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La pandemia hizo notorias “fragilidades” del sistema previsional; hay “urgencia” en revisar aspectos de la gestión del BPS, dice su presidente
imagen de La pandemia hizo notorias “fragilidades” del sistema previsional; hay “urgencia” en revisar aspectos de la gestión del BPS, dice su presidente
El nuevo gobierno había designado a Hugo Odizzio como director ejecutivo en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). De hecho, llegó a asumir el cargo y allí estuvo poco más de 15 días. Cuando se conocieron los primeros casos de Covid-19 en Uruguay, y se detuvo la actividad en muchos rubros y se dispararon las solicitudes de “seguro de paro” que otorga el Banco de Previsión Social (BPS), Odizzio fue convocado para volver a esa institución en la que había trabajado durante 25 años. Esta vez, como presidente del directorio.
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Los problemas de empleo derivados de la crisis sanitaria pusieron al BPS en el centro de la tormenta. Al cierre de marzo registró más de 86.000 solicitudes de seguro de desempleo y abril cerró con algo más de la mitad de esa cifra récord (67.411). Estos picos de pedidos del subsidio son un problema circunstancial para el BPS, dijo Odizzio a Búsqueda. Un factor de preocupación más a largo plazo son los problemas de gestión internos en el instituto, que para el nuevo jerarca es “una urgencia” corregir, aunque no hay que “tomar decisiones apresuradas”. En particular, se refirió a “criterios administrativos y algunas interpretaciones del marco regulador de algunas prestaciones” que no se están aplicando “de manera del todo correcta”. Como ejemplo, Odizzio mencionó los juicios que el BPS pierde, de manera sistemática desde hace más de una década, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Esos recursos derivan del método que el instituto de seguridad social utiliza para calcular el salario sobre el que deben pagarse aportes por relaciones laborales no formales o con subdeclaración. El criterio del BPS para calcular los aportes es el de la nominalización de los salarios: se toma el sueldo líquido que recibió el trabajador y se le suma el monto correspondiente a los aportes. El TCA considera incorrecto asumir que el empleador, en todos los casos, retiene de forma indebida los aportes legales y que el BPS debe reclamar a partir de los aportes que debió haber recibido.
Al perder estos juicios hay un gasto en el que el BPS hace “incurrir a las empresas y a los ciudadanos”, que también perjudica “a la administración”, evaluó Odizzio. El instituto pierde “mucho tiempo” en rehacer todo el proceso tributario y debe pagar “dos veces por hacer el mismo cálculo de deuda”, explicó.
Para el nuevo presidente del BPS, sería pertinente revisar esta regulación, pero “no corresponde plantearlo con la integración actual del directorio”, que se mantiene intacta desde el período de gobierno anterior (con excepción de su propio cargo), porque ellos son los que han “mantenido esta tesis”. Agregó: “Los argumentos deben estar claros para quienes los sostuvieron, pero lo cierto es que la autoridad en materia de derecho administrativo en el ámbito supremo es el TCA, y esa tesis que se viene sosteniendo por el BPS no está siendo respaldada. No hay dos opiniones en esto, el que tiene razón es el TCA”. Cuando quede conformado el nuevo directorio, tras las elecciones de los representantes sociales que se realizarán en 2021, este será un tema a abordar, señaló Odizzio.
El día después
Las oficinas del BPS reabrieron al público el lunes 12 para trámites urgentes y con agenda previa, adoptando varias medidas para prevenir el contagio con el Covid-19 de quienes concurren.
Además de las solicitudes de “seguro de paro” común, el Poder Ejecutivo habilitó un mecanismo especial ante los efectos de la pandemia: para cuando el cese es por menos de un mes y por la mitad de su horario. Esta flexibilidad, que en principio iba a ser por el primer mes de la emergencia sanitaria, se prorrogó en dos ocasiones y aún sigue vigente. Odizzio opinó que se trata de “un instrumento adecuado para mantener las actividades que permanecieron en funcionamiento con un costo razonable en materia del peso salarial”. Consultado sobre la posibilidad de que se vuelva permanente, consideró que “debería ser un instrumento usado con mucha precaución”. Añadió que estas “medidas excepcionales, si se transforman en regla, pueden generar nuevas situaciones de inseguridad laboral”.
Los nuevos subsidios y prestaciones, sumados al aumento de las que ya existían antes del Covid-19, provocan un incremento en el gasto del BPS, que ya tenía un importante déficit. Hoy, jueves 14, el organismo cerrará datos de los primeros días de mayo; esa información será utilizada por el equipo económico para sus proyecciones sobre el costo de las medidas. Odizzio reconoció que la situación de pandemia le causó un “gasto adicional” al BPS, pero que se trata de algo “coyuntural” que “va a durar unos meses”. A esto se suma un descenso en los ingresos, ante una menor actividad y menor recaudación por IVA (siete puntos de ese impuesto al consumo están afectados al organismo).
La reforma
En el mejor de los escenarios que Odizzio imagina, en dos meses llegaría a Uruguay una vacuna contra el Covid-19. Entonces comenzaría un retorno a la actividad y el personal en seguro de paro sería reincorporado. “Pero los problemas del BPS, si se levanta la llave y todo empieza a funcionar igual, están intactos en relación con cómo estaban el 12 de marzo. Los temas a resolver pasan por lo que quiere abordar la reforma (de la seguridad social), que es mirar, en el mediano y largo plazo, con una perspectiva de sustentabilidad financiera y de tener coberturas que respondan a las expectativas de la gente”, dijo el jerarca.
Más allá del coronavirus, uno de los principales desafíos que enfrentará el nuevo Directorio del BPS será el de una reforma previsional. Un proyecto se presentaría al Parlamento a mediados del año que viene, según dijo a Búsqueda el director nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos (Nº 2.066).
Esta reforma ya era considerada algo urgente, según Odizzio, desde antes de la aparición del Covid-19. Se trata de “un proceso que apunta a la estabilidad en el tema de las coberturas sociales, y está pensada en otro horizonte temporal. La pandemia lo que hizo fue enfrentarnos a estas fragilidades”, opinó.
En la ley de urgente consideración que tiene a estudio el Parlamento se prevé algunos pasos previos, como la creación de una comisión de técnicos expertos en seguridad social. La tarea del BPS será recabar información sobre la evolución de algunas variables demográficas, del mercado laboral y los ingresos, entre otras. Estos estudios se vieron aplazados por la llegada del coronavirus, pero, según Odizzio, ya se están “encaminando”.
Acerca del contenido que debería tener el proyecto de reforma, el jerarca no quiso opinar. “El BPS no opina de las normas, las instrumenta”.
