intelectuales —al tiempo de controlar su autodominio— hacia el planteo de soluciones para contrarrestar los vicios y equivocados hábitos en los procedimientos administrativos que la gran mayoría reconocemos y sabemos son de muy extensa data.
El señor senador Mieres sabe —¿o debería saber?— que nosotros, los demás ciudadanos, no le hemos otorgado derecho alguno para perder la postura que la investidura le obliga; para insultar, agraviar y descalificar a funcionarios públicos; para violar las reglamentaciones vigentes con pretendida impunidad; para denostar una función pública administrativa por más discrepancias que con ella se tenga y resistencias que la misma genere. El derecho y obligación por mandato ciudadano que tiene el senador es la de —¡qué casualidad!— legislar para una sociedad con el más amplio e integral concepto. Allí, en ese lugar desde el que genera opinión pública le ha instalado la ciudadanía, adonde el común de la gente se dirige a observar, escuchar y tomar referencias.
Por el mismo terreno, y en idéntica dirección y sentido, resultó también irritante leer expresiones de una columna y editorial de un medio de prensa, al que no nombro ni transcribo en consideración al espacio otorgado por el Sr. Director, pero que, con solo poner la referencia al tema en un “buscador” de la web se encuentran varios links que ilustran con detalles “imperdibles” el intento de explicar lo inexplicable, con pretensión —en estos tiempos electorales— de sacarle al referido senador las castañas del fuego a sabiendas de que estas ya estaban achicharradas. Esas insostenibles posiciones excusadoras, tratando de arrimar agua para el molino electoral, no hacen más que ratificar y aumentar el grado de la culpa y continuar generando más descreimiento.
No fui ni soy votante del Frente Amplio y por ello sostengo: no es por esos inexcusables trillos por los que los partidos tradicionales deben tomar para hacer campaña electoral, si es que pretenden mostrar cambios serios y respetables para ganarle elecciones a la izquierda y bajarla del fuerte concepto ciudadano que hoy la sustenta.
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