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Es violento responder al dolor de una familia o un barrio cualquiera con estadísticas. Personalmente lo percibo como nauseabundo y de baja sensibilidad humana, social y ético-política. Lo único que ameritan las víctimas inocentes es presencia, solidaridad organizada y el compromiso radical con la Justicia.
Quien dirige la seguridad en el país asume la responsabilidad institucional de mantener reglas de convivencia pactadas constitucionalmente. Para ello fue designado por la fuerza política a quien la población votó en elecciones libres. Asume por un período acotado la gestión del monopolio de la fuerza, con fines disuasivos, preventivos y represivos.
La coherencia interna del discurso y praxis de citada fuerza de gobierno, es lo que permite potencialmente en el acierto o en el error, operativizar planes, programas y proyectos, evaluar objetivos y metas protegiendo las reglas de juego democrático y la aspiración de paz.
Las dificultades de la actual fuerza de gobierno se manifiestan fundamentalmente donde era previsible —educación y seguridad ciudadana—. Y esto no es producto del azar.
Los valores de la fuerza de gobierno tienen una genealogía muy marcada, por la pluralidad ideológica muchas veces contradictoria y adversaria y el consenso interno como método de unidad de acción. Este consenso, en oportunidades llamado unidad en la diversidad, no puede lograrse a cualquier precio, tiene sus límites y deviene en omisiones graves cuando lleva a la inacción reiterada e inercial.
Considerar durante lustros que la violencia se correlaciona positivamente con mundos de vida excluidos y vulnerables en segmentos enteros de ciudadanos orientales, es de recibo. Sin embargo, ante estructuradas personalidades y biografías en el mundo del delito y la violencia como estilo de vida, lo que debe realizar el poder ejecutivo es ejercer su responsabilidad. La respuesta no puede ser un espacio para seguir discutiendo causas estructurales o contingentes, o demostrar que en los procesos presupuestales se ha actuado y multiplicado recursos —se deben evaluar resultados.
Si la respuesta a la violencia es la educación inclusiva, lo primero a reconocer es nuestra responsabilidad al haber dejado por el camino en estos 15 años a muchas generaciones de muchachos. En el altar de la unidad otros tienen sus responsabilidades, por ello fueron desalojados del gobierno. Seguir dándole largas o cuestionar la ley de mínimos para reclusión de jóvenes infractores graves, terminar con los ciclos de libertad anticipada en reiterantes. Considerar a la pasta base de cocaína —una sustancia más— o no tener cómo demostrar en laboratorio su existencia —sin legislar de forma contundente con su venta minorista o mayorista con penas inexcarcelables– es inaceptable. La actual fuerza de gobierno sigue gravemente omisa institucionalmente en temas como educación y seguridad ciudadana. Ambas agendas complejas, necesariamente políticas de Estado, que superan los períodos electorales y las ambiciones sectoriales.
