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Transcurridos tres años del gobierno de la coalición, aún no se avizora una política clara y concreta en materia marítima, fluvial y portuaria.
Comencemos con la Administración Nacional de Puertos (ANP), aún sigue siendo juez y parte en un acuerdo poco transparente con la empresa Katoen Natie en cuanto a la prórroga de una concesión que cuenta con múltiples ilegalidades; seguido por dos llamados a licitación desiertos de una terminal pesquera como Puerto Capurro, cuyo costo ascendió a más de 100 millones de dólares y su rentabilidad operativa genera más dudas que certezas.
No se ha desarrollado un Plan Maestro ni a corto ni mediano plazo del Sistema Portuario y, peor aún, de nuestra principal terminal donde ingresa y egresa más del 80% de nuestro comercio exterior, ni que hablar de los puertos del litoral como Salto, Paysandú y Fray Bentos, que para esta administración pasan inadvertidos, excepto Nueva Palmira, que por su ubicación goza de un statu quo muy particular.
Sigamos por las Comisiones Binacionales dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, un hermoso lugar para acomodar políticos amigos y sin presencia técnica de ninguna índole, que generan decisiones poco acertadas como la última licitación para el dragado de mantenimiento del río Uruguay, la cual incluye el dragado de acceso al puerto de Concepción del Uruguay, lo cual está fuera de las potestades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); es como si en futuras licitaciones Uruguay pidiera para dragar el río San Salvador para mejorar el acceso a Dolores (algo fuera de toda realidad y que los argentinos nunca firmarían). Conjuntamente con esto aparecen propuestas de dragar el río Uruguay a 34 pies, cuando claramente quedó demostrado por una consultora independiente que es una idea descabellada que no tiene ningún tipo de sustento económico, ya que no existen las cargas que ameriten esta erogación millonaria para el Estado y no es solamente el dragado porque ello implica que debe haber un mantenimiento adecuado del balizamiento del río Uruguay, que al día de hoy deja mucho que desear.
Continuando con las comisiones, hace unas semanas atrás un delegado de la Comisión del Frente Marítimo expuso en el Parlamento las carencias que tiene Uruguay en cuanto a la investigación científica en nuestra zona económica exclusiva y mar territorial y la total dependencia de la información que nos puedan pasar de buena fe los investigadores argentinos. Tenemos cientos de kilómetros cuadrados para explotar y no contamos con una adecuada flota pesquera que pueda hacerse cargo de comercializar toda esa riqueza, generando fuentes de trabajo e ingresos genuinos para el país.
La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) sigue esperando de la ANP los estudios que avalen la viabilidad del dragado a 14 metros del canal de acceso al puerto de Montevideo; no será hora de dar un salto cuantitativo y negociar un dragado a 15/16, más allá de que ahora no sea redituable hacerlo, pero evita negociar y mendigar metro a metro frente a nuestros pares argentinos y múltiples instancias que llevan mucho tiempo, esfuerzo y erogaciones importantes al Estado en materia de investigación.
Y podríamos seguir con varios ejemplos, como la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que está en un ministerio que vive de espaldas al mar y que ningún ministro en los últimos 40 años le dio la más mínima trascendencia, ya que de lo contrario tendríamos un Plan Pesquero acorde a los tiempos y realidades actuales y no sustentado en un excelente pero obsoleto plan como el de los años 70; no hay una ley de diques y astilleros acorde a las necesidades del país; no existe una marina mercante nacional, porque la ley que la rige es de los años 50 y está fuera de toda realidad; tal vez deberíamos mirar las cosas que hacen bien nuestros vecinos, como es el caso de Brasil y aprobar una ley parecida a la “BR do Mar” que no solo alienta el cabotaje nacional norteño, sino también la inversión extranjera, beneficios para la construcción y la reparación naval y las empresas navieras locales.
Por todo lo expuesto, es obvio que se requiere formular un paquete de leyes, actualizar otras, determinar las estrategias a seguir, coordinar y supervisar todas las acciones para lograr un shock competitivo y un rápido desarrollo y evolución en las diferentes áreas del sector, que apoyen las perspectivas de futuro relacionadas con la gestión de los espacios marítimos, fluviales y portuarios.
En la actualidad es tal la dispersión de competencias en el sector, que implica dualidad de intereses y funciones superpuestas entre múltiples ministerios, entes del Estado, servicios descentralizados, direcciones, etc., todo lo cual demanda la imprescindible necesidad de centralizar todas las actividades en una sola repartición dependiente directamente del Poder Ejecutivo.
A tales efectos, se debería crear una oficina técnica subordinada directamente de Presidencia de la República, a fin de unificar, coordinar y supervisar políticas, objetivos y acciones estratégicas relacionadas con lo marítimo, fluvial y portuario, acorde a la orientación del Poder Ejecutivo y en el marco de la actual estructura orgánica ministerial, entes, servicios descentralizados y otras reparticiones, las cuales se deberían ayornar a un?Estado más eficiente a los tiempos que vivimos.
Para ello no debemos concebir un gran elefante rosado para dar cabida a los amigos de turno, sino crear un pequeño organismo técnico, coordinador y supervisor que con el asesoramiento de varias instituciones que hoy integran la comunidad marítima colabore en los planes estratégicos del Estado en esta materia, porque lamentablemente para la mayoría de los orientales el mar comienza y termina en la playa.
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