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La culpabilidad indebida. La sanción impuesta al señor Comandante en Jefe del Ejército Nacional por el Poder Ejecutivo es improcedente y, principalmente, es injusta. En su pura formulación y en las endebles razones que pretenden sustentarla se demuestra un ánimo de menoscabo hacia el espacio y los derechos que las Fuerzas Armadas tienen en el orden institucional.
No nos extraña que este extremo indeseable se haya consumado. Desde filas gubernamentales hace ya bastante tiempo que hay una clara voluntad de hostigamiento y de provocación hacia la familia militar en su conjunto, trátese de retirados como de activos.
La persecución se cumple en distintos frentes y bajo diferentes excusas y argumentos: sea porque se recrean o inventan litigios de hace cuarenta años o más, que las leyes de la República y los inequívocos pronunciamientos de la voluntad popular laudaron en dirección a la paz; sea porque se expresan superiores razones de orden económico, aduciendo que las Fuerzas Armadas son un gravoso peso para las cuentas del Estado; sea porque la enseñanza que se dicta en los institutos de formación militar producen resultados de alta calificación bien diferenciados de los bajos y lastimosos rendimientos que se dan en los otros órdenes de enseñanza, pero se proponen cambios para eliminar los liceos militares.
Lo cierto es que siempre estamos ante un ataque, un pretendido arrinconamiento, una amenaza, una quita de derechos o una campaña sostenida que busca desprestigiar la profesión militar y confinar a las Fuerzas Armadas a una mínima y vergonzante expresión institucional.
El episodio que ha culminado con esta última andanada de acoso y desprecio es una muestra clara de la mala disposición oficial para manejar los temas relativos a las Fuerzas Armadas. En lugar de apercibir al Ministro, que para defender un imposible proyecto de ley recurrió a la falacia de presentar cifras erróneas para intentar sustentar que aquello que efectivamente producirá daño real en las carreras, incentivos y retiros de los militares resulta en realidad beneficioso, sanciona al Comandante en Jefe del Ejército que, como corresponde a sus deberes de liderazgo funcional, mostró que esas cifras no son las correctas y, por lo tanto, su invocación como todo argumento ante la opinión pública se debía o bien a ignorancia aritmética o bien a la intención de ocultar la verdad.
Lamentamos que el Poder Ejecutivo no tuviera la prudencia de revisar sus propias cuentas antes de apresurarse por este grave camino en el que ha incurrido.
Buscar culpas en los militares para justificar la crisis y la caída estrepitosa de los indicadores económicos y financieros, siendo los funcionarios peores pagos del Estado, es una grosera maniobra que solamente se puede explicar por la supervivencia del encono, del prejuicio ideológico o de la simple y pura falta de ponderación para manejar los superiores intereses de la Nación.
Enviamos al Comandante en Jefe del Ejército nuestro más firme apoyo en esta hora crítica y nuestro resuelto aprecio por la sostenida responsabilidad y dignidad de su conducta, de la que todos nos sentimos bien orgullosos y absolutamente representados.
