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Hay varios datos que permiten interpretar que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) atraviesa un deterioro financiero que compromete su futuro.
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Como ejemplo se puede elegir el déficit mensual que tiene: mientras sus ingresos operativos equivalen a US$ 33 millones, paga US$ 35 millones por jubilaciones, pensiones, subsidios y beneficios. Para paliar la diferencia debe recurrir a sus reservas, pero también están comprometidas. Si se analiza su volumen, surge otro dato significativo que demuestra la situación crítica: se agotan en 2024.
Por eso, tanto las autoridades de la CJPPU como del Poder Ejecutivo entienden que el instituto debe ser reformado de forma urgente, con medidas que rijan desde enero próximo. Pero en eso se está avanzando más lento de lo que las autoridades pretendían. El grupo que formaron la CJPPU, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para analizar las medidas que necesita la caja está en un proceso de “zurcido y bordado” y teniendo negociaciones que “no son fáciles”, dijo a Búsqueda el director de Seguridad Social, Daniel García Zeballos. El jerarca confía en que se progresará más rápido una vez que se llegue a acuerdos.
Durante este año, el Directorio de la CJPPU recurrió a sus servicios técnicos para evaluar el impacto de posibles medidas a incluir en un proyecto de ley que reforme el instituto y el 23 de agosto recibieron el último análisis. En el documento —al que accedió Búsqueda— se llega a una conclusión: “Los resultados obtenidos indican que los cambios planteados no lograrían equilibrar los resultados financieros de la institución, aunque sí bajar el nivel de déficit proyectado a mediano plazo”.
Medidas y escenarios
Las medidas que esta caja paraestatal evalúa —y que requerirán ser avaladas por el Ejecutivo para enviar un proyecto— incluye un aumento de la tasa de aportes de los activos de 16,5% a 19%; una “contribución pecuniaria” de los jubilados —que varía según cuánto cobre, y puede llegar a 8%—; un incremento de la recaudación por los timbres profesionales de 15%; y varios cambios paramétricos. Entre estos últimos, la “ley exprés” —como la denominó la presidenta de la CJPPU, Virginia Romero— incluiría elevar la edad de retiro a 65 años y un aumento de la cantidad de años que se consideran para el sueldo básico jubilatorio. Hoy, para calcular una jubilación la caja considera el promedio de aportes de los tres años finales de actividad y la nueva propuesta pretende llevarlo hasta los últimos 18.
Además, el planteo considera una tasa mínima de reemplazo —el porcentaje en relación con el salario que la persona pasa a cobrar cuando se retira— de 45%; actualmente es de 50%.
Está prevista una transición hasta que se empiecen a aplicar los cambios paramétricos. Los profesionales mayores de 57 años mantendrán los derechos actuales, de aprobarse la ley. Es decir: si lo desean, se podrán retirar con 60 años, su jubilación se calculará a partir del promedio de los tres últimos años y la tasa de reemplazo sería del 50%.
Quienes tienen entre 50 y 57 años ingresarían en la transición. Su tasa de reemplazo sería de 47% y los años para el cálculo de la jubilación y la edad de retiro decrecen a medida que aumenta la edad. Los menores de 50 están incluidos en la “reforma plena”.
La propuesta que el directorio envió a los equipos técnicos incluye cambios en la escala de sueldos fictos. El sistema de aportes de los profesionales no es según lo que facturaron sino con base en un salario ficticio, que se divide en 10 categorías. Cada aportante de la CJPPU cambia de categoría cada tres años, independientemente de si sus ingresos aumentaron o disminuyeron, aunque tienen la posibilidad de establecerse en una.
El planteo de los directores incluye una escala con 15 categorías y cambios cada dos años.
Escenarios
Los técnicos de ese instituto paraestatal calcularon el flujo de fondos a partir de tres escenarios: uno en el que no habría reforma, otro en el que las medidas que presentó el directorio no implican cambios en el “comportamiento” de los afiliados y otro “sensibilizado”. Este último incluye el análisis sobre cómo reaccionarían los afiliados a los cambios que se proponen. Basados en datos históricos, los técnicos consideraron que habría una “caída” en el número de profesionales que declaran ejercicio y “detenciones” en las categorías más bajas de la escala de sueldos fictos.
Si no hay reforma, las reservas de la CJPPU se agotarán entre 2024 y 2025. Los déficits que se proyectan para el período 2026-2031 acumulan US$ 760 millones.
Si se aplican los cambios que propuso el directorio y no se consideran variantes en el “comportamiento”, la reforma permitiría revertir el déficit en 2027.
En el escenario “sensibilizado”, el resultado negativo continuaría aunque sería “de una magnitud menor a la proyectada sin reforma”. Las reservas durarían hasta 2025 y el déficit proyectado para el período 2026-2031 asciende a US$ 273 millones.
Si las medidas se hubieran implementado en 2021 y sin cambios en el “comportamiento”, el patrimonio del instituto se volvería negativo recién en 29 años. Pero bajo el escenario “sensibilizado”, “se perderían 15 años de los ganados con las medidas”. Además, en este último caso los “ingresos nunca superan los egresos” en los años que se consideran para la proyección. Por eso es que los técnicos concluyen que las medidas planteadas “no lograrían equilibrar” los números de la CJPPU.
“Corrida”
Entre los directores no hay consenso sobre las medidas que se propusieron. La representación de los pasivos se expresó en contra y algunos directores por los activos también plantearon sus dudas.
Romero y el vicepresidente Daniel Alza son quienes más defienden la necesidad de estos cambios y tienen el apoyo de los dos directores del Poder Ejecutivo, que, por las órdenes que llegan desde el MTSS, están alineados a los planteos. Esto permite aprobar las decisiones por mayoría.
El director de la CJPPU por los pasivos, Odel Abisab, dijo a Búsqueda que las propuestas son una “injusticia” e implican “un riesgo”. Según él, “pueden generar una corrida (de afiliados) de quién sabe qué magnitud”.
El director sostuvo que con su equipo volvieron a presentar una “paquete de medidas” que ya habían planteado en julio de 2021. Esas propuestas incluyen la solicitud de un “préstamo puente”, la incorporación a la caja de los profesionales que ejercen la profesión de forma dependiente y que el instituto reciba el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) aportado por sus jubilados.
