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Presentada como la “cárcel modelo” de Uruguay en materia de seguridad, la nueva prisión inaugurada a comienzos de año en Punta de Rieles ya registra dos muertes violentas de internos, según datos del Comisionado Parlamentario Penitenciario a los que accedió Búsqueda. Una de las muertes es por homicidio y otra por suicidio, lo que suma un total de 15 muertes violentas en las cárceles uruguayas en lo que va del año.
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La Unidad Nº 1, abierta en enero, es una novedad dentro del sistema penitenciario nacional pues se trata de la primera vez que un privado participa en la construcción y en la gestión de una prisión. Fue realizada mediante licitación internacional en la modalidad de participación público-privada, bajo el régimen de la Ley 18.876. El consorcio —integrado por Teyma, filial uruguaya de la empresa española Abengoa, y Goddard Catering Group— se encarga de todas las actividades diarias de la prisión, menos de la rehabilitación, la seguridad y la salud de los internos, que son responsabilidad del Estado. La cárcel, con capacidad para 1.960 personas, ya tiene cerca de 800 alojadas.
La cárcel de Punta de Rieles es una novedad dentro del sistema penitenciario nacional pues se trata de la primera vez que un privado participa en la construcción y en la gestión de una prisión.
Basada en el modelo penitenciario español, debido a la inversión (US$ 100 millones) y a la cantidad de elementos tecnológicos que incorpora, fue destacada por las autoridades del Ministerio del Interior como “la cárcel más segura de Uruguay”. En abril fue también elogiada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. “Es un establecimiento con muchísima seguridad, construido con las últimas especificaciones de seguridad para que se den las condiciones que permitan que las personas se rehabiliten”, dijo durante una recorrida por el complejo.
Sin embargo, un año atrás el Comisionado Parlamentario Penitenciario advirtió de ciertos peligros en su informe anual al Parlamento. “Todavía no reúne las imprescindibles actividades de rehabilitación, educación e integración para cumplir con lo mandado por las normas internacionales y nacionales”, sostiene el documento.
Consultado por Búsqueda, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, afirmó que las dos muertes han generado una “alarma general” en el sistema por tratarse de una prisión nueva creada para evitar ese tipo de situaciones.
En 2018 ya se han producido 15 fallecimientos violentos en cuatro prisiones de Uruguay: Punta de Rieles, Canelones, Penal de Libertad y Comcar. Del total, nueve son homicidios y seis suicidios. Hubo, además, cuatro muertes por enfermedad o causas naturales. La cifra ya impidió al Ministerio del Interior alcanzar el objetivo que se fijó en la última Rendición de Cuentas de no tener fallecimientos en ninguna de sus unidades para personas privadas de libertad.
En 2018 ya se han producido 15 fallecimientos violentos en cuatro prisiones de Uruguay. Del total, nueve son homicidios y seis suicidios. Hubo, además, cuatro muertes por enfermedad o causas naturales.
En 2017 la meta también era cero, pero hubo un total de 49 fallecimientos y 619 lesiones hospitalizables, lo que implicó que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tuviera un grado de cumplimiento del 50% de su plan estratégico para el año. En 2016 las muertes también fueron 49. El INR tampoco logró alcanzar el porcentaje deseado para internos que realizan actividades laborales y/o educativas: la meta de 2017 era que fueran un 70 por ciento y se llegó solo al 49,88 por ciento. En 2016 el porcentaje había sido del 62,8 por ciento.
En su informe anual, el Comisionado Parlamentario Penitenciario atribuye las muertes violentas a las “muy pobres o nulas actividades socioeducativas” que tienen los prisioneros. “La reiteración de episodios violentos dentro de las cárceles se ha vuelto una constante en los centros con mayores dificultades (menos recursos socioeducativos). El estudio de los casos de muerte en custodia muestra que, si bien a veces la muerte es el resultado de enfrentamientos largamente larvados, son las malas condiciones de reclusión las que disparan la violencia final”.
Para intentar mejorar el estado penitenciario, el lunes 2 el gobierno presentó un proyecto de ley que reorganiza el sistema al descentralizar al INR, que dejará de depender del Ministerio del Interior y se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.
