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Aún preocupa la disyuntiva entre la apertura o cierre de contactos sociales ante la pandemia. Se discute el mejor equilibrio, entre el daño a la salud y a la economía. Por ello no se puede prescindir del test de PCR positivo para Covid-19. De otro modo, la discusión será político-ideológica, sin sustento científico. Se confundirá el confinamiento domiciliario de personas sanas y no contagiantes, con las contagiantes o sospechosas de serlo. De este modo, se llegará a conspirar injustamente contra la libertad de movimientos, la libertad de reunión y de trabajo.
No se debería confundir el confinamiento de un “contagiante” documentado, con una cuarentena obligatoria, preventiva, e indefinida, de una persona sana, presunta portadora del virus. Tampoco sería ético “encarcelar” al interesado, con pretexto de protegerlo de una probable infección. La prevención epidemiológica de “distanciamiento” y “protección” individual no equivale a confinamiento indefinido. Sin hacer test de PCR, esa actitud habilitaría a gobiernos totalitarios y despóticos a que usen la pandemia como instrumento para violar derechos humanos y sociales elementales.
El argumento de proteger al sano mayor de 70 años (como en Argentina) sería hipócrita si esas personas son libradas a su propia suerte, y sin siquiera tenerlas en cuenta para las estadísticas de mortalidad de la pandemia. Según se supo recientemente, ello ocurre también en España y en otros países europeos. En Argentina, llegó al punto de que los familiares de una anciana fallecida sin diagnóstico solicitaron un test de PCR a la ya difunta, en la funeraria. Dicho test fue positivo, luego también para el personal de la funeraria.
Al manipularse las estadísticas de mortalidad, sin contar a los fallecidos en residencias de ancianos, o en sus domicilios, no solo dificulta el control de la pandemia. Sobre todo, implica hacer acepción de personas, y deteriora la calidad de la salud moral-social. Es esa actitud la que llevó al gobierno español a promover concentraciones masivas en toda España el 8M, cuando la pandemia ya se conocía. Cuatro días después, (el 12 de marzo), antes de dispararse exponencialmente los contagios, decretó el “estado de alarma”, con grave restricción de las libertades individuales. En nuestro país, puede ocurrir algo similar, si al tiempo que se reclama “aislamiento” para no concurrir a trabajar, se convocan concentraciones masivas, como la del 1° de mayo, sin tomar los recaudos reclamados para el ámbito laboral.
Retomar la nueva normalidad en el trabajo (como se propuso), incluye el equilibrio de intereses políticos con valores éticos, sustentados en criterios científicos objetivos. El costo-beneficio no permite disociar la salud de la realidad socioeconómica laboral. Por ello, es incompatible promover un confinamiento que impide concurrir a trabajar y al mismo tiempo convocar concentraciones masivas en nombre del trabajo. La “nueva normalidad”, implica que no aumenten los costos en la salud y la economía. La prolongación del confinamiento actual hizo, por ejemplo, que la Sociedad de Cardiología comprobase un descenso del 70% de procedimientos coronarios. Seguir con esta conducta agregaría al problema infeccioso, otros daños biológicos, económicos y sociales… que retroalimentarán la morbimortalidad por otras causas. ¡No repitamos la nefasta experiencia de España!
